El gobierno argentino ha anunciado el cierre definitivo de la planta impresora de billetes ex Ciccone, ubicada en Don Torcuato. Esta decisión, comunicada a través de redes sociales por el ministro de Economía, Luis Caputo, marca un capítulo final en la historia de una imprenta envuelta en un largo historial de controversias y acusaciones de corrupción.
Cierre y Subasta: Un Ahorro de Millones
El cierre de la planta implica un ahorro anual para el Estado de $5.040 millones, según el ministro Caputo. La justificación económica se basa en la afirmación de que resulta menos costoso comprar billetes a proveedores internacionales. La Agencia de Administración de Bienes del Estado se encargará de la subasta y posterior venta del inmueble.
Este cierre también implica el despido de 270 empleados. El ministro Caputo ha afirmado que se definirán las políticas a seguir con respecto a estos trabajadores, pero el anuncio inmediato del despido sin medidas compensatorias generará incertidumbres sobre su futuro laboral.
Un Legado de Corrupción: La Historia de Ciccone
La imprenta Ciccone, fundada en 1951, ha tenido una larga trayectoria marcada por sus vínculos con el poder político argentino. Su auge comenzó durante la última dictadura militar (1976-1983), obteniendo jugosos contratos para la impresión de entradas del Mundial de Fútbol de 1978, lo que le permitió importar maquinaria sin pagar aranceles, una ventaja significativa en ese contexto.
Durante los gobiernos de Carlos Menem, la relación entre Ciccone y el Estado se consolidó aún más, con la imprenta encargada de la impresión de billetes, proceso en el que se denunciaron múltiples irregularidades. Se registraron acusaciones de testaferros y acumulación de deudas millonarias con la AFIP. Pese a las pruebas, la justicia demoró por años su intervención.
El punto de inflexión llegó en 2012, bajo la administración de Amado Boudou como vicepresidente, cuando el Estado expropió la imprenta luego de un pedido de quiebra. Esta expropiación desencadenó una investigación judicial con amplias repercusiones mediáticas y eventuales condenas a Boudou por corrupción, ya que se demostró su participación en las sombras de The Old Fund, empresa que adquirió Ciccone meses antes de la estatización.
Las Razones del Cierre y el Futuro de la Casa de Moneda
Más allá del escándalo de corrupción, el gobierno argumenta que el costo operativo de la planta de Ciccone supera con creces los beneficios. Además de la impresión de billetes, la planta servía como depósito de billetes en desuso, un proceso notoriamente lento por la inflación crónica del país. La reciente medida del Banco Central de eliminar la obligación bancaria de perforar billetes de baja denominación antes de la destrucción también facilita la eliminación de ese stock de billetes viejos.
El cierre de la planta se enmarca dentro de una política general de externalización y disminución del rol del Estado en la economía. Para cubrir la producción de billetes, el gobierno ha decidido contratar servicios de impresión en el exterior, concretamente en China. La maquinaria para otros servicios que se producían en Ciccone, como chapas de patentes y pasaportes, será trasladada a la planta de Retiro, donde se centralizarán estas funciones.
Impacto y Consideraciones
La decisión de cerrar la planta ex Ciccone ha generado diversas reacciones. Si bien las autoridades enfatizan el ahorro económico, las críticas se centran en las consecuencias para los 270 empleados despedidos y la pérdida de autonomía del Estado al depender de proveedores extranjeros para la impresión de billetes. Además, se cuestiona la eficiencia a largo plazo de importar billetes dados los costos de importación, los tiempos de entrega y las potenciales variaciones cambiarias.
La historia de Ciccone es un ejemplo complejo de los vínculos entre la política, los negocios y la corrupción en Argentina, que trasciende la simple cuestión económica. El cierre de la planta representa el fin de un capítulo controvertido, pero no clausura las discusiones sobre la transparencia y la eficiencia del Estado, y la necesidad de políticas que aseguren protección y reinserción a los trabajadores despedidos.
