“Se sentían orgullosas de tirarme gas pimienta”, la voz entrecortada de Fabrizia Pegoraro, de tan solo 10 años, aún resuena con la brutalidad de aquel día en el Congreso. Siete meses después, la justicia empieza a dar señales: el fiscal Eduardo Taiano ha solicitado la indagatoria de Cristian Miguel Rivaldi, el policía señalado por disparar gas lacrimógeno directamente al rostro de la niña. Un acto inhumano, reflejo de una política de amedrentamiento y criminalización de la protesta social en Argentina.
El ataque: Un instante de terror
Las imágenes son imborrables: Fabrizia, junto a su madre Carla, participaba pacíficamente en una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Sin previo aviso, el policía Cristian Rivaldi apuntó y disparó gas lacrimógeno directamente al rostro de la niña. El infierno se desató en sus ojos, quemaduras químicas, dificultad para respirar, un shock que marcaría sus vidas para siempre. Carla también resultó herida, ambas traumatizadas por una violencia injustificable. Fabrizia recuerda: “Nos tiraron gas a mamá y a mí, no estábamos haciendo nada. Era una manifestación política, no hicimos nada para que nos tiraran gas, de hecho estábamos sentadas en el piso”.
Pero la agresión física fue solo el comienzo. Lo más indignante estaba por venir: una campaña de desinformación y difamación orquestada desde el poder.
Campaña de Difamación: La revictimización desde el poder
En lugar de investigar la brutalidad policial, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desató una campaña de desprestigio contra Fabrizia y su madre. A través de redes sociales y medios de comunicación, las acusó de ‘irresponsables y violentas’ por llevar a la niña a la protesta. Se difundieron mentiras, intentando culpar a otros manifestantes, todo para justificar la represión y sembrar el miedo. Un abuso de poder inaceptable, una violación flagrante de los derechos humanos.
Acciones Legales: Un rayo de esperanza en la búsqueda de justicia
La solicitud de indagatoria para Cristian Rivaldi es un paso adelante, aunque insuficiente. Gregorio Dalbon, abogado de Fabrizia y Carla, señala que la principal responsable es Patricia Bullrich, quien como máxima autoridad del Ministerio de Seguridad, debe rendir cuentas. La justicia debe investigar a fondo su participación y determinar su responsabilidad penal. Es crucial investigar la cadena de mando que permitió y encubrió esta agresión: ¿Quién dio la orden de reprimir con tal brutalidad? ¿Quién autorizó el uso de gas lacrimógeno contra una niña? ¿Quién diseñó la campaña de desinformación para proteger al policía agresor?
La indagatoria de Rivaldi y la posible imputación de Bullrich abren una puerta a la esperanza para Fabrizia y Carla, pero también para todas las víctimas de la represión estatal en Argentina. Este caso debe ser un ejemplo: la justicia, aunque tarde, puede llegar, y los responsables de violaciones a los derechos humanos no pueden quedar impunes.
Un llamado a la acción y la reflexión
La represión contra Fabrizia Pegoraro no es un caso aislado, sino un síntoma de la creciente criminalización de la protesta social. Pablo Grillo, Beatriz Blanco, son solo algunos nombres en una larga lista de víctimas de la impunidad. No podemos permitir que el Estado se convierta en un agresor de sus propios ciudadanos. La lucha por la memoria y la justicia es una tarea colectiva. Debemos recordar a las víctimas, exigir el castigo de los culpables y construir una sociedad donde la protesta sea respetada y los derechos humanos garantizados.
La indagatoria del policía es un avance, pero no el final. Debemos exigir el fin de la criminalización de la protesta, el desmantelamiento de las estructuras represivas y la promoción de políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos. Formar a las fuerzas de seguridad en el respeto a los derechos humanos, establecer mecanismos de control y sanción, y promover una cultura de diálogo y tolerancia. Solo así construiremos un futuro sin represión, donde la voz de todos sea escuchada y respetada.
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