El gobierno de Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca impulsar las inversiones y la generación de empleo, con medidas que impactan en la reforma laboral, incentivos para pymes y el sector agropecuario. Este proyecto, apodado “mini-RIGI”, busca complementar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) existente, ampliando su alcance para incluir a las pequeñas y medianas empresas.
Incentivos para las Pymes
Uno de los pilares de la propuesta es la simplificación de los trámites burocráticos y la reducción de impuestos para las pymes. El proyecto establece umbrales de inversión para acceder a beneficios, diferenciando entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Estos beneficios incluyen amortización acelerada de bienes de capital, devolución anticipada del IVA y desgravación de derechos de exportación para las PyMEs exportadoras de bienes industriales. Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán cumplir con ciertos requisitos y parámetros establecidos por la ley.
La propuesta busca que las empresas que inviertan, cumplan con las normativas, y generen empleos, tengan un respaldo gubernamental para que puedan seguir creciendo y prosperando en el mercado. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios se diferencian según el tamaño de la empresa. Se espera que esta medida impulsen la creación de nuevas empresas y empleos en el sector industrial argentino.
Reforma Laboral: Modernización y Facilidades
El proyecto incluye un capítulo dedicado a la reforma laboral, incorporando elementos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual había sido parcialmente bloqueado por la Justicia. Esto generará controversia entre los diferentes sectores de la sociedad, ya que la reforma plantea una modernización del sistema de Contrato de Trabajo, y algunas de las propuestas que incluyen modificaciones en la forma de gestionar juicios laborales y el cálculo de indemnizaciones. Es importante recalcar que se excluyen las cuestiones sindicales de estas reformas.
Entre las medidas previstas, se propone un nuevo régimen para el pago de indemnizaciones en cuotas, ajustado por inflación, en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. También se establece un tope a las costas judiciales para limitar los costos adicionales que pueden afectar a las empresas. Esta parte de la ley se encuentra aún bajo debate y se esperan más detalles en el texto final del proyecto.
Otro punto importante a destacar es la inclusión de un bono de crédito fiscal para las empresas que contraten trabajadores del sector público. Esto intenta facilitar una transición hacia el sector privado. Algunos sectores podrían interpretar esta medida como un incentivo a la privatización, en el contexto de las recientes tensiones laborales en este sector.
El Sector Agropecuario: Impulso y Modernización
El proyecto también contempla medidas específicas para el sector agropecuario, incluyendo la postergación de la valuación de hacienda hasta el momento de su venta, lo cual podría generar un alivio en las cargas impositivas. El plan también incluye incentivos a la inversión en tecnologías de riego y protección de cultivos, mediante la amortización acelerada y la devolución anticipada del IVA. Se plantea una reducción del IVA sobre la energía destinada a riego para generar mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos.
Estas iniciativas buscan estimular la modernización del sector agropecuario, mejorando la eficiencia y la productividad. Su impacto en la competitividad de las exportaciones es crucial, especialmente en el contexto de la reciente devaluación.
Algunos analistas sostienen que las medidas propuestas podrían promover la inversión extranjera, atraer capitales y contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre el posible impacto en las relaciones laborales y la distribución de la riqueza.
Reacciones y Perspectivas
El anuncio del proyecto fue bien recibido por la Unión Industrial Argentina (UIA), que lo consideró como un paso importante para mejorar la competitividad de las empresas argentinas. No obstante, sectores empresariales y algunos analistas, plantean la necesidad de que el proyecto se discuta y se apruebe lo antes posible. Los tiempos del Congreso representan un factor determinante para el impacto de esta ley
El debate sobre el “mini-RIGI” promete ser intenso. El impacto de la ley en la economía argentina y en la vida de las pequeñas y medianas empresas será objeto de análisis y debate en los próximos meses. El proyecto está sujeto a cambios y negociaciones en el Congreso. La aprobación del proyecto dependerá de las alianzas políticas y la voluntad del poder ejecutivo, así como del poder legislativo de concretar estas medidas.
