Una investigación conjunta de Mongabay Latam y Earth Genome, utilizando inteligencia artificial (IA), ha revelado la alarmante existencia de 67 narcopistas clandestinas en la selva peruana. Estas pistas, ubicadas principalmente en las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco, facilitan el transporte de drogas, generando un impacto devastador en el medio ambiente y las comunidades indígenas.
El uso de la Inteligencia Artificial en la detección de narcopistas
La complejidad del terreno y la inaccesibilidad de ciertas zonas de la Amazonía peruana dificultan la detección de actividades ilegales como el narcotráfico. Ante este desafío, la colaboración entre Mongabay Latam y Earth Genome se valió del poder de la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos satelitales, buscando patrones que indicaran la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas. El entrenamiento del algoritmo incluyó información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP), y el Gobierno Regional de Ucayali, entre otras fuentes. Gracias a ello, se pudo identificar con mayor precisión la extensión y la ubicación de las pistas, obteniendo un mapeo más preciso y eficaz que otros métodos tradicionales.
En solo cuatro meses, la IA analizó imágenes de diversas regiones amazónicas del Perú, identificando 128 posibles pistas clandestinas en total. Sin embargo, los investigadores se centraron en la región formada por Huánuco, Pasco y Ucayali, apodada “el nuevo VRAEM” o “triángulo de la muerte”, debido a la alta concentración de asesinatos de líderes indígenas y a la creciente violencia en el área.
Impacto ambiental y social
La construcción de estas narcopistas causa una deforestación masiva, devastando la Amazonía peruana. La apertura de las 67 narcopistas en el “triángulo de la muerte” implicó la deforestación de al menos 46 kilómetros de bosque, un área equivalente a la distancia entre los balnearios de Pucusana y Asia. Esta deforestación no solo destruye el ecosistema, sino que también pone en grave riesgo la biodiversidad y la vida de los pueblos originarios. La presencia de estas pistas implica una alta probabilidad de aumento de la violencia, amenazas, desplazamientos forzosos y el riesgo constante de muerte a quienes intenten defender su territorio.
Según un mapeo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), desde el inicio de la pandemia, al menos 15 líderes indígenas han sido asesinados en las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali, y al menos 28 más viven bajo constante amenaza. El 64% de la pérdida de bosques en Perú entre 2018 y 2022, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), está directamente relacionada con el narcotráfico.
La ineficacia de las medidas gubernamentales
La rapidez con la que se reabren las pistas después de las intervenciones del gobierno pone en evidencia la impunidad con la que opera el narcotráfico. De acuerdo con el coronel PNP James Tanchiva, en solo una semana las organizaciones criminales pueden restablecer sus operaciones. La falta de una presencia estatal efectiva en estas zonas remotas y vulnerables permite que el narcotráfico se consolide, imponiendo su dominio sobre la tierra y las vidas de las comunidades indígenas. Esta impunidad permite a los narcotraficantes utilizar zonas protegidas, reservas indígenas, y concesiones forestales con total libertad.
Esta situación deja vulnerables a las comunidades indígenas, que se enfrentan a las consecuencias directas de la expansión del narcotráfico. Dos comunidades vecinas yanesha, ubicadas en el límite entre Huánuco y Pasco, se enfrentan a la presencia de 15 pistas cercanas. Además, se han detectado diez narcopistas más dentro de nueve concesiones forestales, áreas que se supone que están dedicadas al aprovechamiento sostenible de los bosques.
El llamado a la acción
La investigación de Mongabay Latam y Earth Genome espera que estos hallazgos impulsen medidas de protección para las comunidades originarias afectadas. Es crucial que las autoridades regionales y nacionales tomen acciones contundentes para combatir la impunidad del narcotráfico y reforzar la presencia del Estado en estas zonas, protegiendo a los líderes indígenas que se encuentran bajo amenaza. Mientras que la Policía Nacional ha mostrado acciones como la identificación de siete pistas ilegales y la planificación para su destrucción, su eficiencia se ve limitada por la accesibilidad al territorio. Para contrarrestar esto, es imperativo que exista cooperación interinstitucional, no solo con el Estado, sino también con las propias comunidades que puedan proveer información para una actuación más efectiva.
El informe destaca la urgencia de abordar esta problemática compleja que va más allá del simple control territorial, extendiéndose a factores socioeconómicos que involucran el abandono estatal, el bajo costo de vida para los productores locales y la alta demanda y precios del producto final en el mercado internacional. Esta conjunción de factores hace que la situación sea particularmente delicada, y requiere la generación de estrategias de combate al narcotráfico que incorporen factores socioeconómicos para la elaboración de soluciones más completas y duraderas.
