La crisis carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires se agudiza tras una serie de fugas que han puesto en jaque al sistema de seguridad. El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, respondió con la destitución de dos altos funcionarios: Sebastián Vela, responsable civil del Ministerio, y Martín Ochoa, director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad. Estas medidas buscan aplacar las críticas y demostrar un compromiso con la resolución del problema, pero también reavivan el debate sobre la responsabilidad del gobierno nacional en la gestión de las cárceles porteñas.
Fugas y destituciones: la respuesta de Wolff a la crisis
La decisión de Wolff, anunciada a través de sus redes sociales, se produce después de dos fugas consecutivas: una en la Alcaidía de Barracas, donde once detenidos escaparon por una claraboya, y otra en el Centro de Contraventores de Nueva Pompeya. Si bien dos de los fugados de Barracas fueron recapturados, la facilidad con la que se produjeron ambos incidentes puso en evidencia las falencias del sistema de seguridad y la superpoblación en los centros de detención porteños. Wolff, al destituir a Vela y Ochoa, asume la responsabilidad política por las fugas, aunque también ha señalado la necesidad de una mayor colaboración del gobierno nacional en la gestión de la población carcelaria.
“Más allá de la correspondiente investigación en curso, tomé la decisión de echar al responsable civil del Ministerio junto con el director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad”, declaró Wolff en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Con esta medida, el ministro busca transmitir un mensaje de firmeza y transparencia, aunque la oposición ha criticado la medida como insuficiente y tardía. Exigen soluciones de fondo que aborden la problemática estructural de las cárceles porteñas, como la sobrepoblación y la falta de recursos.
La crisis carcelaria porteña no es un fenómeno nuevo. Desde hace años, las autoridades de la Ciudad advierten sobre la necesidad de trasladar a los presos condenados por delitos federales a cárceles nacionales, argumentando que las alcaidías porteñas están diseñadas para detenciones transitorias de un máximo de 72 horas. La falta de infraestructura adecuada y el hacinamiento son problemas crónicos que contribuyen a las fugas y a la degradación de las condiciones de detención.
El debate sobre la responsabilidad en la gestión carcelaria
El ministro Wolff ha insistido en que la responsabilidad principal recae en el gobierno nacional. Según datos del Ministerio de Seguridad porteño, el 94% de los detenidos en la Ciudad tienen causas en la Justicia Nacional o Federal, y el 20% ya cuenta con sentencia firme. Wolff ha reiterado su reclamo al gobierno nacional para que se haga cargo de estos presos: “Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto”, declaró en una entrevista reciente.
El reciente acuerdo entre el gobierno nacional y la Ciudad para el traspaso del Servicio Penitenciario Federal, incluyendo la cárcel de Devoto, parecía un avance en este sentido. Sin embargo, las fugas recientes ocurrieron después del anuncio de este acuerdo, lo que generó nuevas tensiones y reavivó el debate sobre la capacidad de la Ciudad para gestionar el sistema carcelario. Wolff cuestionó el momento de las fugas: “Desde el mes de mayo, cuando creamos la Dirección (Autónoma de Alcaidías), logramos que no hubiera ninguna evasión. No obstante ello, tras el anuncio del traspaso del Servicio Penitenciario ocurrieron los dos hechos que aquí menciono”.
La oposición, por su parte, acusa al gobierno de la Ciudad de utilizar la situación para deslindar responsabilidades y eludir su obligación de garantizar la seguridad en las cárceles porteñas. Argumentan que la sobrepoblación no justifica las fugas y que las autoridades deben invertir en infraestructura y personal para mejorar las condiciones de detención y evitar nuevos incidentes.
La sobrepoblación carcelaria: un problema estructural
En la Ciudad de Buenos Aires hay más de dos mil detenidos en comisarías y alcaidías, el doble de la cantidad de plazas habilitadas. Este hacinamiento, sumado a la falta de personal capacitado y a la precariedad de las instalaciones, crea un caldo de cultivo para las fugas y los motines. Expertos en seguridad advierten que la sobrepoblación carcelaria no solo vulnera los derechos de los detenidos, sino que también pone en riesgo la seguridad pública.
Las estadísticas oficiales reflejan la gravedad del problema. Según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, en 2023 se registraron 41 fugas, y en lo que va de 2024, ya se contabilizan 12, aunque se aclara que varios fugados han sido recapturados. El aumento del 22% en la cantidad de detenidos por robos y hurtos agrava aún más la situación de hacinamiento.
La crisis carcelaria en Buenos Aires exige soluciones urgentes y de fondo. Más allá de las destituciones y las acusaciones cruzadas, es necesario un compromiso conjunto del gobierno nacional y de la Ciudad para abordar la problemática estructural de las cárceles porteñas. La inversión en infraestructura, la capacitación del personal y el diseño de políticas públicas que apunten a la reinserción social de los detenidos son cruciales para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos.
