Se acerca marzo de 2025 y con él, el fin de la moratoria previsional en Argentina. Una situación que ha encendido las alarmas sobre el futuro del sistema jubilatorio y que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos al borde de una crisis previsional sin precedentes? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla, pero los números pintan un panorama preocupante.
La moratoria: un parche con fecha de vencimiento
Durante años, la moratoria previsional ha sido la tabla de salvación para miles de argentinos que, por diversas razones, no lograron reunir los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Permitió que personas, especialmente mujeres con historiales laborales discontinuos o informales, accedieran a una jubilación digna. Sin embargo, esta solución siempre tuvo un carácter temporal, una especie de parche para un sistema con agujeros cada vez más grandes.
Las cifras son contundentes: nueve de cada diez nuevas jubilaciones se otorgan gracias a la moratoria. Esto significa que sin ella, el grifo de las jubilaciones se cerraría casi por completo, dejando a una enorme cantidad de personas sin la posibilidad de acceder a un ingreso en su vejez. ¿Qué pasará con ellos cuando la moratoria deje de existir?
El trabajo informal: la raíz del problema
Para entender la magnitud del problema, hay que mirar la raíz: la informalidad laboral. En Argentina, un porcentaje significativo de la población trabaja en negro o bajo condiciones precarias, sin acceso a derechos laborales básicos como la jubilación. Este fenómeno, alimentado por décadas de inestabilidad económica y políticas deficientes, ha generado un sistema de dos velocidades: quienes aportan y quienes no, condenando a estos últimos a la incertidumbre en su vejez.
La moratoria, en cierto modo, ocultó esta realidad durante un tiempo. Ahora, su inminente fin la expone con crudeza y nos obliga a enfrentar el problema de fondo. ¿Cómo podemos garantizar un sistema jubilatorio sostenible si una gran parte de la fuerza laboral no realiza aportes?
Las alternativas: entre la PUAM y la nada
Quienes no logren jubilarse con la moratoria tendrán como alternativa la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Sin embargo, esta prestación, equivalente al 80% del haber mínimo, es considerablemente menor a una jubilación completa y solo se otorga a quienes demuestren vulnerabilidad social. Es decir, no solo se recibe menos dinero, sino que también se deben cumplir requisitos adicionales para acceder a ella.
Para muchos, la PUAM no representa una solución real. Implica una reducción drástica en el nivel de vida y perpetúa la desigualdad entre quienes pudieron aportar durante su vida laboral y quienes no. Además, no contempla la pensión por viudez, dejando a las familias en una situación aún más vulnerable.
¿Qué podemos hacer? El desafío de la formalización
La solución de fondo no es prorrogar indefinidamente la moratoria, sino atacar el problema de raíz: la informalidad laboral. Esto requiere un abordaje integral que involucre al Estado, a los empleadores y a los trabajadores. Se necesitan políticas que incentiven la creación de empleo formal, que simplifiquen los trámites para las empresas y que fortalezcan los mecanismos de control para combatir el trabajo en negro.
Además, es fundamental una campaña de concientización sobre la importancia de los aportes jubilatorios. Los trabajadores deben entender que aportar no es solo un requisito legal, sino una inversión en su propio futuro. Un futuro con seguridad económica y tranquilidad en la vejez.
El futuro del sistema previsional argentino está en juego. La finalización de la moratoria es una llamada de atención que no podemos ignorar. Es hora de tomar decisiones audaces y de implementar políticas a largo plazo que garanticen un sistema jubilatorio justo, equitativo y sostenible para todos.
