La política neuquina se encuentra en medio de una crisis sin precedentes tras la suspensión de la vicegobernadora Gloria Ruiz y la investigación a su hermano, Pablo Ruiz, por presunto desvío de fondos públicos. El caso, que involucra millonarias sumas y sospechosas maniobras financieras, ha desatado una tormenta política en la provincia y amenaza con desestabilizar el gobierno de Rolando Figueroa.
El origen del escándalo: movimientos financieros sospechosos
El detonante de la crisis fue una denuncia del Banco Provincia de Neuquén (BPN) tras detectar movimientos inusuales en la cuenta bancaria de Pablo Ruiz, ex coordinador de la Casa de las Leyes. La investigación reveló que Ruiz recibió transferencias millonarias desde la Legislatura provincial, que representaban casi el 60% de sus ingresos totales, el resto correspondía a sus haberes como funcionario. Según la denuncia, el 80% de estos fondos fueron utilizados para constituir plazos fijos por un total de 51 millones de pesos.
La Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tras analizar la información, presentó una denuncia ante la fiscalía de Delitos Económicos por presunto peculado y fraude a la administración pública. La fiscalía inició una investigación que incluyó allanamientos y la apertura de un legajo contra Pablo Ruiz. Un dato relevante es que más de 9 millones de pesos permanecen inmovilizados en la cuenta de Ruiz desde agosto, cuando el BPN le advirtió sobre la irregularidad de canalizar fondos públicos a una cuenta personal.
Según la investigación, entre enero y julio de 2024, Pablo Ruiz recibió siete transferencias por un total de 29.854.350 pesos. El mes con mayor movimiento fue abril, con un depósito de 17.376.059 pesos. En ese mismo período, Ruiz realizó extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos, destinando la mayor parte a la constitución de plazos fijos. El 5 de agosto, el BPN le notificó a Ruiz la imposibilidad de utilizar su cuenta personal para fondos públicos, recomendándole la apertura de una subcuenta de la Legislatura.
En su defensa, Pablo Ruiz argumentó que los fondos recibidos correspondían a viáticos y a la financiación de programas como “Jóvenes Líderes”, “Ritmo Ciudadano” y “Murales Urbanos”. Sin embargo, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) solicitó documentación que respaldara estos gastos, la cual no fue presentada. El 21 de agosto, la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo advirtió a la Directora General de Administración de la Legislatura sobre las irregularidades detectadas y la falta de documentación que justificara los movimientos.
Suspensión de la vicegobernadora y ampliación de la investigación
El escándalo salpicó rápidamente a la vicegobernadora Gloria Ruiz, hermana de Pablo. La Legislatura provincial, con 29 votos a favor, decidió suspenderla preventivamente de su cargo por “inhabilidad moral”, al tiempo que se creó una comisión para investigar su posible participación en los hechos. Ruiz, quien presidió la sesión en la que se votó su suspensión, negó las acusaciones y denunció una conspiración política orquestada por el gobernador Rolando Figueroa, su compañero de fórmula. “Quiero dejar constancia que voy a ejercer mi derecho constitucional a defenderme”, aseguró.
La situación de Gloria Ruiz se complicó aún más cuando la fiscalía de Delitos Económicos, a través de sus redes sociales, anunció la ampliación de la investigación para incluirla a ella por presunto enriquecimiento ilícito. Esto ocurrió luego de que Ruiz cuestionara públicamente de qué se la acusaba. Sin embargo, hasta el momento, la vicegobernadora no ha recibido una notificación formal de la acusación. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas de la provincia, presidido por Juan Pablo Dirr, exigió a Ruiz el acceso a toda la información administrativa de la Legislatura, bajo apercibimiento de aplicar sanciones. El Tribunal busca auditar las cuentas sueldos del personal, un pedido que ha realizado desde febrero sin obtener respuesta.
En medio de la creciente presión, el abogado defensor de Gloria Ruiz, Francisco Oneto, renunció a su cargo a pocas horas de haberlo asumido. Además, se realizaron allanamientos en los Registros del Automotor de Plottier por la presunta compra de una camioneta Toyota 0 kilómetro por parte de la vicegobernadora, hecho que ha levantado aún más sospechas sobre su patrimonio.
La defensa de Pablo Ruiz
El abogado de Pablo Ruiz, Federico Diorio, ha negado categóricamente que el dinero depositado en los plazos fijos provenga de fondos públicos. Según Diorio, se trata de ahorros personales de su cliente, acumulados gracias a su salario como empleado legislativo y a otros ingresos. “Pablo tiene un plazo fijo, pero es personal de él. Él jamás, en ese plazo fijo, puso un centavo que haya sido de dinero público”, afirmó el abogado en declaraciones radiales.
Diorio argumentó que el salario de un empleado legislativo ronda los 4 millones de pesos, por lo que, tras un año de trabajo, la suma acumulada en el plazo fijo no sería ilógica. Además, aseguró que todos los movimientos bancarios de Ruiz están registrados y que se podrá demostrar fácilmente que no hubo desvío de fondos públicos. El abogado también criticó la decisión de apartar a Ruiz de su cargo sin permitirle ejercer su derecho a la defensa.
Implicaciones políticas y futuro del caso
El caso ha generado una profunda crisis política en Neuquén, con fuertes repercusiones en el gobierno provincial. La suspensión de la vicegobernadora y la investigación a su hermano han debilitado la imagen del oficialismo y abierto una brecha entre el gobernador Figueroa y su ex compañera de fórmula. La oposición, por su parte, ha exigido una investigación a fondo y la renuncia de todos los involucrados.
El futuro del caso es incierto. La justicia deberá determinar si existen pruebas suficientes para imputar a Pablo Ruiz y a Gloria Ruiz por los delitos que se les acusa. Mientras tanto, la crisis política en Neuquén se profundiza, con un gobierno provincial debilitado y una sociedad que exige respuestas.
