La politización de la justicia argentina es un tema recurrente que se ha manifestado en diversos momentos de la historia, incluyendo la actualidad. La designación de jueces y fiscales, en lugar de basarse en criterios objetivos como la idoneidad y la trayectoria, suele estar influenciada por intereses políticos, lo que compromete la imparcialidad del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía en el mismo. Este artículo analiza críticamente la influencia de la política en los nombramientos judiciales en Argentina, especialmente en Córdoba y a nivel nacional, para generar un debate sobre la necesidad de una justicia independiente.
El poder como fuerza expansiva y la necesidad de límites
El poder, por su propia naturaleza, tiende a expandirse y a controlar todas las esferas de la sociedad. Los sistemas republicanos y el constitucionalismo, mediante la división de poderes, buscan limitar esa expansión y garantizar el equilibrio entre las diferentes ramas del Estado. Sin embargo, en Argentina, la separación de poderes se ha visto debilitada por la injerencia de la política en el ámbito judicial. Esta situación se evidencia en la forma en que se realizan los nombramientos de jueces y fiscales, donde la afinidad política suele primar sobre la capacidad y la experiencia.
La historia argentina está plagada de ejemplos que demuestran cómo los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, han utilizado el nombramiento de jueces para asegurar fallos favorables a sus intereses. Esta práctica no se limita a un partido político en particular, sino que ha sido una constante a lo largo del tiempo. El kirchnerismo, con su intento de reformar la Constitución para abolir la división de poderes, representa un caso paradigmático de esta problemática. Sin embargo, otros gobiernos también han incurrido en prácticas similares, aunque con diferentes matices.
La designación de jueces en la era Milei: ¿continuidad o cambio?
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, se abre un nuevo capítulo en la relación entre el poder político y la justicia. Las dos vacantes en la Corte Suprema, la jefatura de los fiscales y más de un centenar de juzgados federales en juego, representan un botín político que puede definir el rumbo del país en los próximos años. La postulación de Ariel Lijo a la Corte, un candidato con cuestionamientos sobre su idoneidad, genera preocupación sobre la posibilidad de que la justicia se convierta en un instrumento al servicio del poder político.
Milei, al igual que Cristina Kirchner y buena parte de los gobernadores, se ha involucrado en un complejo juego de negociaciones para asegurar el nombramiento de jueces afines a sus intereses. Este toma y daca pone en evidencia la importancia estratégica que la justicia tiene para el poder político. La necesidad de Cristina Kirchner de influir en la Corte para resolver sus problemas penales, la intención de Milei de alinear al máximo tribunal con sus políticas, y las aspiraciones hegemónicas del gobernador Llaryora en Córdoba, demuestran que la justicia se ha convertido en un campo de batalla político.
El caso de Córdoba: la partidización de la justicia a nivel provincial
Córdoba, al igual que la Nación, no ha sido ajena a la politización de la justicia. La historia de la provincia muestra cómo los sucesivos gobiernos, tanto radicales como peronistas, han utilizado el nombramiento de jueces para consolidar su poder. La renuncia de Roberto Lousteau Bidaut al Tribunal Superior para postularse como constituyente radical, y su posterior regreso a la presidencia del Poder Judicial tras una reforma constitucional a medida del gobernador Angeloz, es un ejemplo emblemático de esta práctica.
La creación de la “cámara del perdón” durante el gobierno de Angeloz, un tribunal de apelaciones que beneficiaba a los acusados en causas penales, y la ineficacia del Fuero Anticorrupción durante las gestiones peronistas, son ejemplos de cómo la politización de la justicia puede afectar el funcionamiento del sistema y la lucha contra la corrupción. En la actualidad, la postulación de una abogada radical para el máximo tribunal por parte del gobernador Llaryora, a pesar de las críticas del oficialismo, demuestra la continuidad de esta práctica.
¿Hacia una justicia independiente?: La necesidad de un debate social
La politización de la justicia es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho. Un sistema judicial independiente es fundamental para garantizar la igualdad ante la ley, la protección de los derechos ciudadanos y la lucha contra la corrupción. Para lograr este objetivo, es necesario un debate social profundo que involucre a todos los sectores de la sociedad.
Es necesario impulsar reformas que garanticen la transparencia y la objetividad en los procesos de selección de jueces y fiscales. La implementación de concursos públicos de oposición y antecedentes, la participación de la sociedad civil en la evaluación de los candidatos y la limitación de la influencia política en los nombramientos, son algunas de las medidas que podrían contribuir a una mayor independencia judicial. Además, es fundamental promover una cultura de respeto por la ley y la independencia judicial en todos los ámbitos de la sociedad.
La justicia no debe ser un instrumento al servicio del poder político, sino un garante de los derechos de todos los ciudadanos. Solo a través de un sistema judicial independiente y transparente, Argentina podrá consolidar su democracia y garantizar un futuro más justo e igualitario para todos.
El debate sobre la independencia judicial es una tarea urgente que requiere la participación activa de la ciudadanía. Es necesario exigir a los representantes políticos que asuman un compromiso real con la transparencia y la meritocracia en la designación de jueces y fiscales. El futuro de la democracia argentina depende, en gran medida, de la capacidad de construir un sistema judicial que esté al servicio de la justicia y no del poder.
