El decreto de necesidad y urgencia 614/2024, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ha generado una fuerte controversia y un desafío legal por parte de la Iniciativa Ciudadana para el Control de los Servicios de Inteligencia (ICCSI). Este decreto establece la creación de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y le otorga amplias facultades de vigilancia que, según los críticos, atentan contra los derechos fundamentales de la población.
Un DNU con Implicancias Graves para las Libertades Fundamentales
El principal argumento de la ICCSI y quienes presentan esta acción legal reside en que el DNU 614/2024 permite la interceptación masiva de comunicaciones, incluyendo conversaciones telefónicas, correos electrónicos y chats. Además, habilita la recolección de datos de bases y bancos de datos privados, sin especificar criterios claros de relevancia. Esto abre las puertas a una vigilancia indiscriminada sin las garantías constitucionales necesarias.
La falta de precisión en el decreto preocupa profundamente. No se delimitan los casos en que se pueden interceptar comunicaciones, el tipo de información que se puede obtener o el procedimiento a seguir. Tampoco hay límites sobre el volumen de datos recolectados ni un mecanismo para su control, abriendo la posibilidad a un abuso desmedido del poder estatal.
La Acción Legal y sus Fundamentos
La ICCSI ha presentado una acción colectiva ante el fuero contencioso administrativo federal, solicitando la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del DNU. Se argumenta que el decreto vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales, como el derecho a la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión y la autodeterminación informativa.
En concreto, el desafío judicial se basa en la vaguedad del decreto, la falta de controles y la potencial violación de la división de poderes. Al otorgar a la AFC facultades tan amplias y sin la debida supervisión, el gobierno estaría excediendo sus atribuciones y menoscabando el sistema democrático de controles y contrapesos.
Antecedentes y Riesgos de la Vigilancia Masivas
La historia argentina registra antecedentes preocupantes de prácticas de vigilancia ilegales por parte de los organismos de inteligencia, con seguimientos y acopio de información sobre activistas, periodistas y políticos, entre otros. Estos antecedentes, ligados a casos como AMIA, ARA San Juan y D’Alessio, demuestran la necesidad de un marco normativo que garantice los derechos humanos y la protección contra abusos.
El DNU 614/2024 no solo no corrige estos problemas sino que, por el contrario, genera las condiciones para que estas prácticas se repitan y amplíen, bajo un manto de secreto. La posibilidad de recopilar, analizar y archivar información privada sin límites claros genera un riesgo significativo para la libertad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
El Rol de la AFC y la Reincorporación de la Inteligencia como Auxiliar de la Justicia
El decreto también permite que los organismos de inteligencia actúen como auxiliares de la justicia, una práctica que había sido prohibida por las irregularidades que generó en el pasado, especialmente por el fracaso en la investigación del atentado a la AMIA, en el cual la ex SIDE tuvo una participación criticada. Esta reinstalación de prácticas cuestionables genera una profunda inquietud por la imparcialidad y el debido proceso.
La AFC, al contar con acceso ilimitado a información privada, podría influir indebidamente en investigaciones judiciales, incluso sin que se le haya requerido específicamente. Esta situación vulnera principios esenciales del estado de derecho y pone en riesgo la transparencia e independencia del sistema judicial.
La Importancia del Debate Público y la Protección de Derechos Fundamentales
El desafío legal al DNU 614/2024 es crucial, no solo para el futuro del sistema de inteligencia en Argentina sino para la protección de las libertades fundamentales de toda la población. Se requiere un debate profundo y amplio para asegurar que la vigilancia estatal se ciña a los límites del Estado de derecho, respetando los derechos y garantizando la transparencia.
La falta de claridad y los riesgos a la privacidad que presenta este decreto exigen una respuesta contundente por parte del poder judicial y la sociedad civil. Solo a través de la vigilancia ciudadana y el control judicial se podrá preservar el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales.
