El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha generado una nueva polémica al anunciar la subasta pública de un edificio perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta decisión, que afecta a 140 empleados, se enmarca dentro de un plan de ajuste y recorte del gasto público, generando incertidumbre e indignación entre los trabajadores y las organizaciones sindicales.
Detalles de la Subasta
La subasta, según la Resolución 70/2024 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se realizará a través de la plataforma digital SUBAST.AR. El inmueble, ubicado en la calle Ortiz de Ocampo esquina Cerviño Nº 3101/3129/3167, en Palermo, cuenta con una superficie de terreno de 919,10 m² y una superficie cubierta de 3.143,53 m². El valor base de la subasta se fijó en USD 6.378.968.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación realizó la tasación del inmueble, mientras que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos certificó que la propiedad no posee valor patrimonial, lo que permite su desafectación y venta.
El Contexto del Recorte Estatal
La subasta del edificio del INTA se enmarca en un plan más amplio del gobierno para reducir el gasto público y optimizar el uso de los bienes estatales. Se han puesto a la venta 309 inmuebles del Estado, con un objetivo de recaudación de USD 800 millones. El gobierno argumenta que esta medida permitirá reorientar los recursos hacia áreas prioritarias del desarrollo nacional y reducir los costos asociados a propiedades subutilizadas o en mal estado.
Sin embargo, la decisión ha sido criticada por diferentes sectores, quienes la consideran una medida apresurada y que no tiene en cuenta las consecuencias para los empleados ni para el desarrollo científico del país. Algunos especialistas plantean que la venta de inmuebles sin un plan de reubicación y reorganización estratégica podría tener consecuencias negativas a largo plazo para el funcionamiento del Estado.
Incertidumbre para los Empleados del INTA
El edificio alberga a 140 empleados de diversas áreas del INTA, incluyendo la Fundación ArgenINTA, la delegación de INTeA, la Dirección Relaciones Internacionales y la Dirección de Vinculación Tecnológica. Estos empleados enfrentan una situación de incertidumbre con respecto a su futuro laboral, ya que el gobierno no ha ofrecido detalles sobre un plan de reubicación.
Ante esta situación, los trabajadores han expresado su preocupación y han organizado protestas, incluyendo un “abrazo simbólico” al edificio. Sostienen que la venta del inmueble afecta no solo a los empleados, sino también al desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario del país.
“Son terrenos y edificios que llaman ociosos, pero aquí se desarrollan tareas esenciales para el desarrollo del país” – Julieta Boedo, representante de ATE.
Justificaciones del Gobierno y Respuestas Gremiales
El gobierno justifica la venta del edificio argumentando que se busca un uso más eficiente de los bienes del Estado, reduciendo costos de mantenimiento y optimizando el espacio disponible. Se asegura que el INTA será reubicado en un espacio más adecuado a sus necesidades.
Sin embargo, los sindicatos como la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) han cuestionado esta justificación, argumentando que el edificio no está subutilizado y que la venta perjudica el trabajo y los proyectos en desarrollo. Han expresado su intención de iniciar acciones legales para detener la subasta.
La Federación Agraria Argentina también ha manifestado su preocupación por la venta del edificio del INTA, instando al gobierno a garantizar la transparencia y la participación del Consejo Directivo del INTA en las decisiones que afectan al organismo.
Perspectivas Futuras
La subasta del edificio del INTA se presenta como un conflicto con diferentes perspectivas en juego: la necesidad del gobierno de reducir gastos, la incertidumbre laboral para los empleados, y la preocupación por el impacto en el desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario. Los próximos días y semanas serán cruciales para conocer el desenlace de esta situación, tanto en términos de la subasta como de las acciones legales y las negociaciones que pudieran llevarse a cabo entre el gobierno y las organizaciones sindicales.
La situación plantea un debate sobre la eficiencia del gasto público y la necesidad de balancear los objetivos económicos con la protección de las áreas estratégicas del desarrollo nacional. Se espera que el gobierno brinde información clara y precisa sobre el plan de reubicación del INTA y el uso de los fondos obtenidos con la venta del inmueble.
