La seguridad de los funcionarios públicos es una cuestión fundamental en cualquier democracia, pero en Argentina, el sistema de custodia para políticos se ha convertido en un foco de controversia. ¿Es realmente necesario el nivel de protección que reciben algunos funcionarios, o se trata de un privilegio costoso e injustificado que despilfarra recursos públicos? Este artículo analiza críticamente el sistema de custodia en Argentina, comparándolo con modelos internacionales más transparentes y eficientes, y propone mejoras para optimizar el uso de los fondos públicos en un contexto de creciente descontento ciudadano.
El costo de la seguridad: ¿quién paga la cuenta?
En Argentina, la Ley de Seguridad Interior establece la obligación del Estado de proteger a funcionarios públicos que se encuentren en situaciones de riesgo. Sin embargo, la falta de criterios claros y transparentes para determinar la necesidad de custodia ha dado lugar a abusos y despilfarro de recursos. Casos emblemáticos como el de Cristina Kirchner, con más de 120 agentes de seguridad, o el de exfuncionarios que mantienen custodia sin amenazas verificables, generan indignación en una sociedad que enfrenta problemas de inseguridad crecientes.
Este desajuste entre la protección de la élite política y la vulnerabilidad del ciudadano común erosiona la confianza en las instituciones y plantea serias dudas sobre la equidad en la distribución de los recursos públicos. ¿Es justo que los contribuyentes financien la seguridad personal de políticos retirados o sin riesgos reales, mientras las comisarías carecen de recursos básicos? La opacidad en torno al costo de estas custodias impide un debate público informado y perpetúa un sistema que privilegia a unos pocos en detrimento del bien común.
La falta de transparencia en la asignación de custodia se agrava por la dificultad de acceder a información precisa sobre su costo. La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, en principio una herramienta para el control ciudadano, se vuelve ineficaz ante la negativa de las autoridades a revelar datos sobre gastos en seguridad personal. Esta opacidad no solo impide evaluar la razonabilidad del gasto, sino que también fomenta la sospecha de corrupción y clientelismo. ¿A quién beneficia este secretismo? ¿Por qué se oculta información que debería ser pública?
Modelos internacionales: ejemplos de transparencia y eficiencia
A diferencia de Argentina, países como Suecia, España, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos han implementado sistemas de custodia más transparentes y eficientes. En Suecia, la austeridad y el pragmatismo son la norma: la custodia se otorga solo en casos de amenazas concretas e inmediatas, y su duración es limitada. Incluso tras el asesinato del primer ministro Olof Palme, Suecia priorizó el uso responsable de los recursos públicos, reforzando la evaluación de riesgos en lugar de extender privilegios indiscriminadamente.
España establece que la custodia no es permanente y debe basarse en informes de inteligencia que analicen la naturaleza y grado de las amenazas. En Canadá, los costos de la seguridad de funcionarios se publican en informes auditados. Reino Unido opera bajo un sistema de proporcionalidad donde las amenazas deben ser verificables y las decisiones, revisadas regularmente. Estados Unidos prioriza la seguridad de la población general y cesa la custodia una vez que desaparece la amenaza específica.
Estos ejemplos demuestran que es posible garantizar la seguridad de los funcionarios públicos sin incurrir en gastos excesivos ni opacidad. La clave reside en la transparencia en la asignación de recursos, la evaluación objetiva de riesgos, la rendición de cuentas y la revisión periódica de la necesidad de custodia. ¿Por qué Argentina no puede seguir estos modelos y optimizar el uso de los fondos públicos?
Propuestas para un sistema de custodia más justo y eficiente en Argentina
Para terminar con el privilegio de la custodia y asegurar un uso responsable de los recursos públicos, Argentina necesita implementar reformas urgentes. Es fundamental establecer criterios objetivos y transparentes para la asignación de custodia, basados en la evaluación de riesgos reales e inminentes, no en el status político o las conexiones personales. La opacidad debe ser reemplazada por la transparencia: el costo de la custodia debe ser público y auditado.
- Reglamentar la asignación de custodia: Definir parámetros claros y objetivos para determinar la necesidad de protección, basados en análisis de riesgos reales e inminentes, con revisiones periódicas y plazos máximos.
- Evaluaciones objetivas e independientes: Crear un organismo independiente encargado de evaluar la necesidad de custodia, evitando la discrecionalidad y los conflictos de interés.
- Transparencia en los costos: Publicar informes periódicos y detallados sobre los gastos en custodia, accesibles a la ciudadanía, incluyendo los de expresidentes y sus familiares.
- Prohibición de tareas ajenas a la seguridad: Establecer sanciones penales para el uso de la custodia para fines personales o actividades no relacionadas con la seguridad.
- Límite a la extensión de la custodia: Evitar la asignación indefinida de custodia a exfuncionarios, asegurando que se retire la protección cuando cese la amenaza.
Estas medidas, inspiradas en las mejores prácticas internacionales, permitirán optimizar el uso de los recursos públicos, fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad de los funcionarios de manera justa y eficiente. Es hora de que Argentina deje de financiar privilegios y se concentre en las necesidades reales de la ciudadanía.
