El Gobierno argentino ha anunciado una drástica simplificación de los trámites para la importación y fabricación de electrodomésticos. La medida, que entrará en vigor próximamente, elimina la obligación de ensayos de eficiencia energética en el país, la certificación anual obligatoria (incluso para fábricas extranjeras), y el permiso de comercialización previo a la venta. Esta desregulación, según el Ejecutivo, busca reducir los costos y, por ende, los precios finales para el consumidor.
Los beneficios anunciados: ¿mayor competencia y precios más bajos?
Las autoridades argumentan que la eliminación de barreras burocráticas fomentará la competencia en el mercado de electrodomésticos, llevando a una mayor oferta de productos y, consecuentemente, a una disminución de los precios. Se espera que la medida beneficie a más de 150 empresas importadoras y fabricantes. El Gobierno proyecta un impacto significativo en el costo final de artículos como heladeras, lavarropas, televisores, aires acondicionados y otros electrodomésticos de uso doméstico, incluyendo hornos eléctricos, lámparas y lavavajillas.
La simplificación de trámites incluye la eliminación de la necesidad de un permiso de comercialización en la Secretaría de Industria y Comercio, así como la verificación obligatoria por parte de la Aduana. Las empresas, ahora, solo necesitarían cumplir con condiciones básicas y suscribir una declaración jurada para comercializar sus productos. Esta medida se alinea con la política general del gobierno de desregulación económica, buscando impulsar la actividad privada y atraer inversiones extranjeras.
Las sombras de la desregulación: ¿riesgo para la calidad y la seguridad?
Sin embargo, la eliminación de los controles de eficiencia energética y las auditorías anuales genera incertidumbre sobre la calidad y la seguridad de los productos que ingresarán al mercado. La medida, si bien pretende beneficiar al consumidor con precios más bajos, abre la posibilidad de una proliferación de electrodomésticos de baja calidad, con un potencial riesgo para la seguridad de los usuarios. Antes de esta medida, los ensayos garantizaban un mínimo estándar de rendimiento y consumo, además de los protocolos de seguridad obligatorios.
La eliminación de la certificación obligatoria también podría beneficiar la importación de productos que no cumplan con los estándares de seguridad internacionales o nacionales, exponiendo a los consumidores a un mayor riesgo de accidentes. Asimismo, se abre la puerta a la importación de productos que sean energéticamente ineficientes, aumentando el consumo y potencialmente el costo de la energía para el consumidor a largo plazo.
Expertos en el sector advierten sobre la importancia de mantener un control adecuado, aunque flexible, para asegurar la calidad y seguridad de los electrodomésticos. Señalan que la mera declaración jurada no es una garantía suficiente para evitar la entrada de productos defectuosos o que no cumplan con las normas de seguridad. Se necesitan mecanismos de control post-venta eficientes para detectar y rectificar cualquier problema.
El impacto en la industria nacional: un dilema entre la competencia y la protección
La medida también genera un debate sobre el impacto en la industria nacional de electrodomésticos. Si bien la desregulación busca estimular la competencia, algunos fabricantes locales expresan preocupación por la posibilidad de ser desplazados por importaciones masivas de productos baratos que no cumplen con los mismos estándares de calidad. En el pasado, una política proteccionista para proteger la producción local generó ciertos problemas, mientras que algunos afirman que la falta de políticas públicas para este tipo de situación genera más inconvenientes.
La declaración jurada de las empresas, según el Gobierno, reduce la burocracia, pero la eliminación de la fiscalización post-venta también puede ser una debilidad, permitiendo importaciones fraudulentas y perjudicando la competencia justa. Esta flexibilización podría, irónicamente, terminar frenando el crecimiento de la industria local al saturar el mercado con productos de menor costo, pero también de menor calidad, relegando a empresas que cumplen con los estándares de producción y seguridad.
El desafío de equilibrar la desregulación con la protección al consumidor
El Gobierno argentino enfrenta el desafío de equilibrar su objetivo de desregular la economía y fomentar la competencia con la necesidad de proteger a los consumidores de posibles riesgos asociados a la baja calidad y a la falta de seguridad de los productos. La medida implementada plantea una disyuntiva entre una potencial baja de precios a corto plazo y un riesgo latente para la salud y la seguridad de la población a largo plazo.
Un control más riguroso de la calidad en aduana y un sistema eficiente de monitoreo post-venta se presentan como medidas complementarias necesarias para mitigar estos riesgos. La transparencia en cuanto a los estándares mínimos de calidad exigibles podría ser crucial en esta medida. Solo así, se podrá garantizar que la desregulación beneficie tanto a los consumidores como a la industria nacional.
