La reciente fuga de 17 delincuentes de la Alcaidía 9 de Liniers ha desatado una crisis en la seguridad porteña y ha puesto bajo la lupa la responsabilidad policial en el incidente. La Justicia porteña ha imputado a cinco policías por posible connivencia o negligencia, mientras que la recaptura de Matías Petrarca, considerado el prófugo “más peligroso”, tras una salida nocturna, añade un nuevo capítulo a este caso que conmociona a la opinión pública.
Imputación a cinco policías por posible connivencia o negligencia
La fiscal Lorena San Marco, a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional (FEVIIP), imputó a cinco policías por su presunta participación en la fuga. La acusación se basa en el artículo 281 del Código Penal, que prevé penas de prisión e inhabilitación para funcionarios públicos que faciliten la evasión de detenidos. Aún se desconoce si la imputación se debe a la recepción de coimas o a negligencia en el cumplimiento del deber. Este hecho ha generado una fuerte controversia sobre la integridad y la eficiencia de la fuerza policial porteña.
La investigación busca determinar si existió complicidad policial en la fuga, ya sea por acción u omisión. La falta de información sobre los nombres, rangos y funciones de los policías imputados alimenta las especulaciones y la desconfianza en la transparencia del proceso. La ciudadanía exige respuestas claras y una investigación exhaustiva que determine las responsabilidades y aplique las sanciones correspondientes.
Las autoridades porteñas han reaccionado con rapidez ante la crisis, destituyendo al jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Kisch y Horacio Azzolina, respectivamente. También fueron desplazados Sebastián Vela, responsable civil del Ministerio de Seguridad, y Martín Ochoa, director de Alcaidías. Estas medidas, si bien drásticas, buscan transmitir un mensaje de firmeza y control ante la seguidilla de fugas en las últimas semanas.
Recaptura de Matías Petrarca: la salida nocturna del prófugo “más peligroso”
Matías Petrarca, de 25 años, considerado el prófugo más peligroso debido a su imputación por intento de homicidio agravado, fue recapturado en Villa Lynch por la División Búsqueda de Prófugos de la PFA. Su detención se produjo luego de que se lo viera en una discoteca y publicara al respecto en redes sociales, lo que permitió a los investigadores rastrearlo y detenerlo.
El accionar de Petrarca, quien no solo logró evadir a la justicia sino que también se permitió disfrutar de la vida nocturna, ha generado indignación y preocupación en la sociedad. Este caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los operativos de búsqueda y la necesidad de reforzar la seguridad en las alcaidías para evitar futuras fugas.
La recaptura de Petrarca, junto con la de otros tres prófugos, representa un avance en la investigación, pero aún quedan 13 delincuentes prófugos, incluyendo siete argentinos y seis chilenos, con antecedentes por robos, encubrimiento y tentativa de homicidio. La búsqueda continúa y las autoridades han intensificado los operativos para dar con el paradero de los restantes evadidos.
La crisis de seguridad y la responsabilidad política
La fuga de Liniers y las sucesivas evasiones de detenidos en las últimas semanas han desatado un debate sobre la crisis de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y la responsabilidad política en la gestión de las fuerzas de seguridad. La oposición critica la falta de inversión en infraestructura carcelaria y la ineficiencia en la prevención de fugas, mientras que el gobierno porteño asegura que se están tomando medidas para solucionar el problema.
Más allá de las responsabilidades individuales de los policías imputados, este caso pone de manifiesto la necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario y de seguridad. La falta de recursos, la sobrepoblación carcelaria y la corrupción son algunos de los factores que contribuyen a la ineficacia del sistema y a la vulnerabilidad de las instituciones.
La sociedad exige una respuesta contundente por parte de las autoridades, que incluya no solo la captura de los prófugos y la sanción de los responsables, sino también medidas concretas para prevenir futuras fugas y mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad. El debate sobre la seguridad y la responsabilidad policial se ha instalado en la agenda pública y se espera que las autoridades tomen medidas a la altura de las circunstancias.
La seguridad, un derecho fundamental de todos los ciudadanos, está en juego. La confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana se ve erosionada por este tipo de incidentes. La fuga de Liniers no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema más profundo que requiere soluciones a largo plazo.
Es imperativo que las autoridades asuman la responsabilidad de lo sucedido y tomen medidas concretas para abordar la crisis de seguridad. La imputación de los policías involucrados es un primer paso, pero no es suficiente. Se necesita una investigación exhaustiva que llegue hasta las últimas consecuencias y determine las responsabilidades políticas en este caso.
