La Unidad de Investigación de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) han destapado una compleja red de sociedades offshore y propiedades en Miami vinculadas a Romina Aldana Diago, esposa del diputado argentino Cristian Ritondo. Este descubrimiento ha generado un escándalo político y ha puesto en tela de juicio la transparencia y la ética del diputado, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja. La investigación, basada en documentos filtrados de Pandora Papers y registros públicos de Florida, revela un entramado de empresas y fideicomisos que podrían haber sido utilizados para ocultar activos y evadir impuestos.
El laberinto societario de Romina Diago
Diago, abogada y ex asesora de miembros del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, aparece como figura clave en al menos tres redes societarias diferentes. La primera, revelada por Pandora Papers, involucra a la sociedad Sunstar Point Ltd., registrada en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal. Esta empresa, controlada por un fideicomiso en Florida creado por la propia Diago, sería la propietaria de una lujosa propiedad en Hallandale, valuada en US$650.000. Documentos de 2018 muestran una conexión con una cuenta bancaria en el Santander Río de Buenos Aires, lo que sugiere posibles movimientos de fondos entre Argentina y Estados Unidos.
La segunda red se centra en la sociedad Ilustre LLC, creada en Delaware, otro estado con leyes que favorecen la opacidad financiera. A través de una declaración jurada en Florida, se descubrió que Ilustre LLC es propiedad de Bonita Holdings 39, una compañía con Diago como único miembro. Este dato es crucial, ya que según Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, ser “miembro” en una sociedad de Florida es equivalente a ser accionista, lo que implica un control directo sobre la empresa y sus activos.
La tercera red, quizás la más intrigante, gira en torno a Goformore LLC, una sociedad de Florida que tuvo a Diago como gerente y miembro hasta junio de 2013. Esta empresa posee cuatro propiedades en Miami, una de las cuales fue adquirida en 2013 por US$580.000 a una empresa del actual funcionario Juan Alberto Pazo y vendida un año y medio después por US$650.000. La coincidencia en el monto de la venta con el valor de la propiedad de Sunstar Point Ltd. levanta sospechas sobre posibles transferencias de activos entre las distintas redes societarias.
Las conexiones políticas y el silencio cómplice
La vinculación de Juan Alberto Pazo, actual jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una de las propiedades de Goformore LLC añade otra capa de complejidad al caso. Pazo, un hombre cercano a Mauricio Macri y aliado del presidente Javier Milei, no declaró esta sociedad ante la Oficina Anticorrupción cuando era funcionario público en 2018. Aunque Pazo alega que la sociedad pertenece a su esposa, la omisión en su declaración jurada genera interrogantes sobre posibles conflictos de interés.
Otro elemento preocupante es el silencio de Ritondo y Diago frente a las acusaciones. El matrimonio se ha negado a responder las preguntas de los periodistas sobre si las sociedades y propiedades fueron declaradas ante las autoridades argentinas. Esta falta de transparencia alimenta las sospechas y dificulta la tarea de determinar si se han cometido irregularidades financieras. En abril, el equipo de Ritondo se limitó a decir que la relación de Diago con Goformore LLC fue “laboral” y de “corto tiempo”, una explicación que no aclara el origen de los fondos utilizados para adquirir las propiedades ni la razón para crear una compleja red de sociedades offshore.
Implicancias éticas y políticas
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la política argentina. La utilización de sociedades offshore, aunque no siempre ilegal, puede ser una herramienta para ocultar patrimonios, evadir impuestos y lavar dinero. La falta de respuesta por parte de Ritondo y Diago, sumada a la conexión con un funcionario público como Pazo, erosiona la confianza en la clase política y alimenta la percepción de impunidad.
El caso también plantea interrogantes sobre el rol del sistema judicial argentino en la investigación de este tipo de delitos. La denuncia presentada ante el fiscal federal Eduardo Taiano se ha visto empañada por la relación laboral previa de su hijo con Ritondo, lo que podría generar un conflicto de interés. Es fundamental que la justicia actúe con independencia y celeridad para determinar si existen responsabilidades penales en este caso.
Más allá de las consecuencias legales, el caso Ritondo-Diago tiene un impacto profundo en la credibilidad del sistema político. La ciudadanía exige transparencia y ética a sus representantes, y este tipo de escándalos profundiza la desconfianza y el desencanto con la política. Es imperativo que los partidos políticos asuman un compromiso real con la transparencia y promuevan medidas para prevenir y sancionar la corrupción.
La proliferación de sociedades offshore en paraísos fiscales es un problema global que afecta a la economía y a la justicia social. La evasión fiscal que facilita este tipo de estructuras priva a los Estados de recursos cruciales para financiar servicios públicos esenciales. Es necesario fortalecer la cooperación internacional para combatir este flagelo y asegurar que los ricos y poderosos paguen su justa parte de impuestos.
