¿Hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo? Patricia Bullrich desafía abiertamente una orden judicial y confirma el despliegue de fuerzas federales en la próxima marcha. ¿Estamos ante una crisis institucional sin precedentes en Argentina?
Antecedentes: La marcha del 12 de marzo y el amparo de los gremios
El conflicto actual tiene sus raíces en la marcha del 12 de marzo, donde las fuerzas federales actuaron, según denuncias, de forma desmedida, reprimiendo a manifestantes y deteniendo a 114 personas. El incidente más grave fue la lesión sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo, lo que generó indignación y motivó a varios gremios a presentar un amparo.
Estos gremios buscaban limitar el accionar de las fuerzas federales en futuras movilizaciones, argumentando un riesgo cierto de represión y abusos. Fue en este contexto que el juez Roberto Gallardo intervino, dictando una orden que ahora es objeto de controversia.
El choque de poderes: Bullrich vs. Gallardo
La orden judicial de Gallardo
El juez Gallardo justificó su orden en la necesidad de proteger a los manifestantes, especialmente a los jubilados, de posibles lesiones. Argumentó que existe un “riesgo cierto” de daños si las fuerzas federales intervienen y que es su deber proteger a los ciudadanos de posibles abusos.
La respuesta desafiante de Bullrich
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no solo desafió la orden judicial, sino que también denunció al juez Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. La acusación se basa en un supuesto mal desempeño del magistrado al ordenar que las fuerzas federales se abstengan de intervenir en la movilización frente al Congreso.
“Este modo de actuar, interviniendo forzando la jurisdicción y la competencia, es lo que en la doctrina se conoce como “forum shopping”, y habilita la presente denuncia ante la verosímil comisión de la causal de Mal Desempeño prevista en la Constitución de la Ciudad”
Según el Ministerio, Gallardo no tenía jurisdicción para intervenir en este asunto, argumentando que se trata de una cuestión federal. Además, la denuncia destaca la celeridad con la que el juez resolvió el caso, sugiriendo un posible “forum shopping”.
A pesar de la orden judicial, el Ministerio de Seguridad insiste en que las fuerzas federales tienen el deber de actuar en la Capital Federal, argumentando que su responsabilidad incluye la protección constitucional de las Fuerzas Federales.
En un comunicado, el Ministerio afirmó que no intervenir implicaría declinar las Misiones y Funciones de Seguridad del Estado Nacional asignadas por el Presidente de la Nación. Esta postura desafiante marca la determinación de Bullrich de mantener el control sobre la seguridad en la marcha.
El derecho a la protesta en el centro del debate
Este conflicto entre Bullrich y Gallardo pone de relieve la tensión existente en torno al derecho a la protesta en Argentina. Si bien la Constitución Nacional garantiza el derecho a manifestarse libremente, el Gobierno ha adoptado una postura más restrictiva, argumentando la necesidad de mantener el orden público.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en algunas manifestaciones y han instado al Gobierno a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la protesta, sin represión ni criminalización.
Implicancias políticas y sociales de este enfrentamiento
El enfrentamiento entre Bullrich y Gallardo tiene importantes implicancias políticas y sociales. Fortalece la imagen de la Ministra como una figura de mano dura, pero genera incertidumbre sobre el respeto a la independencia judicial y el estado de derecho.
La decisión de Bullrich podría ser interpretada como una señal de que el Gobierno está dispuesto a pasar por encima de las instituciones para imponer su agenda, generando una mayor polarización y conflictividad social.
¿Qué podemos esperar?
La marcha del miércoles será un termómetro para medir el nivel de tensión y confrontación. La forma en que se desarrolle la movilización y la actuación de las fuerzas de seguridad serán determinantes para el futuro de la convivencia democrática en Argentina.
Este incidente debe servir como un llamado a la reflexión sobre el rol de las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática. Es esencial que su actuación se ajuste a los principios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.
La defensa del estado de derecho y el respeto a la independencia judicial son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales velar por su preservación.
Es crucial fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las fuerzas de seguridad para evitar abusos y garantizar la rendición de cuentas. El diálogo y la búsqueda de consensos son herramientas indispensables para superar las diferencias y construir una sociedad más justa e inclusiva.
