Una investigación en curso en los Tribunales de Córdoba sacude los cimientos del sistema judicial provincial. La denuncia por filtración de preguntas en un concurso para el área de la Defensa Pública ha desatado un escándalo, con confesiones, acusaciones cruzadas y una preocupante sospecha de encubrimiento.
La Denuncia: Coincidencias y Sospechas
El gremio de trabajadores judiciales (Agepj) presentó una denuncia formal ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hace dos semanas, alertando sobre irregularidades en el concurso. La denuncia se centró en cuatro empleadas de Tribunales 2 que obtuvieron puntajes excepcionalmente altos, muy superiores al resto de los concursantes. Lo llamativo es que estas cuatro aspirantes compartían una estrecha relación con el defensor oficial Eduardo Santiago Caeiro, ya sea por proximidad laboral o por vínculos académicos en la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
Esta coincidencia de altas calificaciones y vínculos con Caeiro generó fuertes sospechas, y rápidamente se activaron las alarmas sobre la posible manipulación del proceso de selección.
La Investigación: Confesiones y Nuevas Pruebas
Tras la denuncia, el TSJ anuló la prueba en cuestión y abrió una investigación administrativa, a cargo de la Secretaría de Sumarios Administrativos. Aunque la información oficial se mantiene reservada, trascendieron detalles cruciales: al menos cuatro testimonios corroboran que una de las concursantes beneficiadas admitió haber recibido las preguntas del examen con antelación, presuntamente de parte de Caeiro.
Más allá de esta confesión, las fuentes consultadas por este diario aseguran que existen otras evidencias que apuntalan la denuncia. Se habla de numerosas acciones en el entorno de las cuatro concursantes que sugieren una filtración sistemática de información privilegiada. La investigación abarca declaraciones de integrantes del Agepj, trabajadores judiciales, expertos en concursos y académicos vinculados a Caeiro, sumando varias decenas de testimonios.
Reacciones y Posible Encumbrimiento
Desde el TSJ, se asegura que la investigación avanzará “hasta las últimas consecuencias” con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Se resalta la importancia de salvaguardar la integridad y la transparencia del sistema de acceso a cargos judiciales a través de concursos públicos y se manifiesta la voluntad de defender el prestigio del Poder Judicial de Córdoba, caracterizado por la existencia de un Consejo de la Magistratura y la política de selección de cargos por concursos.
Sin embargo, algunas fuentes dentro del ámbito judicial expresan su preocupación por posibles intentos de minimizar la gravedad del caso, incluso de encubrir a los responsables. Se habla de una “sagrada familia” o “familia judicial”, sectores que tratarían de disimular la gravedad de lo sucedido, intentando presentarlo como un hecho aislado sin mayor trascendencia.
El Futuro de la Investigación: ¿Denuncia Penal?
La investigación administrativa lleva dos semanas en curso, y según fuentes cercanas, se ha registrado un importante avance en los últimos días. Mientras se empieza a debatir la posibilidad de una denuncia penal, los resultados probatorios en las próximas semanas podrían ser determinantes. Quienes conocen la investigación consideran que las pruebas recabadas hasta el momento son contundentes para confirmar las denuncias iniciales.
Un dato significativo es la ausencia, hasta el momento, de la vocal Aida Tarditti, responsable de la Secretaría de Sumarios Administrativos, quien se reincorporará a su cargo después de un fin de semana largo. Su regreso podría ser clave para definir el rumbo de la investigación y el curso de las acciones. La Secretaría, por ahora, trabaja en secreto bajo la dirección de Tristán Quiles.
La Transparencia en Riesgo
El caso de la supuesta filtración de preguntas en el concurso judicial de Córdoba plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad de los procesos de selección en el Poder Judicial. Si se confirman las denuncias, se pondría en tela de juicio la integridad del sistema, con importantes implicaciones para la credibilidad y la confianza ciudadana en la justicia. Las próximas semanas serán cruciales para conocer el desenlace de esta investigación que, más allá de su resultado inmediato, exige una profunda reflexión sobre la necesidad de asegurar la transparencia en el ámbito judicial y prevenir futuros episodios de corrupción.
