El conflicto entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez escaló a nuevos niveles de tensión con la difusión de nuevas fotos que muestran a la ex primera dama con golpes en el rostro. Estas imágenes se suman a las denuncias de violencia de género que Yañez presentó contra el expresidente, así como a la batalla legal por la manutención millonaria de su hijo Francisco. La negativa de Yañez a entregar su celular a la justicia española para su peritaje suma otro elemento de complejidad al caso.
Nuevas pruebas fotográficas y la declaración de la madre de Yañez
La difusión de las fotografías de Fabiola Yañez con marcas en el rostro coincidió con la declaración de su madre, Miriam Verdugo Yañez, ante la justicia. Verdugo Yañez afirmó haber presenciado un episodio de violencia física por parte de Alberto Fernández hacia su hija durante el embarazo. Este testimonio refuerza las acusaciones de Yañez y añade presión sobre el expresidente, quien ya enfrenta una citación a indagatoria por violencia de género para el 11 de diciembre.
Si bien las fotos no forman parte del expediente judicial, su difusión pública genera un impacto mediático que podría influir en el desarrollo del caso. La querella, representada por los abogados Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallego, asocia estas imágenes a un episodio de violencia ocurrido en julio de 2021. La estrategia de filtrar información a la prensa, tanto por parte de la defensa como de la acusación, se ha convertido en una constante en este proceso judicial.
La disputa por la manutención millonaria
En paralelo a las acusaciones de violencia de género, se desarrolla una disputa legal por la manutención del hijo de Fernández y Yañez, Francisco. La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó una sentencia que obliga al expresidente a depositar el 30% de su jubilación de privilegio, que asciende a 17 millones de pesos, a Yañez en concepto de alimentos provisorios. Esto equivale a 5.100.000 pesos mensuales. Fernández también recibió un retroactivo de 32 millones de pesos este año.
El fallo judicial, firmado por los jueces Marisa Sorini, Ricardo Li Rosi y José Benito Fajre, se basa en la necesidad de garantizar las necesidades del menor mientras se define la cuota alimentaria definitiva. Sin embargo, las partes no han logrado llegar a un acuerdo en las mediaciones. Yañez rechazó la oferta de Fernández de un alquiler temporario en Argentina por un año, con un monto máximo de 1500 dólares mensuales, argumentando que es insuficiente para cubrir los gastos de vivienda, educación y salud en España, donde reside actualmente.
Las diferencias entre las partes son significativas: Fernández ofreció 3500 dólares mensuales para la manutención, mientras que Yañez reclama una suma mayor para cubrir los gastos de su hijo en España. La negativa de Yañez a mudarse a Argentina y las dificultades para llegar a un acuerdo en la mediación prolongan el conflicto legal y mantienen la tensión entre la expareja presidencial.
El celular de Yañez y el procedimiento frustrado en España
Un nuevo capítulo en el conflicto se abrió con la negativa de Fabiola Yañez a entregar su teléfono celular a la justicia española. El juez federal Julián Ercolini había solicitado una copia forense del dispositivo como parte de la investigación por violencia de género. La fiscalía española, tras dos intentos fallidos de obtener el celular, dio por cerrado el procedimiento de colaboración.
La defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, se opuso a que el peritaje se realizara en España, argumentando que debía ser la justicia argentina quien llevara a cabo el procedimiento. A pesar de que el juez Ercolini rechazó este recurso, la ausencia de Yañez a las citas programadas frustró la obtención de la prueba.
El faltazo de Yañez generó especulaciones y preocupación en el ámbito judicial. La ex primera dama publicó un mensaje en sus redes sociales expresando temor, lo que aumentó la incertidumbre sobre el contenido de su celular y su posible relevancia para la causa. La modelo Sofía Pacchi, examiga de Yañez, también se manifestó en redes sociales con un mensaje que sugiere temor, aumentando las especulaciones sobre el caso.
El futuro de la causa y las implicancias políticas
La negativa de Yañez a entregar su celular y la declaración de su madre ante la justicia marcan un punto de inflexión en el caso. El fiscal Ramiro González acelera la investigación, fijando la declaración de Sofía Pacchi y solicitando la intervención de la DATIP para analizar los llamados telefónicos entre las partes y mejorar la calidad del material fotográfico y audiovisual.
El conflicto entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez trasciende lo personal y se convierte en un asunto de interés público debido a las figuras involucradas y a las implicancias políticas del caso. Las acusaciones de violencia de género contra un expresidente y la batalla legal por la manutención millonaria mantienen la atención de la opinión pública y generan un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de la lucha contra la violencia machista.
La causa judicial se encuentra en una etapa crucial, con la indagatoria de Alberto Fernández programada para diciembre y la posibilidad de nuevas pruebas que podrían surgir del análisis de los registros telefónicos. El desarrollo del caso promete generar nuevas revelaciones y mantener la tensión en el escenario político y mediático argentino.
Este caso también abre interrogantes sobre el rol de los medios de comunicación en la cobertura de casos de violencia de género que involucran a figuras públicas. La difusión de imágenes y la filtración de información deben manejarse con responsabilidad para evitar la revictimización y proteger la privacidad de las personas involucradas. El equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la víctima es un desafío constante en este tipo de casos.
Más allá de las cuestiones legales, el conflicto entre Fernández y Yañez refleja una problemática social profunda: la violencia de género en Argentina. Las estadísticas muestran que la violencia machista es un problema endémico que afecta a miles de mujeres y que requiere una respuesta integral por parte del Estado y la sociedad. Este caso, por la visibilidad de las figuras involucradas, puede contribuir a visibilizar la problemática y generar un debate necesario para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
