El Gobierno nacional, en su afán de modernizar y optimizar el funcionamiento del Estado, ha implementado un nuevo régimen de evaluación obligatoria para todos los empleados públicos que residen y trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida, plasmada en la Resolución 26/2024 y publicada en el Boletín Oficial, establece la obligatoriedad de aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias como requisito previo para el ingreso al régimen de empleo público. Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia y ha sido recibida con fuertes críticas por parte de algunos sectores sindicales, particularmente por ATE Capital, que ha presentado una medida cautelar para frenar su aplicación.
Un examen que divide aguas: ¿eficiencia o atropello?
Objetivo: Establecer el contexto y presentar la controversia principal.
La evaluación, según lo establecido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, será de carácter presencial, anónima y digital, con una duración máxima de una hora. Los postulantes deberán obtener un mínimo de 60 puntos sobre 100 para aprobar y tendrán hasta tres intentos por año para lograrlo. El examen constará de 24 preguntas para profesionales y 20 para no profesionales, con respuestas múltiples.
La iniciativa del Gobierno busca, según sus defensores, asegurar la idoneidad de los empleados públicos, transparentar los procesos de selección y mejorar la calidad de los servicios estatales. Se argumenta que la evaluación permitirá identificar las fortalezas y debilidades de los aspirantes, facilitando la asignación de personal a las áreas donde sus habilidades sean más aprovechables. Además, se espera que la medida incentive la capacitación continua y la profesionalización del empleo público.
Federico Sturzenegger, figura clave en el diseño de esta política, ha defendido la medida como un paso fundamental para modernizar el Estado y hacerlo más eficiente. Según Sturzenegger, la evaluación no solo permitirá seleccionar a los candidatos más capacitados, sino que también contribuirá a despolitizar el ingreso a la administración pública, evitando el clientelismo y el favoritismo.
Sin embargo, para los críticos, esta evaluación representa un atropello a los derechos laborales y un intento de precarizar el empleo público. ATE Capital, uno de los gremios más importantes del sector, ha calificado la medida como “ilegal e inconstitucional”, argumentando que vulnera derechos fundamentales y contradice normas de convenios colectivos de trabajo vigentes.
ATE Capital contraataca: la evaluación bajo la lupa judicial
Objetivo: Profundizar en los argumentos de ATE Capital y el proceso judicial.
ATE Capital ha presentado una medida cautelar ante la Justicia Contencioso Administrativo Federal, solicitando la suspensión inmediata de la aplicación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) y su posterior declaración de inconstitucionalidad. El gremio argumenta que el sistema carece de transparencia, imparcialidad y garantías legales, promoviendo una lógica de exclusión y precarización laboral.
Según ATE, la evaluación no contempla la diversidad de funciones y responsabilidades dentro del Estado, aplicando un criterio uniforme a trabajadores con perfiles y tareas muy diferentes. Además, se cuestiona la falta de participación de los gremios en el diseño e implementación del sistema, lo que se considera una violación a los derechos de los trabajadores.
El Dr. Santiago Ricardo Carrillo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 3, deberá decidir sobre la medida cautelar presentada por ATE. De ser favorable al gremio, la aplicación de la evaluación quedaría suspendida hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. Este proceso judicial promete ser un nuevo capítulo en la larga historia de tensiones entre el Gobierno y los gremios estatales.
El futuro del empleo público en la cuerda floja
Objetivo: Analizar las posibles consecuencias de la implementación de la evaluación y su impacto en el empleo público a largo plazo
La implementación de la evaluación obligatoria para empleados públicos abre un debate crucial sobre el futuro del Estado en Argentina. ¿Se trata de una medida necesaria para modernizar la administración pública o de un instrumento para precarizar el empleo y reducir la planta estatal? La respuesta a esta pregunta dependerá no solo del resultado del proceso judicial en marcha, sino también de la capacidad del Gobierno para generar consensos y de la voluntad de los gremios para participar en un diálogo constructivo.
Más allá de las posturas encontradas, lo cierto es que la evaluación ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma profunda del Estado. La modernización de la administración pública, la profesionalización del empleo público y la transparencia en los procesos de selección son temas pendientes que requieren un abordaje integral y participativo. El desafío para el Gobierno y los gremios será encontrar un camino que permita mejorar la eficiencia del Estado sin afectar los derechos laborales de sus empleados.
Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los empleados públicos. La posibilidad de ser evaluados y la amenaza de perder sus empleos genera ansiedad y desconfianza. La falta de información precisa sobre el contenido de los exámenes y los criterios de evaluación agrava la situación. El Gobierno deberá implementar una campaña de comunicación clara y transparente para disipar las dudas y generar confianza en el proceso.
El debate sobre la evaluación obligatoria para empleados públicos recién comienza. Sus consecuencias a largo plazo aún son inciertas, pero lo que está claro es que esta medida tendrá un impacto profundo en la forma en que se concibe y gestiona el Estado en Argentina. El desafío para todos los actores involucrados será encontrar un equilibrio entre la eficiencia, la transparencia y la justicia social.
