El Gobierno de Javier Milei ha asestado un nuevo golpe a lo que considera “intermediarios innecesarios”, esta vez en el sistema de salud. Una reciente resolución elimina la triangulación de los aportes a las prepagas a través de las obras sociales, lo que promete un ahorro significativo para los trabajadores y una mayor transparencia en el sistema. Esta medida, que entrará en vigencia el 31 de enero, ha generado un fuerte debate, con el oficialismo celebrando el fin de un “negocio histórico” y la oposición denunciando un nuevo ataque a las organizaciones sindicales.
Adiós a la triangulación: un cambio radical en el sistema de salud
Hasta ahora, los trabajadores que optaban por una prepaga debían hacerlo a través de una obra social, que actuaba como intermediaria y se quedaba con una comisión. Con la nueva resolución, los aportes irán directamente a la empresa de medicina prepaga elegida, eliminando este paso adicional. Esto significa que más de 1.300.000 personas podrán enviar sus contribuciones de manera directa a su prepaga.
La medida promete simplificar el sistema y generar un ahorro considerable para los afiliados. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, “el sector hoy ya ha recuperado plenamente sus precios históricos”, por lo que la eliminación de la intermediación debería traducirse en una baja en el costo de las primas.
Para los trabajadores cuyos empleadores cubren el total del plan de salud, no habrá cambios perceptibles. Sin embargo, aquellos que pagan la diferencia entre el aporte y el costo del plan, deberían ver una reducción en su cuota mensual. Los monotributistas también se beneficiarán, ya que podrán elegir directamente su prepaga sin necesidad de una obra social como intermediaria.
El fin de un “negocio histórico” y la transparencia del sistema
El ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la medida como el fin de un “negocio histórico” que permitía a las obras sociales quedarse con una parte de los aportes sin ofrecer ningún servicio a cambio. “Estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos por mes”, denunció Lugones, asegurando que la nueva resolución transparenta el sistema y genera un ahorro real para los beneficiarios.
El Gobierno ha señalado que esta medida busca “terminar con los privilegios” y garantizar que cada persona sepa con claridad a dónde van sus aportes. Además, se espera que la mayor competencia entre las prepagas, ahora que reciben los aportes directamente, impulse una mejora en la calidad del servicio.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha identificado varias obras sociales con actividad mínima o irregular que se beneficiaban de este sistema. Entidades como OSCNA (Comisarios Navales), con solo cuatro empleados activos y 161.000 afiliados, o OSSDEB (Serenos de Buques), con ocho trabajadores para 60.000 afiliados, son ejemplos de cómo funcionaba este esquema.
¿Qué deben hacer los trabajadores?
Si un trabajador desea mantener su obra social, tiene 60 días para formalizar su decisión a través del sitio web de la Superintendencia. En ese caso, la obra social elegida será responsable de la cobertura de salud, pero no podrá derivar fondos a una prepaga. Si no se realiza ningún trámite, los aportes se dirigirán automáticamente a la prepaga que presta el servicio.
Esta resolución acelera un mecanismo que ya existía desde febrero de 2024, pero que tuvo poca adhesión. La nueva disposición, Resolución 1/2025, obliga a todos los trabajadores a definirse y se enmarca en la Resolución 3284/24, que busca mayor transparencia y control en el sistema de salud.
ANSES publica en su página web el listado de prepagas que aceptan monotributistas, información crucial para quienes deseen optar por este sistema.
Implicaciones a largo plazo y el debate político
La eliminación de la triangulación en el sistema de salud promete no solo un ahorro inmediato para los usuarios, sino también una mayor competencia entre las prepagas y una mejor asignación de los recursos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el rol de las obras sociales en el futuro y sobre la capacidad del Estado para regular un sistema más descentralizado.
La oposición critica la medida como un ataque a las obras sociales y a los sindicatos que las administran, argumentando que se debilita la solidaridad del sistema y se pone en riesgo la cobertura de salud de los sectores más vulnerables. El debate recién comienza y sus consecuencias se verán a largo plazo.
