La ex ministra de Desarrollo Social de Chubut, Cecilia Torres Otarola, ha sido declarada culpable de fraude a la administración pública y exacciones ilegales. El Tribunal Colegiado de la provincia la encontró responsable de nombrar a personas sin funciones reales (“ñoquis”) y de exigir parte del salario a sus empleados, un entramado de corrupción que ha sacudido la escena política local.
El Caso de los “Ñoquis Calientes”: Corrupción al Desnudo
La investigación, conocida como el caso de los “ñoquis calientes”, reveló que Torres Otarola incurrió en cuatro actos de fraude al designar funcionarios que cobraban sueldos del Estado sin realizar ninguna tarea. Además, se la halló culpable de tres casos de exacciones ilegales por exigir la mitad del sueldo a sus asesores legislativos, dinero que presuntamente se destinaba a una “caja política”.
La fiscalía había presentado inicialmente ocho cargos de irregularidades, de los cuales siete fueron confirmados por el tribunal. Tres de los casos de fraude ocurrieron en el ministerio que dirigía Torres Otarola, y uno en la Legislatura provincial. Este caso ilustra la forma en que la corrupción puede infiltrarse en las instituciones públicas, socavando la confianza ciudadana y desviando recursos que deberían destinarse al bienestar de la población.
Las prácticas corruptas de Torres Otarola no se limitaban a la designación de “ñoquis”. La ex ministra también utilizaba su posición para enriquecerse a expensas de sus subordinados, exigiéndoles una parte de sus salarios a cambio de mantener sus empleos. Esta práctica, conocida como “exacciones ilegales”, demuestra un abuso de poder y una falta de ética alarmantes.
Cómplices en la Trama de Corrupción
Además de Torres Otarola, otros ex funcionarios fueron declarados culpables en este caso. Silvia Cañumil, nombrada asesora en la Legislatura, realizaba tareas domésticas en la casa de la ex ministra en lugar de cumplir con sus responsabilidades oficiales. Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Reto Trelles fueron designados como directores en el ministerio a sabiendas de que no tendrían que trabajar.
Estos cómplices demuestran que la corrupción a menudo opera a través de redes de complicidad, donde individuos inescrupulosos se benefician mutuamente a costa del erario público. La justicia debe actuar con firmeza para desmantelar estas redes y asegurar que los responsables rindan cuentas por sus actos.
La impunidad no puede ser tolerada, y es fundamental que se apliquen sanciones ejemplares para disuadir a otros de cometer actos similares. La corrupción no solo roba recursos a la sociedad, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y debilita el estado de derecho.
El Silencio Cómplice del Ex Gobernador Arcioni
El ex gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, fue llamado a declarar como testigo en el juicio. Su testimonio, plagado de evasivas y “olvidos” convenientes, generó sospechas sobre su posible conocimiento o incluso participación en la trama de corrupción. Arcioni, quien gobernó la provincia entre 2019 y 2023, alegó no recordar detalles sobre las designaciones cuestionadas durante su gestión.
La falta de transparencia y la actitud evasiva de Arcioni plantean interrogantes sobre la responsabilidad política en este caso. ¿Hasta dónde llegaba el conocimiento del ex gobernador sobre las irregularidades en su propio gobierno? ¿Se limitó a ser un observador pasivo o tuvo un rol activo en la trama de corrupción? Estas preguntas deberán ser respondidas por la justicia en futuras investigaciones.
Consecuencias y Próximos Pasos
El Tribunal, integrado por la jueza Marcela Pérez Bogado y los vocales José Luis Ennis y Carlos Richeri, absolvió a Branco Rodera Neira y Jaquelina Rodera al no encontrar pruebas suficientes de su participación en los delitos. La audiencia para determinar la pena de los condenados está programada para el 6 de enero. Se espera que la fiscalía solicite una pena de prisión efectiva superior a los tres años para Torres Otarola, considerando la gravedad de los delitos cometidos.
Este caso sienta un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Argentina. La condena de una ex ministra demuestra que nadie está por encima de la ley y que el abuso de poder tiene consecuencias. Sin embargo, también es un recordatorio de la necesidad de fortalecer las instituciones y los mecanismos de control para prevenir futuros casos de corrupción.
