El gobierno de Javier Milei ha anunciado dos decisiones clave en materia energética que marcan el rumbo de su política económica: la privatización del gasoducto Néstor Kirchner, ahora rebautizado como Perito Moreno, y la postergación de la quita total de subsidios a las tarifas de luz y gas hasta mayo de 2025. Ambas medidas han generado un intenso debate público y en esta columna analizaremos sus posibles implicancias.
Privatización del Gasoducto Perito Moreno: ¿Eficiencia o Despojo?
La decisión de privatizar el gasoducto Perito Moreno, obra clave para el transporte de gas desde Vaca Muerta, se enmarca en la política de reducción del Estado impulsada por Milei. El argumento central del gobierno es que la gestión privada será más eficiente y permitirá atraer inversiones para ampliar la capacidad del gasoducto, crucial para aumentar las exportaciones de gas a Brasil.
La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) ya presentó una propuesta para ampliar el gasoducto con una inversión de US$500 millones, lo que permitiría ahorrar US$567 millones anuales en importaciones de combustible. Sin embargo, críticos argumentan que la privatización podría implicar un aumento en las tarifas para los consumidores y una pérdida de control estatal sobre un recurso estratégico.
El gobierno defiende la medida asegurando que la privatización no significa desentenderse del control, sino que se buscará una “tarifa que dé previsibilidad a los empresarios” para fomentar la inversión y la competencia. Se espera que la licitación para la concesión del gasoducto atraiga a varias empresas, lo que en teoría debería beneficiar a los consumidores.
Sin embargo, la experiencia de privatizaciones en otros sectores ha generado dudas sobre si este esquema realmente beneficia al usuario final o solo a las empresas concesionarias. Es crucial que el gobierno garantice transparencia en el proceso de licitación y establezca mecanismos de control para evitar abusos.
Postergan la quita de subsidios: ¿Alivio temporal o problema a futuro?
La decisión de postergar la quita total de subsidios a las tarifas de luz y gas hasta mayo de 2025 responde a la necesidad de mitigar el impacto inflacionario y evitar un aumento abrupto en el costo de vida. Si bien el gobierno había anunciado su intención de eliminar los subsidios, la realidad económica y social obligó a una revisión de los plazos.
La Secretaría de Energía justificó la prórroga argumentando que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos” y que es necesario “avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios”. La medida implica que los usuarios residenciales continuarán pagando hasta el 80% de la tarifa real.
Si bien la postergación brinda un alivio temporal a los hogares, también implica un costo fiscal importante y posterga la necesaria reestructuración del sector energético. Expertos advierten que mantener los subsidios de manera indefinida genera distorsiones en el mercado y desincentiva la inversión en energías renovables.
Además, la quita gradual de subsidios podría ser una estrategia para evitar un shock social ante un eventual aumento drástico de tarifas. La fecha de mayo de 2025 coincide con el fin del primer mandato presidencial de Milei, lo que podría interpretarse como una decisión política para evitar un desgaste electoral.
Sin embargo, también es posible que el gobierno necesite más tiempo para implementar un sistema de tarifas focalizadas que proteja a los sectores más vulnerables. Es fundamental que la postergación se acompañe de un plan concreto para mejorar la eficiencia energética y diversificar la matriz energética.
El desafío de equilibrar la economía con la política
Las decisiones del gobierno de Milei en materia energética reflejan la tensión entre la necesidad de aplicar medidas de ajuste económico y la búsqueda de estabilidad social y política. La privatización del gasoducto y la postergación de la quita de subsidios son dos caras de la misma moneda: la apuesta a la eficiencia económica a largo plazo versus la necesidad de evitar un impacto negativo en el corto plazo.
El éxito de estas medidas dependerá de la capacidad del gobierno para implementarlas con transparencia, generar confianza en el sector privado y asegurar que los beneficios lleguen a todos los sectores de la sociedad. El desafío es enorme, y los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo de la economía argentina.
