Dos muertes recientes en circunstancias similares han sacudido a la provincia de Buenos Aires: electrocuciones fatales que nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Simple accidente o algo más turbio? Analicemos los casos, que no hacen más que alimentar las teorías conspirativas y las críticas al sistema judicial.
Muerte en la pileta: ¿accidente o negligencia?
Lucas Maximiliano Galeano, un hombre de 46 años con tobillera electrónica por una causa de encubrimiento, encontró la muerte en su pileta. Oficialmente, un accidente. Pero, ¿acaso alguien revisó la instalación eléctrica de la vivienda? ¿Acaso la justicia le brindó las condiciones adecuadas para cumplir con su arresto domiciliario? Las dudas permanecen, mientras las imágenes de su tobillera y su cuerpo inerte en el agua recorren las redes sociales, alimentando la indignación.
El relato oficial habla de una descarga eléctrica mientras limpiaba la pileta, y lo trasladaron al Hospital San Roque de Gonnet. Llegó sin vida. La fiscal Virginia Bravo encabeza la investigación, caratulada como “averiguación de causales de muerte.” ¿Será suficiente para calmar a quienes exigen justicia, o quedará todo en la impunidad?
La tobillera electrónica, un símbolo de un sistema que parece controlar pero no protege. ¿Quién controla el estado de las instalaciones eléctricas de las viviendas donde se cumple prisión domiciliaria? ¿Existe un protocolo adecuado para garantizar la seguridad de las personas en estas condiciones? La pregunta es simple, y la respuesta nos arrojaría luces sobre la responsabilidad del Estado en este trágico desenlace. ¿O acaso este incidente simplemente sirve para tapar otras fallas mayores del sistema judicial?
Ladrón electrocutado: ¿justicia poética o negligencia?
Del otro lado de la moneda, tenemos a Tobías Ezequiel Suárez Indart, un joven ladrón de 20 años con antecedentes penales. En un intento de robo en Belén de Escobar, encontró su fin en la forma más cruel e irónica. Una descarga eléctrica, en una conexión clandestina, según los reportes policiales. Pero más allá del drama, ¿qué responsabilidad tiene la empresa prestadora del servicio eléctrico? ¿Deberían endurecerse las penas por conexiones clandestinas para evitar futuros incidentes de este calibre?
La imagen de Suárez Indart, tendido sin vida en un agujero del cerco, recuerda la precariedad de las medidas de seguridad en muchas propiedades. Pero la precariedad también está presente en las instalaciones eléctricas de la zona, según señalan los vecinos, quienes piden una revisión urgente de las infraestructuras. ¿Es este otro caso de negligencia estatal, que se manifiesta en un accidente fatal? No lo podemos descartar con facilidad, dado el contexto en el que sucede. Parece ser el hilo conductor común en ambos casos.
En la búsqueda de respuestas, nos topamos con un sistema judicial que parece operar bajo la lógica del mínimo esfuerzo. La muerte de Galeano genera más interrogantes que respuestas. ¿Se investigará con rigor la posible negligencia en las condiciones de su prisión domiciliaria? ¿Se auditará la instalación eléctrica de su casa? Las preguntas quedan en el aire, y la respuesta se ve poco probable. Por otro lado, la muerte de Suárez Indart expone el riesgo de las conexiones clandestinas. ¿Se adoptarán medidas preventivas? ¿Se sancionará con mayor severidad la realización de estas conexiones?
El peso de la impunidad
Dos muertes por electrocución. Dos historias que, a pesar de sus diferencias, nos hablan de la misma realidad: una sociedad que se desmorona ante la ineficacia estatal, la corrupción, y la impunidad. La muerte de Galeano abre un debate sobre las responsabilidades del Estado en la seguridad de quienes cumplen arresto domiciliario. La muerte de Suárez Indart resalta la necesidad de soluciones integrales para los problemas de seguridad y las deficiencias infraestructurales. ¿Alguien tomará nota de esto, o todo seguirá igual?
Mientras la indignación recorre las redes sociales y los familiares de las víctimas claman por justicia, la sensación de impunidad es palpable. ¿Se investigará a fondo cada caso? ¿Se tomarán medidas para prevenir tragedias similares? Las próximas semanas y meses nos dirán si la muerte de estas dos personas significó algo más que un simple titular de noticias.
Mientras tanto, queda el amargo sabor de la injusticia, el cuestionamiento al sistema, y la pregunta inevitable: ¿cuántas muertes más se necesitan para que las autoridades actúen de forma efectiva?
