Se acerca una fecha límite que genera preocupación e incertidumbre en miles de argentinos: el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025. Este beneficio, que permitía a quienes no contaban con los 30 años de aportes necesarios acceder a una jubilación, llega a su fin sin posibilidades de prórroga, dejando a una gran parte de la población adulta mayor en una situación de vulnerabilidad.
La moratoria: una solución temporal a un problema estructural
La moratoria previsional fue implementada como una medida para paliar los efectos de la informalidad laboral y la inestabilidad económica en el acceso a la jubilación. Permitía a las personas que no cumplían con los requisitos de aportes regularizar su situación y acceder a un beneficio previsional. Sin embargo, esta solución, pensada inicialmente como temporal, se extendió por años, convirtiéndose en la principal vía de acceso a la jubilación para muchos argentinos.
Según datos oficiales, nueve de cada diez nuevas jubilaciones se otorgaron a través de la moratoria. Esto evidencia no solo la alta demanda de este beneficio, sino también la profunda crisis que atraviesa el sistema previsional argentino, incapaz de garantizar el acceso a la jubilación a través de los canales regulares.
El impacto del trabajo informal
El trabajo informal, que afecta a un porcentaje significativo de la población económicamente activa, es uno de los principales obstáculos para el acceso a la jubilación. La falta de aportes regulares impide a muchos trabajadores acumular los años necesarios para obtener una jubilación completa, condenándolos a depender de la moratoria o, en el peor de los casos, a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio considerablemente menor.
La PUAM, que se otorga a los 65 años con el 80% del haber mínimo, se presenta como la única alternativa para quienes no logran acceder a una jubilación ordinaria. Sin embargo, este beneficio no solo es inferior en términos económicos, sino que también carece de derechos como la pensión por viudez, dejando a los adultos mayores en una situación de mayor vulnerabilidad.
Consecuencias del fin de la moratoria
Con el fin de la moratoria, se espera que el acceso a la jubilación se restrinja drásticamente. Miles de personas que estaban a punto de cumplir con los requisitos para acceder al beneficio se verán imposibilitadas de hacerlo, lo que generará un aumento en la cantidad de adultos mayores sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Esta situación no solo afectará a los individuos, sino que también tendrá un impacto significativo en la economía del país. La disminución en el número de jubilados y pensionados reducirá el consumo interno y generará una mayor presión sobre el sistema de seguridad social.
Además, la finalización de la moratoria podría agravar la desigualdad de género en el acceso a la jubilación. Según datos oficiales, el 73,5% de las personas que acceden a una jubilación gracias a la moratoria son mujeres, lo que refleja la mayor precariedad laboral que enfrentan a lo largo de su vida.
Desafíos y posibles soluciones
El fin de la moratoria pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas públicas que aborden la problemática del trabajo informal y fortalezcan el sistema previsional. Es fundamental promover la formalización laboral, garantizar la estabilidad en el empleo y generar mecanismos que permitan a los trabajadores acumular aportes de manera consistente a lo largo de su vida.
También es necesario repensar el sistema previsional en su conjunto, buscando alternativas que garanticen el acceso a una jubilación digna para todos los argentinos, independientemente de su trayectoria laboral. Esto podría incluir la implementación de un sistema universal de jubilaciones o la creación de mecanismos de ahorro complementarios que permitan a los trabajadores asegurar su futuro.
El debate sobre el futuro del sistema previsional es urgente y crucial para el bienestar de la sociedad argentina. La finalización de la moratoria es una llamada de atención que no podemos ignorar. Es hora de buscar soluciones que garanticen una vejez digna para todos.
La situación actual exige un análisis profundo y un debate honesto sobre las posibles soluciones. No se trata solo de números y estadísticas, sino del futuro de miles de personas que merecen vivir con dignidad después de una vida de trabajo.
Es responsabilidad del Estado, los empleadores y la sociedad en su conjunto trabajar para construir un sistema previsional más justo y sostenible que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
