La aprobación del Presupuesto 2025 en Argentina se ha convertido en un campo de batalla entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales. Las negociaciones se encuentran en un punto crítico, con presiones políticas y estrategias diversas que podrían definir el futuro económico del país. El oficialismo, liderado por Javier Milei, defiende un presupuesto con déficit cero, mientras que los gobernadores reclaman mayores recursos para sus provincias, generando una tensión que podría paralizar el Congreso.
Estrategias de presión: un juego de poder
Los gobernadores han recurrido a diversas estrategias para presionar al gobierno nacional. Una táctica clave ha sido el boicot a las sesiones legislativas que buscaban tratar temas relacionados con el Presupuesto. El bloqueo, ejecutado con la ayuda de diputados afines, ha impedido que el gobierno avanzará con medidas como el DNU que permitía al Ministro de Economía, Luis Caputo, tomar deuda sin el aval del Parlamento, evidenciando el poder político de los mandatarios provinciales.
En paralelo, los gobernadores han emitido comunicados conjuntos reclamando respeto, diálogo y, sobre todo, el cumplimiento de la ley. Señalan que sus demandas no son una cuestión de mayor discrecionalidad, sino una búsqueda del cumplimiento de obligaciones pendientes, como deudas del Consenso Fiscal del 2017, compensaciones a las cajas previsionales provinciales, coparticipación del impuesto a los combustibles, y la eliminación de cargos jerárquicos de la exAFIP. Estas demandas se enmarcan en la búsqueda de un presupuesto equilibrado que considere la realidad federal del país. Muchos señalan que un déficit cero conllevará una distribución de recursos extremadamente centralizada.
La estrategia de los gobernadores incluye también llevar la presión al Congreso. Se han solicitado reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para discutir los puntos en conflicto. Desde el PRO, específicamente, se suma el reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su asignación presupuestaria, exigiendo que se reconozca como coparticipación federal y no como una simple transferencia directa. Se reclama el reembolso por los fondos que se les retiraron en la administración anterior, y que finalmente se ordenaron devolver por la Corte Suprema.
El gobierno y la defensa del déficit cero
Por su parte, el gobierno se mantiene firme en su posición de lograr un presupuesto con déficit cero. Se considera que la asignación de recursos discrecionales atenta contra las premisas de transparencia y eficacia del gasto público. Las negociaciones se han complicado por la insistencia de las provincias en que la asignación de recursos debe contemplar las leyes ya existentes, que contemplan ciertos tipos de financiamiento y transferencias.
La Casa Rosada no descarta la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto, aunque la estrategia a seguir es prudente, para no dar la impresión de estar cediendo. Se ha planteado como un posibilidad atractiva para los gobernadores llegar a un acuerdo, con la alternativa de continuar con el manejo de fondos del año pasado, lo que permitiría una asignación de recursos mayormente discrecional, a favor de la Nación. Para muchos, esta no es una alternativa aceptable, dado el precedente que puede sentar a la hora de asegurar la cooperación entre Nación y las provincias.
El gobierno está empleando también una estrategia de negociación bilateral, en vez de abordar las demandas de los gobernadores en bloque. Se busca minimizar el poder de negociación de los gobernadores al hablar con cada uno individualmente. Sin embargo, varios gobernadores ya se pronunciaron en conjunto, por lo que la presión sigue existiendo
En este contexto, el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, programa lanzado por el Gobierno para lograr un acuerdo con las provincias que tienen deudas con Nación, sirve como una herramienta para construir puentes, dado que se apunta a resolver temas de financiamiento por fuera de las negociaciones del presupuesto.
El rol de los bloques legislativos y el peronismo
En el Congreso, la situación es compleja. La oposición light (PRO, UCR) está dividida entre aquellos gobernadores que intentan negociar y aquellos que buscan confrontar al gobierno nacional. El peronismo mantiene un perfil bajo, observando la situación sin involucrarse activamente en las negociaciones. Algunos sectores han denunciado recortes presupuestarios para sus provincias, mientras que otros han iniciado acercamientos con el gobierno para destrabar ciertas situaciones y negociar el acceso a fondos.
El intento de sesionar para derogar el DNU de deuda ha sido un claro ejemplo de la confrontación. Aunque no se llegó al quorum, el evento puso de relieve la capacidad de las provincias para obstaculizar el avance legislativo del gobierno. Las ausencias de diputados afines a los gobernadores han sido interpretadas por algunos como una clara advertencia a los legisladores que responden al Presidente. Si bien la estrategia es de negociación, la posibilidad de confrontación está presente.
La influencia de los gobernadores se ha evidenciado en debates anteriores, como la reforma jubilatoria y el financiamiento universitario. Han sido actores clave en la dinámica política, demostrando que tienen el poder para influenciar la aprobación de proyectos legislativos relevantes. Sin su apoyo, el Ejecutivo podría tener una gran dificultad para aprobar el presupuesto
Consecuencias de un posible fracaso
Un fracaso en las negociaciones podría tener consecuencias graves para Argentina. La prórroga del presupuesto del año pasado, o la incapacidad para aprobar un presupuesto nuevo, generarían incertidumbre económica e impedirían una gestión ordenada de los recursos públicos. La falta de un marco presupuestario impactaría negativamente en el cumplimiento de políticas públicas, en las inversiones y en el desarrollo económico del país. Las provincias tendrían dificultad para planificar su actividad administrativa y generar los recursos necesarios para el desarrollo de sus programas.
La falta de un acuerdo también podría exacerbar la tensión política entre el gobierno y las provincias, dificultando aún más la gobernabilidad del país. Se esperaría una mayor confrontación entre Nación y provincias en lo que queda del año.
En resumen, la batalla por el Presupuesto 2025 pone de manifiesto el delicado equilibrio de poder entre el gobierno nacional y las provincias. La resolución del conflicto depende del éxito en las negociaciones que deben hacerse en las próximas semanas, definiendo, de esta manera, el rumbo económico y político del país en un escenario complejo.
