La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la prisión preventiva de Sergio Urribarri, exgobernador de la provincia, y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, ambos condenados en 2022 por delitos de corrupción. La decisión revoca una resolución anterior que permitía a ambos permanecer en libertad mientras se apelaba la sentencia.
Detenciones y Traslados
Aguilera fue detenido alrededor de las 11:30 horas y trasladado inicialmente a la dependencia policial de Robos y Hurtos, antes de ser enviado a la unidad penitenciaria. Urribarri, por su parte, fue arrestado en su residencia de Concordia y llevado a la Jefatura Departamental, desde donde se concretará su traslado. Ambos imputados se encuentran actualmente en la cárcel de Paraná, aunque se prevé su posterior reubicación en la Unidad Penal de Gualeguaychú debido a la falta de capacidad de la UP1.
Antecedentes del Caso
En abril de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua por peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública. La condena se basó en cinco hechos relacionados con el desfalco de aproximadamente US$9 millones en publicidad oficial y gastos públicos durante su mandato como gobernador (2007-2015).
Esta condena constituyó un precedente relevante al ser la primera impuesta a un funcionario del gobierno de Alberto Fernández por actos de corrupción anteriores a su asunción. Urribarri, en ese momento embajador en Israel y Chipre, negó las acusaciones y apeló la condena, manteniendo su libertad hasta la presente decisión judicial.
El “Megajuicio” y las Acusaciones
El juicio, conocido como “Megajuicio”, involucró a 13 personas, incluyendo exfuncionarios, familiares y presuntos testaferros de Urribarri. Se investigaron cinco expedientes separados relacionados con la gestión del exgobernador. Entre ellos se encontraban casos como la “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”, centrada en la adjudicación irregular de publicidad oficial a empresas específicas, y el caso “Sueño Entrerriano”, que se refería al presunto uso de fondos públicos para la campaña presidencial de Urribarri.
La Fiscalía acusó desvíos de fondos públicos superiores a US$9 millones. Los fiscales resaltaron patrones de confusión entre lo público y lo privado en la gestión de Urribarri, alegando que el exgobernador utilizó su posición para obtener beneficios económicos para él y su círculo íntimo. En los alegatos finales, destacaron la evidencia de empleados públicos trabajando simultáneamente para empresas privadas contratadas por el Estado y el financiamiento de lujos personales de la familia Urribarri por parte de empresarios con contratos estatales.
La Defensa y las Apelaciones
La defensa de Urribarri cuestionó la investigación, alegando falta de objetividad, presión mediática y una supuesta “construcción jurídica y mediática” en su contra. También denunciaron problemas con la cadena de custodia de algunas pruebas y la falta de peritación de equipos tecnológicos secuestrados. A pesar de estos argumentos, la defensa no logró revertir la condena ni evitar la orden de prisión preventiva en la apelación ante la Cámara de Casación.
El abogado de otros acusados, Miguel Ángel Cullen, argumentó que no se probó la participación delictiva de sus clientes y que algunos fueron acusados injustamente de ser “testaferros”. Estos argumentos tampoco prosperaron ante la justicia.
Implicaciones de la Detención
La prisión preventiva de Urribarri y Aguilera representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en Argentina. La Cámara de Casación justificó su decisión aludiendo al “riesgo de fuga” y la necesidad de cumplir con los tratados internacionales que exigen una respuesta contundente contra este tipo de delitos. Esta medida afecta directamente a Urribarri y Aguilera, pero también sienta un precedente en la firmeza de la persecución penal a la corrupción en el país.
Si bien la condena no es aún definitiva, existe la posibilidad de futuras instancias de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y la Corte Suprema de la Nación. El proceso judicial podría extenderse por varios años más.
La detención de Sergio Urribarri y su cuñado marca un hito importante en la lucha contra la corrupción en Argentina. El caso pone de manifiesto la importancia de la perseverancia en las investigaciones judiciales y la necesidad de que las autoridades respondan con firmeza frente a la corrupción.
