La ciudad de Córdoba se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra a empresarios, funcionarios públicos y gestores por la presunta entrega de habilitaciones comerciales truchas. La fiscalía a cargo del Dr. Guillermo González imputó a los dueños de las cadenas de supermercados Cordiez y Mercamax, Darío Sebastián Brasca y Natalia Vanina Brasca, por el delito de cohecho, entre otros. La investigación apunta a desentrañar una red de corrupción que operó durante más de una década, poniendo en riesgo la seguridad de la población.
Imputaciones y Alcance del Caso
Darío Sebastián Brasca, presidente de Cyre S.A., la firma propietaria de las cadenas de supermercados, enfrenta cargos por cohecho, encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado (5 hechos) y uso de documento público falso reiterado (4 hechos). Su hermana y vicepresidenta de la compañía, Natalia Vanina Brasca, fue imputada por cohecho. Según la fiscalía, ambos habrían aportado dinero a intermediarios y a Julio Zárate, uno de los principales acusados en la causa, para sobornar a funcionarios de la Dirección de Bomberos y de la Municipalidad de Córdoba.
La investigación, que comenzó en 2023, reveló la existencia de una supuesta asociación ilícita que operaba desde al menos 2008, facilitando habilitaciones comerciales irregulares a cambio de coimas. El exjefe de Bomberos, Gustavo Folli Pedetta, se encuentra detenido con prisión preventiva, acusado de ser el líder de esta organización. Además de los empresarios Brasca, otros comerciantes y funcionarios municipales también han sido imputados en la causa.
El modus operandi de la red consistía en el pago de sobornos para obtener certificados de bomberos apócrifos o la omisión de inspecciones que garantizaran el cumplimiento de las normas de seguridad. Esto permitía a los comercios operar sin las medidas de seguridad necesarias, poniendo en riesgo la vida de empleados y clientes.
Consecuencias para la Seguridad Pública
El ayudante fiscal Javier Novillo aseguró que los supermercados Cordiez y Mercamax actualmente cumplen con todas las medidas de seguridad, tras la intervención de las autoridades. Sin embargo, la investigación revela una grave falla en los controles estatales que permitió que comercios operaran durante años sin las garantías necesarias para la seguridad pública. La posible existencia de locales habilitados irregularmente genera preocupación en la población.
La gravedad de la situación radica en que la falta de controles en materia de seguridad en locales comerciales puede tener consecuencias catastróficas. Incendios, derrumbes o escapes de gas son solo algunos de los riesgos a los que se exponen empleados y clientes en establecimientos que no cumplen con las normas de seguridad. La causa “Bomberos-expedición de certificados apócrifos y Municipalidad” busca determinar la responsabilidad de los empresarios y funcionarios en la generación de este riesgo latente.
Más allá de las imputaciones a los dueños de Cordiez y Mercamax, la investigación continúa y se esperan nuevas imputaciones a otros empresarios y funcionarios involucrados en la red de corrupción. La justicia cordobesa busca determinar la magnitud del fraude y sancionar a todos los responsables.
El Rol de los Gestores y la Corrupción Sistémica
La figura de los gestores, como Roque Javier Olmedo, imputado en la causa, también es clave para comprender el entramado de corrupción. Estos intermediarios actuaban como nexo entre los empresarios que buscaban obtener habilitaciones de forma irregular y los funcionarios corruptos. Su rol facilitaba el pago de coimas y la evasión de los controles legales.
Este caso pone en evidencia la existencia de una corrupción sistémica que involucra a diferentes actores y niveles del Estado. La connivencia entre empresarios, funcionarios y gestores permitió que se creara un sistema paralelo de habilitaciones, burlando los controles y poniendo en peligro a la ciudadanía. La investigación judicial busca desmantelar esta red y sentar un precedente para prevenir futuros casos de corrupción.
El escándalo de las habilitaciones truchas en Córdoba ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. La ciudadanía exige transparencia y que se sancione a todos los responsables de este entramado de corrupción que puso en riesgo la seguridad de la población. Se espera que la justicia actúe con celeridad y que este caso sirva para impulsar reformas que fortalezcan los controles y prevengan futuros casos de corrupción.
Las autoridades judiciales han manifestado su compromiso en llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación. Se espera que el juicio oral a los principales acusados, incluyendo a Folli Pedetta, se lleve a cabo en las próximas semanas. La sociedad cordobesa espera que este caso marque un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y que se implementen medidas para garantizar la transparencia y la seguridad en la gestión pública.
La causa de las habilitaciones truchas en Córdoba se suma a una larga lista de escándalos de corrupción que han afectado a la provincia en los últimos años. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones y los mecanismos de control para prevenir y sancionar la corrupción en todos los ámbitos de la administración pública.
Próximos Pasos en la Investigación
La fiscalía continúa recopilando pruebas y se espera que cite a declarar a más empresarios y funcionarios en las próximas semanas. La investigación se ha extendido a otras áreas, incluyendo la emisión de licencias de conducir apócrifas y habilitaciones para espectáculos públicos. El caso promete seguir generando novedades en los próximos meses.
Además de las imputaciones por cohecho, encubrimiento y uso de documento público falso, la fiscalía investiga la posible comisión de otros delitos, como asociación ilícita y lavado de dinero. Se espera que la investigación determine la responsabilidad de cada uno de los implicados y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de este escándalo de corrupción.
