Un escándalo sin precedentes ha sacudido los cimientos del Congreso peruano: una red de prostitución que operaba internamente, presuntamente orquestada por el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres. La trama se complica aún más con el asesinato de Andrea Vidal, ex asesora de Torres, y las evasivas respuestas del Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, sobre el conocimiento de trabajadoras con cuentas en OnlyFans. Este complejo entramado de acusaciones, negaciones y violencia ha generado una profunda crisis de confianza en la institución y ha puesto en el ojo público la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Jorge Torres: el supuesto arquitecto de la red
Según las acusaciones, Jorge Torres, cercano al partido derechista Alianza Para el Progreso, habría organizado una red de trabajadoras sexuales que ofrecían sus servicios a parlamentarios. El programa de televisión “Beto a Saber” destapó el caso, presentando el testimonio de una de las presuntas víctimas, quien aseguró que incluso el ex presidente del Congreso, Alejandro Soto, habría estado involucrado. Aunque Soto ha negado las acusaciones, la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar por presunto delito de explotación sexual. Torres, por su parte, ha rechazado categóricamente todas las imputaciones, calificándolas de infundadas y carentes de pruebas.
El asesinato de Andrea Vidal: una pieza clave del rompecabezas
La muerte de Andrea Vidal, ex asesora de Torres, ha añadido un sombrío capítulo a este escándalo. Vidal, quien fue cesada de su cargo en septiembre, fue acribillada a balazos junto al chofer del taxi en el que viajaba. Su asesinato, ocurrido pocos días antes del despido de Torres, ha levantado sospechas sobre una posible conexión con la red de prostitución. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente un vínculo, la coincidencia temporal y la cercanía de Vidal con el principal acusado han generado especulaciones sobre un posible intento de silenciar a una testigo clave.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, ha calificado la situación de grave y ha exigido una investigación exhaustiva para esclarecer tanto la presunta red de prostitución como el asesinato de Vidal. La muerte de la joven abogada ha conmocionado a la opinión pública y ha aumentado la presión sobre las autoridades para que se llegue al fondo del asunto.
OnlyFans y el Congreso: las negaciones de Giovanni Forno
En medio del escándalo, el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, ha sido interrogado sobre su conocimiento de la presunta red de prostitución y sobre si tenía conocimiento de alguna trabajadora del Congreso con una cuenta en OnlyFans. Forno ha negado categóricamente cualquier conocimiento sobre la red de prostitución y ha asegurado que, de haber tenido alguna sospecha, habría iniciado las investigaciones pertinentes. Sin embargo, sus respuestas sobre el tema de OnlyFans han generado controversia.
Forno afirmó no usar redes sociales, incluyendo OnlyFans, lo que le impediría saber si alguna trabajadora del Congreso tenía una cuenta en dicha plataforma. Esta declaración ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores, que consideran que, como Oficial Mayor, Forno debería estar al tanto de las actividades de los empleados del Congreso, especialmente si estas pudieran comprometer la imagen de la institución.
Un Congreso bajo la lupa: la necesidad de transparencia
Este escándalo ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el Congreso peruano. La presunta red de prostitución, el asesinato de Andrea Vidal y las evasivas respuestas de Giovanni Forno han generado una profunda crisis de confianza en la institución. La ciudadanía exige una investigación a fondo que no solo determine las responsabilidades individuales, sino que también implemente medidas para prevenir futuros casos de corrupción y abuso de poder.
El Congreso peruano se enfrenta a un momento crucial. La forma en que se maneje este escándalo determinará no solo la credibilidad de la institución, sino también la confianza de la ciudadanía en la democracia. La investigación en curso debe ser exhaustiva e imparcial, y sus resultados deben ser públicos y transparentes. Solo así se podrá restaurar la confianza en el Congreso y asegurar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro.
