La escena política argentina se encuentra convulsionada por una triple crisis que amenaza con paralizar al Congreso: la negociación del Presupuesto 2025, el intento de la oposición de derogar el DNU 846 sobre el canje de deuda y el debate sobre la proscripción de Cristina Kirchner, expresidente del país.
El DNU 846 en el centro de la tormenta
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846, firmado por el presidente Javier Milei, ha desatado una furiosa controversia. Este decreto le otorga al Ejecutivo la facultad de renegociar la deuda pública sin la necesidad de obtener la aprobación del Congreso, una medida que la oposición considera antidemocrática y una afrenta al poder legislativo. La decisión de Milei, aparentemente, se enfoca en agilizar procesos y evitar la ineficiencia burocrática; la oposición, por el contrario, lo interpreta como una jugada de poder y una maniobra que busca consolidar el poder en manos del Ejecutivo.
Los bloques de la oposición, incluyendo a la Unión por la Patria, Encuentro Federal y el sector disidente del radicalismo, han presentado un proyecto para rechazar el DNU. Sin embargo, el PRO y la UCR, aliados de La Libertad Avanza, mantienen una posición ambigua, lo que añade una capa adicional de incertidumbre a la situación. Esta fragmentación interna de Juntos por el Cambio es un reflejo de las profundas divisiones ideológicas que existen dentro de la coalición opositora, las cuales se exacerban aún más por la necesidad de tomar decisiones políticas cruciales.
El Presupuesto 2025: Un campo de batalla político
El debate presupuestario se ha convertido en otro punto crítico de conflicto. Los gobernadores de provincias, mayoritariamente pertenecientes al espacio opositor, mantienen una fuerte resistencia a las propuestas del gobierno nacional. Sus reclamos giran en torno a cinco puntos principales: la deuda originada por las cajas previsionales no transferidas, la restitución del 1,9% de los impuestos coparticipables, la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
El gobierno alega falta de recursos, afirmando que las demandas de los gobernadores ascienden a 3.700 millones de dólares, una suma que consideran insostenible en el contexto actual. Señalan también que la coparticipación provincial ya es generosa, llegando a 40 mil millones de dólares, y que este monto se incrementará aún más con un crecimiento económico proyectado. No obstante, los gobernadores contraargumentan que sus peticiones representan una fracción insignificante del PBI (menos del 0.5%) y proponen medidas compensatorias, como la reducción de gastos tributarios, para mantener el costo fiscal en cero. Estas discrepancias, tanto numéricas como ideológicas, profundizan el estancamiento en la negociación y crean un ambiente de alta tensión.
La proscripción de Cristina Kirchner: Un factor de alta tensión política
El intento de la oposición de aprobar la ley de ‘Ficha Limpia’ ha intensificado la polarización política. Esta ley busca impedir que personas condenadas por corrupción en segunda instancia se presenten a elecciones, un proyecto claramente dirigido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en la causa ‘Vialidad’. Su aprobación resultaría en la proscripción de Kirchner, lo que ha causado una ola de protestas y acusaciones de persecución política por parte del kirchnerismo.
El fracaso del PRO en alcanzar el quórum necesario para debatir la ley en Diputados ha generado una fuerte reacción. La falta de apoyo de los aliados de La Libertad Avanza y las ausencias en el recinto, incluyendo las de diputados cordobeses, se atribuyen a una falta de coordinación estratégica dentro de Juntos por el Cambio y a las maniobras políticas del gobierno para evitar la aprobación de la ley. La reacción desde el PRO fue de frustración, pero también de renuencia, argumentando una vuelta a la carga la semana siguiente con nuevos votos. El debate en torno a ‘Ficha Limpia’ tiene profundas consecuencias políticas, pues afecta el panorama electoral y polariza a la sociedad argentina.
Análisis de la situación y sus implicaciones
La combinación de estas tres crisis genera una incertidumbre política y económica significativa para Argentina. El estancamiento en la negociación presupuestaria podría afectar seriamente la prestación de servicios públicos y el desarrollo de infraestructura. Mientras que la crisis de la deuda pública podría tener un impacto inmediato en el acceso al financiamiento internacional, los intentos de proscripción política contribuyen a exacerbar las divisiones sociales y socavan el funcionamiento del sistema democrático. La falta de consenso y la intensa polarización representan un peligro real para la estabilidad del país. Un diálogo constructivo entre oficialismo y oposición es imprescindible para desbloquear este momento crítico, mientras que la atención a las necesidades de los gobernadores es fundamental para la gobernabilidad federal.
El futuro dependerá en gran medida de la capacidad de los actores políticos para encontrar soluciones consensuadas. La búsqueda de un terreno común entre las posturas enfrentadas resulta esencial para resolver la triple crisis que amenaza la estabilidad del país. De no alcanzarse estos acuerdos, la situación se volverá cada vez más compleja y arriesgada para todos los argentinos.
