El gobierno de Javier Milei ha generado controversia con dos medidas recientes: la baja de tres asociaciones de defensa del consumidor y la derogación de 43 normas que regulaban el comercio interno. Ambas acciones, llevadas a cabo bajo el argumento de la desregulación económica y la simplificación de trámites, han suscitado debates sobre su impacto en la protección de los consumidores y la estabilidad del mercado.
Baja de Asociaciones de Consumidores
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, dio de baja a tres asociaciones: “Consumidores Argentinos”, “Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago del Estero (ADECSE)” y “Justicia Colectiva”. La justificación oficial se basa en el incumplimiento de la obligación de presentar el Informe de Gestión Anual 2023, tras una intimación formal con plazo de cinco días hábiles.
La falta de presentación de este informe, considerado obligatorio para el mantenimiento del registro nacional, condujo a la baja definitiva de estas organizaciones. La decisión se formalizó mediante las Disposiciones 539, 640 y 641, publicadas en el Boletín Oficial. Esta acción ha generado inquietud en diversos sectores de la sociedad, quienes cuestionan la potencial disminución de la protección al consumidor.
Derogación de Normas de Control Económico
Simultáneamente, el gobierno derogó 43 normas relacionadas con el comercio interno. Estas normas, según el gobierno, permitían al Estado “fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria”. La Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio sustentan esta decisión.
La justificación oficial enfatiza el objetivo de desregular el mercado interno y simplificar trámites burocráticos, con el fin de promover la libre competencia. Entre las normas derogadas se incluyen controles sobre la carne vacuna, productos lácteos, comercios en general, supermercados, servicios de comunicación y farmacias. También se eliminaron requisitos de información para empresas e instituciones educativas. Además, se menciona la derogación de una normativa que, según el gobierno, aumentaba el costo de los neumáticos debido a trámites redundantes en su homologación.
Contexto de Desregulación
Esta batería de medidas se enmarca dentro de una política económica que prioriza la desregulación y la reducción de la intervención estatal en el mercado. El gobierno de Javier Milei ha manifestado reiteradamente su intención de promover la libre competencia y eliminar las trabas burocráticas que, según su perspectiva, limitan el crecimiento económico. La eliminación del programa “Precios Cuidados” y el “SIPRE”, junto a otras 107 derogaciones en comercio exterior, refuerzan esta línea de acción.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas podrían desproteger a los consumidores, dejando el mercado más expuesto a prácticas monopólicas y a la especulación de precios. La eliminación de las regulaciones, sugieren, podría traducirse en un aumento generalizado de los precios, particularmente afectando a sectores más vulnerables de la población.
Debate y consecuencias
El debate se centra en el equilibrio entre la libertad de mercado y la protección del consumidor. Si bien la desregulación puede estimular la innovación y la eficiencia económica, también puede dejar a la población vulnerable a abusos por parte de empresas sin la supervisión adecuada. La baja de las asociaciones de defensa del consumidor, en este contexto, se percibe por algunos como una señal negativa en cuanto al compromiso del gobierno con la protección de los derechos del consumidor.
El impacto a largo plazo de estas medidas aún es incierto. El tiempo determinará si la desregulación contribuye a un mercado más dinámico y competitivo, o si, por el contrario, genera desequilibrio, elevando los precios y poniendo en riesgo los derechos de los consumidores. El seguimiento de la evolución de los precios y del acceso a la justicia para los consumidores será crucial para evaluar el éxito de la estrategia del gobierno.
Análisis Final
Las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei, relacionadas con la desregulación económica y la baja de las asociaciones de consumidores, presentan un panorama complejo. Si bien se justifican en la búsqueda de mayor eficiencia y libertad de mercado, las consecuencias a largo plazo requieren una cuidadosa observación. El balance entre la promoción de la libre competencia y la protección efectiva de los derechos del consumidor será un factor determinante para evaluar la efectividad de esta política económica. Es crucial asegurar que los mecanismos de control y protección al consumidor no queden desatendidos en pos de un libre mercado sin regulación.
