El gobierno argentino se enfrenta a un crucial dilema en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Dos vacantes necesitan ser cubiertas, y el camino para lograrlo presenta dos opciones con implicaciones políticas significativas: la designación por el Congreso o la vía del decreto, un atajo constitucional que ha generado debate y controversia en el pasado.
El camino del Congreso: un proceso complejo, pero legítimo
El mecanismo constitucional establece un proceso para la designación de jueces de la Corte Suprema que involucra la presentación de los pliegos al Senado, audiencias públicas para evaluar la idoneidad de los candidatos y, finalmente, una votación en la que se requiere el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes. Este camino, si bien es más largo y complejo, garantiza un mayor grado de legitimidad y consenso.
En este caso, el gobierno ha propuesto a Manuel Garc�a-Mansilla, un reconocido jurista y catedrático, y a Ariel Lijo, juez federal, para cubrir las vacantes. Si bien ambos han superado las audiencias públicas, el proceso en el Congreso se encuentra estancado debido a la necesidad de alcanzar el consenso necesario para obtener los dos tercios de votos. Esta falta de acuerdo pone de manifiesto la complejidad del sistema y los desafíos para alcanzar una designación legítima.
El decreto: un atajo constitucional, con consecuencias políticas
El artículo 99 de la Constitución Nacional establece una excepción a este procedimiento: si las vacantes se producen durante el receso del Congreso, el Presidente puede designar jueces interinos mediante decreto. Esta herramienta ha sido utilizada en el pasado por diferentes gobiernos, generando fuertes controversias.
El antecedente más relevante es la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante el gobierno de Mauricio Macri. Inicialmente, Macri designó jueces en comisión mediante decreto, pero las fuertes críticas obligaron al gobierno a rectificar el procedimiento, recurriendo finalmente al consenso parlamentario y la aprobación en el Senado. Este hecho deja entrever las posibles consecuencias políticas de usar este atajo constitucional. Si se recurriera a esta herramienta, la decisión tendría una alta probabilidad de ser percibida como una maniobra política con el fin de sortear la negociación y el consenso necesarios en el Senado, lo que podría aumentar la tensión política y alimentar las críticas de falta de institucionalidad.
El dilema de Garc�a-Mansilla
Manuel Garc�a-Mansilla se encuentra en el centro de este dilema. Durante las audiencias públicas en el Senado, manifestó su postura personal sobre la cuestión, explicando que en el pasado se había mostrado a favor de la validez constitucional del decreto pero que, en retrospectiva, considera que hay otros factores, más allá de los puramente jurídicos, que se deben considerar, tales como la reputación del tribunal y las consecuencias políticas.
Sus declaraciones evidencian la complejidad de la decisión que el gobierno debe tomar. Si bien no ha descartado la posibilidad de aceptar la designación por decreto, sus declaraciones reflejan un profundo conocimiento de las consecuencias políticas negativas que esto podría generar. El dilema para el gobierno reside en encontrar un equilibrio entre la urgencia de cubrir las vacantes y la necesidad de mantener la legitimidad y el funcionamiento eficiente de la Corte Suprema.
Consideraciones Finales
El futuro de la Corte Suprema de Justicia argentina pende de un hilo. La decisión del gobierno de elegir entre la designación por el Congreso o por decreto tendrá implicaciones políticas de largo alcance. Independientemente de la decisión que se tome, es crucial que se privilegie la búsqueda de consensos y la defensa del Estado de Derecho. El respeto a las normas constitucionales y la búsqueda de legitimidad en las designaciones son cruciales para garantizar la independencia y fortaleza del Poder Judicial en Argentina.
El debate continúa abierto, y la decisión del gobierno tendrá un impacto duradero en el panorama político y judicial del país. El dilema de la Corte Suprema es, en esencia, un dilema entre la legalidad técnica y la legitimidad política. Sólo el tiempo dirá qué camino se elegirá y qué consecuencias tendrá dicha decisión.
