Una explosión devastadora sacudió el barrio Villa Albertina en Villa María, Córdoba, dejando a cinco personas heridas, tres de ellas en estado crítico. El incidente, ocurrido el martes pasado, se originó por la rotura de un gasoducto durante trabajos de excavación. La Justicia ha imputado al operario de la retroexcavadora responsable de la perforación, acusándolo de estrago culposo, un delito que podría conllevar una pena de hasta 20 años de prisión.
Imputación y estado de las víctimas
El operario, de 38 años y empleado de una empresa contratista, permanece en libertad mientras se desarrolla la investigación. La fiscal Juliana Companys, a cargo del caso, espera los resultados de pericias adicionales y la evolución del estado de salud de los heridos para determinar si existen otras responsabilidades. La principal hipótesis apunta a una negligencia o impericia del operario al manipular la retroexcavadora cerca del gasoducto.
Mientras tanto, una familia de cinco integrantes lucha por su vida en hospitales de Córdoba. Martín Mercado, de 48 años, y su hijo Dylan, de 18, presentan quemaduras en el 60% y 95% de sus cuerpos respectivamente, encontrándose en estado crítico. Fátima Navarreta, esposa y madre, sufrió quemaduras en el 15% de su cuerpo. Dos menores, de 12 y 15 años, también resultaron heridos, aunque su condición es estable.
Consecuencias y responsabilidades
La explosión destruyó por completo una vivienda precaria y afectó a otras dos en la zona. El Gobierno de Córdoba declaró la zona como área de desastre, brindando asistencia a los damnificados a través del Ministerio de Desarrollo Social. La ministra Laura Jure y el intendente Eduardo Accastello recorrieron el lugar, comprometiéndose a atender las necesidades de los vecinos.
Este trágico suceso pone en evidencia la necesidad de extremar las medidas de seguridad en obras que involucran infraestructura crítica como gasoductos. La responsabilidad no solo recae en el operario, sino también en la empresa contratista y en las entidades que supervisan este tipo de trabajos. Es crucial asegurar el cumplimiento de protocolos rigurosos para prevenir accidentes de esta magnitud. La falta de capacitación adecuada, la ausencia de señalización clara o la presión por cumplir plazos pueden ser factores que contribuyen a tragedias como la ocurrida en Villa María.
Asimismo, se debe investigar si la empresa contratista cumplió con todas las normas de seguridad y si contaba con los permisos necesarios para realizar las excavaciones en la zona. Es fundamental determinar si hubo fallas en la planificación, la ejecución o la supervisión de la obra que pudieran haber contribuido al accidente.
Más allá de las responsabilidades legales, la explosión del gasoducto en Villa María deja una profunda herida en la comunidad. La solidaridad de los vecinos y la rápida respuesta del gobierno provincial son un aliciente en medio del dolor y la incertidumbre. Sin embargo, es imperativo que este tipo de tragedias sirvan como un llamado de atención para reforzar la cultura de la prevención y la seguridad en todos los ámbitos laborales, especialmente en aquellos que involucran riesgos para la vida humana.
La precariedad habitacional: un factor agravante
El hecho de que las viviendas afectadas fueran precarias agrava aún más la situación de las víctimas. La falta de una construcción sólida y segura las hizo más vulnerables ante la onda expansiva de la explosión. Este drama pone de manifiesto la necesidad de abordar la problemática de la vivienda social en Argentina, garantizando el acceso a un hábitat digno y seguro para todos los ciudadanos.
Las autoridades locales deben implementar políticas públicas que promuevan la construcción de viviendas sociales con materiales adecuados y que cumplan con las normas de seguridad. Asimismo, es necesario regularizar la situación de los asentamientos precarios, dotándolos de servicios básicos e infraestructura que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
La tragedia de Villa María nos recuerda que la seguridad no es un lujo, sino un derecho fundamental. Es responsabilidad del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto trabajar para garantizar que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. La inversión en prevención, la capacitación de los trabajadores y el control riguroso de las obras son medidas esenciales para proteger la vida y el bienestar de la comunidad.
