Corea del Sur se encuentra en medio de una crisis política sin precedentes tras el intento del presidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial la semana pasada. El arresto del exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, acusado de rebelión y abuso de poder, profundiza la tensión y abre un nuevo capítulo en la investigación que podría llevar a la destitución del propio presidente.
El arresto de Kim Yong Hyun y la acusación de rebelión
Kim Yong Hyun, exministro de Defensa, fue arrestado formalmente el miércoles por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. La acusación de rebelión, un cargo que conlleva la pena de muerte en Corea del Sur, se basa en su presunta participación en el intento de impedir que la Asamblea Nacional votara sobre la imposición de la ley marcial decretada por el presidente Yoon. Kim, detenido desde el domingo, habría ordenado el despliegue de tropas en el Parlamento para bloquear el acceso a los legisladores.
El exministro, en un comunicado emitido el martes, asumió la responsabilidad por la imposición de la ley marcial y pidió clemencia para los soldados que cumplieron sus órdenes. Sin embargo, la fiscalía lo acusa de conspirar con el presidente Yoon y otros funcionarios para alterar la Constitución, lo que configura el delito de rebelión.
La ley marcial y la controversia constitucional
La imposición de la ley marcial, la primera en más de cuatro décadas, duró apenas seis horas, pero desató una ola de protestas y una profunda crisis política. La oposición argumenta que el decreto de Yoon fue inconstitucional, ya que la ley marcial solo puede declararse en tiempos de guerra o emergencia nacional comparable. Corea del Sur, en ese momento, no se encontraba en ninguna de esas situaciones.
El despliegue de tropas para bloquear el acceso al Parlamento fue interpretado por la oposición como un intento de suspender las actividades políticas de la Asamblea Nacional, una acción que viola la Constitución surcoreana. Este acto es el que sustenta la acusación de rebelión contra el presidente Yoon y sus colaboradores.
Investigación por un fiscal especial independiente
Ante la gravedad de los hechos, el Parlamento, controlado por la oposición, aprobó la designación de un fiscal especial independiente para investigar al presidente Yoon y a otros altos funcionarios militares. El Partido Democrático, principal fuerza opositora, impulsó esta medida al considerar que los fiscales públicos, bajo la influencia del exfiscal general Yoon, no podrían llevar a cabo una investigación imparcial.
El testimonio de Kwak Jong-keun, comandante del Comando Especial de Guerra, durante una audiencia parlamentaria, fue clave para comprender la cadena de mando en el despliegue de tropas. Kwak confirmó haber recibido órdenes directas de Kim Yong Hyun para impedir el acceso de los legisladores a la Asamblea Nacional, con el objetivo de evitar que se reunieran los votos necesarios para revocar la ley marcial.
Además, Kwak reveló que el propio presidente Yoon lo llamó para ordenar que las tropas “destruyeran la puerta y sacaran a los legisladores”. La negativa de Kwak a cumplir esta orden, considerándola ilegal, evitó una posible escalada de la crisis.
Otro testimonio relevante fue el del oficial Kim Dae-woo, de la agencia de contrainteligencia del Ejército, quien declaró que su comandante, Yeo In-hyung, preguntó sobre la disponibilidad de espacio en un búnker del Ejército para detener a políticos tras la imposición de la ley marcial. Yeo es considerado un aliado cercano de Kim Yong Hyun. Este testimonio se suma a la declaración de Hong Jang-won, subdirector de la agencia de espionaje, quien afirmó haber recibido órdenes de Yoon para detener a rivales políticos, órdenes que desobedeció.
El futuro político de Yoon Suk Yeol
El presidente Yoon, quien ya enfrentó un intento de juicio político el sábado, se encuentra en una situación extremadamente delicada. La oposición ha anunciado una nueva votación de destitución para el próximo sábado. Si Yoon es destituido por el Parlamento, sus poderes serían suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre su futuro político. Una decisión a favor de la destitución desencadenaría nuevas elecciones presidenciales.
El caso de la ley marcial en Corea del Sur no solo pone en tela de juicio el liderazgo de Yoon Suk Yeol, sino que también plantea interrogantes sobre la estabilidad democrática del país. La investigación del fiscal especial independiente será crucial para determinar la responsabilidad del presidente en los eventos y las consecuencias a largo plazo para la política surcoreana.
