El Gobierno argentino ha lanzado un “Operativo Felices Fiestas” con el objetivo de reactivar el consumo durante las celebraciones de fin de año, impulsando una serie de medidas para contener la inflación y estimular las ventas. Esta iniciativa se enmarca en un contexto económico complejo, donde la gestión de Javier Milei se enfrenta al desafío de controlar la inflación y sentar las bases para una recuperación sostenida. Las estrategias apuntan a una combinación de políticas que abarcan desde la flexibilización de importaciones hasta una contención en el aumento de las tarifas de servicios públicos.
La apuesta por la desaceleración inflacionaria
La reciente desaceleración de los precios mayoristas en octubre, alcanzando una tasa del 1,2%, ha generado optimismo en el Gobierno. Esta cifra representa la menor inflación mayorista desde mayo de 2020 y la más baja para un mes de octubre desde 2016. Este descenso se atribuye, en parte, a la caída de los precios de los productos importados, un factor crucial que el equipo económico busca controlar para lograr una inflación cercana al 1%.
Para profundizar esta tendencia a la baja, se han tomado medidas como la ampliación del monto permitido para importar productos vía Courier, de u$s 1.000 a u$s 3.000. Esta medida, junto con otras iniciativas para fomentar la entrada de productos del exterior, se espera que tenga un impacto directo en la oferta de bienes de consumo, incrementando la competencia y, en consecuencia, reduciendo los precios.
El Gobierno estima que la tendencia se fortalecerá en las próximas semanas, basado en la creencia de que muchos sectores aún no han ajustado completamente sus precios por la baja del dólar, manteniendo costos basados en una divisa de u$s 1.500. Por otro lado, el anuncio presidencial de reducir el ritmo de depreciación del peso del 2% al 1% mensual, a través de una política de crawling peg, busca anclar las expectativas de inflación y contribuir a la estabilidad del precio del dólar.
Estas estrategias se centran en generar expectativas positivas sobre la inflación, con el objetivo de que las empresas reaccionen ajustando a la baja los precios de venta, y esto genere una reactivación del consumo, principalmente en sectores clave como la indumentaria, que registró un fuerte aumento de precios en la primera mitad del año.
Alivianar la carga sobre el consumo: tarifas y más
En la estrategia del Gobierno para dinamizar la economía y el consumo, una pieza clave son las tarifas de servicios públicos. La decisión de postergar la revisión tarifaria de luz y gas hasta el primer trimestre de 2024 responde a la necesidad de evitar un impacto negativo en la inflación. Las audiencias públicas están programadas entre la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero, con las nuevas tarifas esperadas para un mes después, con la implementación de compromisos quinquenales para inversiones millonarias en infraestructura.
La postura del ministro de Economía es clara: no se autorizarán nuevos aumentos para empresas distribuidoras claves como Edenor, Edesur, entre otras. Se permitirán solo incrementos puntuales para asegurar la solvencia de las compañías. Aunque existe una fuerte presión del sector energético, con solicitudes de incrementos que superan el 60%, el Gobierno busca distribuir esos ajustes en cuotas a lo largo del 2025 para evitar un shock inflacionario.
Si bien esta estrategia de contención tarifaria presenta el riesgo de comprometer las inversiones en infraestructura y la posibilidad de cortes en el suministro de energía, varias empresas del sector se mostraron dispuestas a colaborar con el plan del Gobierno. La oferta de renovación a largo plazo de los contratos de concesión se presenta como un incentivo crucial para su cooperación. Las perspectivas a futuro de estas empresas se ven en un horizonte de 35 años de concesiones, incentivando su colaboración a corto plazo con el plan oficial.
Preocupaciones de la industria y el desafío de la competitividad
La apuesta del Gobierno por una mayor apertura importadora ha generado reacciones diversas. Si bien esta política podría generar más opciones de bienes y contribuir a la contención inflacionaria, la Unión Industrial Argentina (UIA) ha manifestado sus preocupaciones, destacando la necesidad de igualar las condiciones para las industrias nacionales para evitar mayores pérdidas de empleos.
La UIA argumenta que la carga fiscal y la falta de infraestructura representan importantes barreras a la competencia. Por ello, solicita al gobierno medidas que mejoren la competitividad y el desarrollo industrial del país, simultáneamente con las medidas de apertura comercial. Las PyMEs del interior del país son las que más podrían resultar perjudicadas, acentuando una pérdida de empleo que supera ya los 30 mil puestos desde agosto del 2023. Se necesita entonces un plan de acción en paralelo que mejore la productividad y la competitividad de las empresas nacionales.
En resumen, el “Operativo Felices Fiestas” es una apuesta del Gobierno por incentivar el consumo en el contexto de un difícil escenario económico. Si bien las medidas buscan reducir la inflación y dinamizar las ventas, su éxito dependerá del equilibrio entre la contención de precios, la reactivación del consumo y la atención de las preocupaciones de sectores estratégicos de la industria nacional. La coordinación entre medidas para controlar la inflación y acciones para mejorar la productividad local será fundamental para evaluar la eficiencia del plan a corto y largo plazo.
El éxito del operativo dependerá del buen funcionamiento de múltiples factores. El balance entre el control de la inflación y el estímulo al consumo, sin perjudicar la actividad industrial local, resulta un desafío complejo. El gobierno apostará a la efectividad de un plan económico que se centra en la baja de precios importados, un dólar estable y la contención de las tarifas de servicios públicos, aunque el futuro dependerá de la reacción del mercado y del impacto real de cada una de las medidas.
