Jairo Henoch Guzmán, presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz y director ejecutivo del PAMI en la provincia, desató una furiosa controversia al publicar la imagen de una bandera LGBT+ envuelta en llamas en sus redes sociales. El acto, considerado por muchos como una incitación al odio y la violencia, avivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el discurso público.
Una provocación incendiaria
La imagen de la bandera LGBT+ ardiendo, acompañada del mensaje “En Argentina solo la celeste y blanca”, fue interpretada como una agresión directa a la comunidad LGBT+ y una muestra de intolerancia. La publicación, rápidamente eliminada tras la ola de críticas, generó un repudio generalizado en redes sociales y en diversos sectores de la sociedad.
Ofelia Fernández, exlegisladora, fue una de las primeras en reaccionar, condenando el acto y señalando la responsabilidad del gobierno de Milei en la proliferación de discursos de odio. La respuesta de Guzmán, cargada de insultos y descalificaciones, solo intensificó la polémica.
El incidente se suma a una serie de episodios que han marcado la gestión de Javier Milei por la presencia de discursos discriminatorios y violentos. La falta de una condena firme por parte del gobierno ha sido interpretada por algunos como una validación tácita de estas actitudes.
Libertad de expresión vs. Incitación al odio
El caso de Henoch Guzmán reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión. Si bien este derecho fundamental garantiza la posibilidad de expresar ideas y opiniones sin censura, no ampara la incitación al odio, la discriminación o la violencia contra grupos minoritarios.
La quema de una bandera, símbolo de la identidad y el orgullo de una comunidad, trasciende la mera expresión de una opinión y se convierte en un acto de hostilidad que puede incitar a la violencia. En este sentido, las palabras de Guzmán no pueden ser amparadas por la libertad de expresión, sino que deben ser consideradas como un ataque directo a la comunidad LGBT+.
Especialistas en derecho constitucional coinciden en que la libertad de expresión no es absoluta y que encuentra sus límites en los derechos de los demás. La incitación a la discriminación y la violencia no está protegida por este derecho y puede ser sancionada por la ley.
Responsabilidad de los funcionarios públicos
El cargo que ocupa Henoch Guzmán como director ejecutivo del PAMI en Santa Cruz agrava la situación. Como funcionario público, tiene una responsabilidad adicional en sus declaraciones y acciones, ya que representa al Estado y debe velar por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
Su comportamiento, lejos de promover la inclusión y el respeto a la diversidad, fomenta la discriminación y la violencia. La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno de Milei ante este tipo de acciones genera preocupación sobre el compromiso del Estado en la protección de los derechos de la comunidad LGBT+.
Organizaciones de derechos humanos han exigido la renuncia de Guzmán y una condena pública por parte del gobierno. Consideran que la permanencia de un funcionario con actitudes discriminatorias en un cargo público envía un mensaje peligroso a la sociedad y normaliza la violencia contra las minorías.
La polémica desatada por el acto de Henoch Guzmán no se limita al ámbito de las redes sociales. Diversos partidos políticos, organizaciones sociales y referentes de la comunidad LGBT+ han expresado su repudio y exigen medidas concretas para prevenir futuros episodios de discriminación e incitación al odio.
El silencio cómplice de Milei
Hasta el momento, Javier Milei no se ha pronunciado sobre el incidente. Su silencio ha sido interpretado por algunos como una muestra de apoyo tácito a las acciones de Guzmán y una confirmación de la postura del gobierno frente a la comunidad LGBT+. Otros, en cambio, consideran que se trata de una estrategia para evitar profundizar la polémica y mantener el foco en la agenda económica.
Independientemente de las razones detrás del silencio de Milei, la falta de una condena pública al acto de Henoch Guzmán deja un vacío que es llenado por la incertidumbre y la preocupación. La comunidad LGBT+ y la sociedad en general esperan una respuesta clara y contundente que reafirme el compromiso del Estado con la igualdad y el respeto a la diversidad.
En un país que ha avanzado en materia de derechos humanos y reconocimiento de la diversidad, la actitud de Henoch Guzmán representa un retroceso peligroso. La quema de la bandera LGBT+ no es solo un acto simbólico, sino una amenaza real a la convivencia pacífica y al respeto a las diferencias.
