La inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente nuestro mundo, desde la forma en que trabajamos hasta la forma en que interactuamos con la tecnología. Pero esta revolución tecnológica no está exenta de desafíos. El consumo energético de los sistemas de IA, en particular de los grandes modelos lingüísticos como ChatGPT, Bard y Gemini, es un tema que preocupa cada vez más a expertos y reguladores. Ante esta situación, la Comisión Europea ha tomado la delantera y se propone regular el impacto ambiental de la IA a través de una legislación específica.
El Desafío de Medir la Huella de Carbono de la IA
Determinar con exactitud cuánta energía consume un sistema de IA es una tarea compleja. No existe una metodología estandarizada para medir la huella de carbono de estos sistemas, lo que dificulta la comparación y el establecimiento de límites. La Comisión Europea reconoce este desafío y, como primer paso, ha solicitado a las empresas que registren el consumo energético de sus sistemas durante la fase de entrenamiento. Sin embargo, esto es solo el comienzo de un proceso que requerirá la colaboración de expertos en normalización para desarrollar un método de documentación comparable y universal.
La dificultad para medir el impacto ambiental de la IA radica en la diversidad de factores que influyen en su consumo energético. El tamaño del modelo, la complejidad de los algoritmos, la cantidad de datos utilizados para el entrenamiento y la infraestructura de hardware son solo algunas de las variables que entran en juego. Además, el consumo energético puede variar significativamente según la fase del ciclo de vida del sistema, ya sea el entrenamiento, la inferencia y el despliegue tienen diferentes requerimientos.
La Propuesta de la Comisión Europea: Un Enfoque Basado en el Riesgo
La Ley de IA de la Unión Europea, que entró en vigor en agosto de 2023, establece un marco regulatorio para los sistemas de IA basado en el riesgo que representan para los ciudadanos. Esta ley clasifica los sistemas de IA en cuatro categorías: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. Para los sistemas de alto riesgo, como aquellos utilizados en la atención médica o la justicia, se establecen requisitos más estrictos en términos de transparencia, seguridad y supervisión humana. En el caso de los sistemas de IA de propósito general (GPAI), como los grandes modelos lingüísticos, la ley entrará en vigor en agosto de 2025.
La Comisión Europea busca complementar esta ley con normas específicas que aborden el impacto ambiental de la IA. Si bien la Ley de IA actual incluye algunas disposiciones relacionadas con el consumo de energía, como la obligación de registro para los proveedores de GPAI, se considera que estas medidas son insuficientes. La propuesta de la Comisión es desarrollar una legislación secundaria, en forma de actos delegados, que establezca requisitos más específicos en materia de sostenibilidad ambiental para los sistemas de IA.
Además de la obligación de registro del consumo energético, se espera que las futuras normas incluyan requisitos para la divulgación de la huella de carbono de los sistemas de IA, la promoción de prácticas de diseño más sostenibles y la implementación de mecanismos de compensación por el impacto ambiental. La Comisión también está considerando la posibilidad de establecer límites al consumo energético de ciertos tipos de sistemas de IA o incluso la prohibición de aquellos que se consideren excesivamente contaminantes.
El Debate entre la Innovación y la Sostenibilidad
La propuesta de la Comisión Europea ha generado un intenso debate entre los defensores de la innovación y los que abogan por una mayor sostenibilidad. Las empresas tecnológicas argumentan que una regulación excesiva podría frenar el desarrollo de la IA y afectar su competitividad a nivel global. Por otro lado, los grupos ambientalistas y algunos expertos advierten que el impacto ambiental de la IA es un problema que no se puede ignorar y que requiere una acción regulatoria decidida.
El desafío para la Comisión Europea es encontrar un equilibrio entre la necesidad de fomentar la innovación y la obligación de proteger el medio ambiente. Una regulación bien diseñada puede incentivar el desarrollo de sistemas de IA más eficientes energéticamente, sin obstaculizar el progreso tecnológico. De hecho, la innovación en hardware y software orientada a la eficiencia energética podría convertirse en una nueva oportunidad de negocio para las empresas del sector.
La Unión Europea se ha convertido en un referente mundial en la regulación de la tecnología, con iniciativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La propuesta de regular el impacto ambiental de la IA refuerza su liderazgo en este ámbito y podría sentar un precedente para otras regiones del mundo. La implementación de estas normas no solo contribuirá a la sostenibilidad ambiental, sino que también promoverá la confianza en la IA y su adopción responsable por parte de la sociedad.
