El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra en el centro de una polémica reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. El plan, que ha generado un fuerte rechazo entre exdirectores, consejeros y trabajadores del organismo, incluye la posible venta de tierras y edificios, lo que ha derivado en denuncias por corrupción y acusaciones de un “desguace” sistemático de la institución.
Rechazo al plan de modernización
El proyecto de modernización del INTA ha recibido críticas contundentes de diversos sectores. Exdirectores y consejeros del organismo han expresado su preocupación por la falta de consenso y la posible desarticulación del INTA, afirmando que el plan no se basa en un debate amplio ni considera las particularidades regionales. La venta de campos experimentales, esenciales para la investigación y el desarrollo agropecuario, es un punto particularmente conflictivo.
En una carta firmada por 29 exdirectores, se advierte que este plan pone en peligro la naturaleza estratégica del INTA, alertando sobre las consecuencias negativas para la producción nacional. El documento argumenta que sin la garantía de que la institución opere como una política de Estado, la institución estaría condenada al debilitamiento y comprometería su capacidad para aportar al desarrollo del país.
El Consejo Regional Patagonia Norte-INTA también manifestó su desacuerdo, señalando que el INTA ha demostrado una alta capacidad de transformación a lo largo de su historia para responder a las demandas del sector socio-productivo. Señalan que las transformaciones siempre se han basado en un trabajo conjunto entre el sector público y privado, y que el consenso de todos los actores es vital para cualquier cambio de esta magnitud. La preocupación reside en que el plan propuesto no sólo ignora este proceso de colaboración sino que podría perjudicar gravemente la producción regional y las cadenas frutícola, hortícola y ganadera. Destaca la reducción de personal (más del 20%) y la falta de nuevos ingresos en más de una década.
Desde el Consejo del Centro Regional Patagonia Sur-INTA, se resalta la importancia trascendental del INTA en la región en cuanto al aporte de información, conocimientos, servicios y capacitación, enfatizando la necesidad de mantener la presencia territorial y equipos motivados y formados.
El Consejo Centro Regional Entre Ríos también expresó su alarma por los programas de reestructuración. Destaca que el INTA es una institución modelo por su gobernanza y mecanismos de participación, asegurando que repensar al INTA para que sea un referente nacional e internacional requiere de un debate responsable sobre propuestas de mejora en todas sus instancias de gobernanza.
Venta de tierras y edificios: denuncias por corrupción
La decisión de poner a la venta tierras e inmuebles del INTA ha generado una fuerte controversia. Se han presentado denuncias penales por estafa, administración fraudulenta y abuso de autoridad contra el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Alberto Pakgojz. Una de las denuncias se enfoca en la venta del emblemático edificio en la calle Cerviño, en Buenos Aires, a un precio considerado significativamente inferior al de mercado.
El abogado denunciante argumenta que la AABE, pasando por encima del Consejo Directivo del INTA, ha llevado a remate 84 inmuebles, incluyendo el edificio de Cerviño, a un precio vil. La denuncia sostiene que el INTA, como entidad autárquica con patrimonio propio, solo puede disponer de sus bienes mediante la decisión de su Consejo Directivo. Por tanto, las acciones emprendidas por la AABE y el presidente del INTA serían ilegales, constituyendo una estafa.
Se destaca que el edificio de Cerviño fue adquirido por el INTA en 1967, y la resolución de la AABE que ordena su desafectación del uso institucional es considerada ilegal ya que no cuenta con la aprobación del Consejo Directivo del INTA. La denuncia incluye la comparación de precios, entre el precio base de subasta y la tasación más reciente de INTA, para evidenciar la infravaloración deliberada del inmueble.
Además de la denuncia por la venta del edificio de Cerviño, existen otras preocupaciones en torno a la venta de otras propiedades del INTA. La falta de transparencia en el proceso de venta, sumada a la preocupación por la pérdida de recursos y espacios de investigación, ha alimentado las sospechas de irregularidades y malversación de fondos públicos.
El INTA y el desafío de la modernización
Si bien la necesidad de modernizar el INTA es innegable, la forma en que el Gobierno ha llevado adelante el proceso es cuestionada. La falta de diálogo, la opacidad en la toma de decisiones y la sospecha de maniobras ilegales para la venta de bienes del INTA han generado una crisis de confianza. La situación ha puesto en entredicho la capacidad del Gobierno para gestionar de manera eficiente y transparente un ente fundamental para el desarrollo agropecuario del país.
La preocupación se centra en que la “modernización” no sea una excusa para un desmantelamiento de la institución y la transferencia de activos a manos privadas, en detrimento del interés público y el desarrollo tecnológico e investigación nacional. A su vez se cuestiona el argumento gubernamental de desvincular la institución de la “militancia política”, interpretándose como una estrategia para recortar presupuestos y limitar los programas con un fuerte impacto social, como Pro Huerta.
El debate no se limita a la cuestión económica, sino que también incluye la pérdida de patrimonio cultural e histórico de la institución y el potencial impacto negativo en el desarrollo de la investigación y el crecimiento de la producción agropecuaria argentina.
Mientras tanto, las movilizaciones de los trabajadores del INTA, junto a las denuncias judiciales, reflejan la contundente oposición a este plan de reestructuración. La situación plantea interrogantes sobre el futuro del INTA y el rol del Estado en la promoción de la investigación y el desarrollo agropecuario en Argentina.
El conflicto revela la profunda tensión existente entre la necesidad de adaptar el INTA a las nuevas realidades económicas y tecnológicas, y la preocupación por la preservación de su rol estratégico y su independencia. La falta de una gestión clara, transparente y participativa abre un interrogante sobre las verdaderas intenciones tras el plan de modernización.
Queda por verse cómo evolucionará esta situación y qué impacto tendrá en el futuro del INTA, su investigación y, a fin de cuentas, en el desarrollo de un sector fundamental para la economía argentina. La presión social y la judicialización del caso probablemente jueguen un rol determinante en la resolución de este conflicto.
