La ciudad de Córdoba se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra a una red de profesionales, entre ellos médicos y abogados, acusados de defraudar a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) por montos millonarios. El fiscal Enrique Gavier ordenó la detención de diez personas, destapando un esquema de fraude que se estima podría involucrar a más de cien casos y que operaba con la presunta complicidad de miembros del sindicato Surrbac, que representa a los recolectores de basura.
Un entramado de engaños y corrupción
La investigación, llevada adelante por el fiscal Gavier, reveló una compleja trama de engaños que involucraba la falsificación de certificados médicos para simular dolencias y accidentes laborales inexistentes. Los abogados detenidos, entre ellos Juan José Paz, Andrés Ceballos Garip, Jonatan Nahuel Ponte, Carlos Nicolás Domínguez y Marcelino Leonel Gómez, se encargaban de presentar las demandas fraudulentas ante la ART. Los médicos Raúl Hilario Mamani, Tomás Campillo y Guillermo Aldo Marcón, por su parte, eran los responsables de emitir los certificados médicos falsos que respaldaban las reclamaciones.
La presunta participación del sindicato Surrbac agrega otra capa de complejidad al caso. Dos afiliados al gremio también fueron detenidos, y se sospecha que podrían existir muchos más casos relacionados con recolectores de basura. La hipótesis que maneja la fiscalía es que los trabajadores, con la complicidad de los profesionales, simulaban lesiones o enfermedades para cobrar indemnizaciones de la ART mientras continuaban trabajando con normalidad.
El modus operandi: certificados falsos y una maquinaria legal
El esquema de fraude funcionaba como una aceitada maquinaria. Los trabajadores, supuestamente asesorados por los abogados implicados, se presentaban ante los médicos cómplices para obtener certificados médicos falsos que detallaban lesiones o enfermedades inexistentes. Con esta documentación, los abogados iniciaban demandas contra la ART, que en muchos casos se resolvían con el pago de importantes sumas de dinero a los reclamantes.
La fiscalía sospecha que el estudio jurídico de Juan José Paz, ubicado en el barrio General Paz de Córdoba, era el centro de operaciones de la red. Paz, quien se promocionaba en redes sociales como especialista en accidentes laborales y enfermedades profesionales, habría coordinado las acciones de los demás implicados, asegurando la presentación de las demandas y el cobro de las indemnizaciones.
Antecedentes de fraude a ART en Córdoba: La “industria del juicio”
Las estafas a las ART no son un fenómeno nuevo en Córdoba. La provincia tiene un historial de casos similares, algunos de gran envergadura, que han derivado en condenas para abogados, médicos y particulares. Estos casos, conocidos como la “industria del juicio”, han generado pérdidas millonarias para las aseguradoras y han puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema.
En 2019, la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba condenó a cuatro abogados y tres médicos por asociación ilícita y estafa procesal continuada. En otro caso resonante, el abogado Horacio Dujovne y varios miembros de su familia fueron sentenciados por defraudación a una ART mediante la presentación de cientos de reclamos falsos.
Estos antecedentes demuestran la existencia de un problema sistémico que facilita este tipo de delitos. La falta de controles efectivos, la complejidad de los procesos judiciales y la posibilidad de obtener importantes beneficios económicos son factores que contribuyen a la proliferación de estas prácticas fraudulentas.
Impacto económico y social del fraude
El fraude a las ART no solo genera pérdidas económicas para las aseguradoras, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad en su conjunto. El aumento de las primas, la disminución de la cobertura y la desconfianza en el sistema son algunas de las consecuencias que afectan tanto a los empleadores como a los trabajadores.
Además, este tipo de delitos desprestigia la labor de los profesionales honestos y mina la credibilidad del sistema judicial. La impunidad de los responsables fomenta la repetición de estas prácticas, generando un círculo vicioso que perjudica a todos.
Próximos pasos en la investigación
El fiscal Gavier continúa con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. Se espera que el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos, incluyendo celulares, computadoras y archivos, aporte nuevas pruebas que permitan determinar la magnitud del fraude y la responsabilidad de cada uno de los implicados.
La justicia deberá determinar si existió una organización criminal dedicada a estafar a la ART y si el sindicato Surrbac tuvo un rol activo en el esquema. El caso promete nuevos desarrollos y podría tener un impacto significativo en el ámbito político y social de la provincia de Córdoba.
