¿Es posible que un líder electo siembre el terror entre su propio pueblo? El reciente arresto de Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas, en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, nos obliga a confrontar esta escalofriante realidad. Acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes contra la humanidad, Duterte se enfrenta a la justicia por la ‘guerra contra las drogas’, una campaña que dejó un reguero de sangre y dolor. Pero, ¿es este arresto un amanecer de esperanza o una mera sombra de justicia?
El horror oculto tras la ‘guerra contra las drogas’
¿Cómo un hombre que prometió seguridad se convirtió en verdugo? Para entender la tragedia filipina, debemos retroceder a los inicios de Duterte en la política. Desde finales de los años 80 y hasta 2016, como alcalde de Davao, implementó una política de ‘mano dura’ que incluía escuadrones de la muerte. Se estima que estos grupos asesinaron a sangre fría a cerca de 1,000 personas, la mayoría pobres y marginadas. ‘El Castigador’, lo llamaban, un apodo que parecía inflar su ego mientras el terror se apoderaba de las calles.
En 2016, Duterte escaló a la presidencia de Filipinas con una promesa: erradicar las drogas y la corrupción en seis meses. Su discurso populista resonó en una sociedad desesperada por seguridad, pero su solución fue un baño de sangre. ‘A todos los que se dedican a las drogas…los voy a matar de verdad’, sentenció en un mitin en Manila. Y cumplió.
Las cifras oficiales reportan 6,000 personas muertas a manos de la policía durante la ‘guerra contra las drogas’. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra real supera los 30,000. Treinta mil vidas truncadas, treinta mil familias destrozadas por una política que la CPI investiga como posibles crímenes de lesa humanidad. ¿Cuántas madres lloran a sus hijos? ¿Cuántos niños crecen sin padres? ¿Cuántas vidas fueron borradas por la ambición de un hombre?
“Cuando una persona es detenida en virtud de una orden de la CPI, debe ser entregada a las fuerzas del orden de un Estado miembro y trasladada a La Haya lo antes posible” – Kristina Conti, abogada defensora de los derechos humanos.
La CPI: ¿Última esperanza ante la impunidad?
Ante la inacción de la justicia filipina, la Corte Penal Internacional (CPI) tomó la valiente decisión de investigar las ejecuciones extrajudiciales. En un intento desesperado, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019. Una maniobra que no impidió que la CPI continuara su labor. Kristina Conti, la abogada que presentó el caso ante la CPI, exige la entrega inmediata de Duterte a la corte. Su voz es el eco de las víctimas, el clamor de justicia que resuena en La Haya.
El arresto de Duterte es un paso crucial, pero no definitivo. La decisión final sobre su extradición recae en el presidente Ferdinand Marcos Jr., su antiguo aliado. ¿Tendrá Marcos Jr. la valentía de priorizar la justicia sobre la política? Su decisión marcará el destino de Filipinas y su compromiso con los derechos humanos.
¿Un legado de sangre y olvido?
Más allá de su destino legal, Duterte ha dejado una cicatriz imborrable en Filipinas. Su ‘guerra contra las drogas’ no solo segó miles de vidas, sino que normalizó la violencia y el desprecio por los derechos humanos. Durante su mandato, insultó a líderes internacionales, amenazó a aliados y defendió la pena de muerte. Su discurso populista dividió a la sociedad y debilitó las instituciones democráticas. ¿Cómo se reconstruye un país sobre los cimientos de la impunidad?
La respuesta es compleja, pero comienza con el fortalecimiento del sistema judicial, la promoción de la educación en derechos humanos y el fomento de una cultura de respeto y tolerancia. Es imperativo que las nuevas generaciones conozcan la verdad sobre la ‘guerra contra las drogas’ y comprendan los peligros del autoritarismo. Solo así podremos evitar que la historia se repita.
La detención de Duterte debe marcar un punto de inflexión en la historia de Filipinas. Un momento para reflexionar sobre los horrores del pasado y construir un futuro basado en la justicia, la verdad y la reconciliación. Es hora de que los responsables rindan cuentas y que las víctimas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen. Filipinas se lo debe a sí misma y al mundo.
¿Justicia verdadera o simple venganza?
La búsqueda de justicia no debe confundirse con la sed de venganza. El juicio contra Duterte debe ser justo, transparente y respetar sus derechos. No se trata de condenarlo a toda costa, sino de establecer la verdad y determinar su responsabilidad en los crímenes que se le imputan. Solo así se sentará un precedente para otros líderes autoritarios.
¿Qué ocurrirá si Duterte evade la extradición y es juzgado en Filipinas? ¿Puede la justicia filipina garantizar un juicio imparcial dada la influencia que aún ejerce el ex presidente? La CPI ha expresado serias dudas sobre la capacidad de Filipinas para investigar eficazmente las ejecuciones extrajudiciales, lo que motivó la reapertura del caso en 2023. Si Filipinas rechaza la extradición, la credibilidad de su sistema judicial estará en juego.
La batalla legal de Duterte apenas comienza, y su resultado tendrá un impacto profundo en el futuro de Filipinas y en la lucha contra la impunidad a nivel global. Es hora de que la verdad ilumine los rincones oscuros y se haga justicia. Por las víctimas, por Filipinas y por la humanidad.
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- Firma peticiones y participa en campañas que exijan justicia para las víctimas de la guerra contra las drogas.
- Infórmate y comparte información sobre la situación en Filipinas.
