La madrugada del 30 de diciembre, la tranquilidad de Eldorado, Misiones, se vio interrumpida por un crimen que sacudió a la provincia: el asesinato del Cabo 1° Mauricio Miñarro en la División de Infantería de la Unidad Regional III. El caso, inicialmente presentado como un audaz golpe comando perpetrado por una banda narco con vínculos en Paraguay, ha dado un giro inesperado, con la hipótesis de un ajuste de cuentas interno ganando terreno. Las contradicciones en las versiones oficiales, la falta de pruebas concluyentes y las irregularidades en la base policial han sembrado la confusión y desatado una ola de interrogantes sobre la seguridad en la frontera y la eficiencia de las fuerzas de seguridad.
De la hipótesis narco al misterio interno
Las primeras versiones que circularon apuntaban a un grupo comando paraguayo, liderado por el conocido delincuente Rodrigo Leonel “Chela” Centurión. El robo de dos fusiles FAL, dos escopetas 12-70 y el intento fallido de robar una avioneta del aeroclub cercano a la base policial parecían confirmar la teoría. La presencia de bandas narco en la zona, la porosidad de la frontera y el modus operandi del crimen reforzaban esta línea de investigación.
Sin embargo, con el correr de las horas, la hipótesis narco comenzó a desvanecerse. La falta de testigos, la ausencia de imágenes de cámaras de seguridad que registraran el ingreso de personas ajenas a la base, y las inconsistencias en los registros de la dependencia policial abrieron la puerta a una nueva teoría: la del crimen interno.
La investigación reveló irregularidades alarmantes en la base policial. El Cabo Miñarro estaba solo de guardia, cuando debía estar acompañado por dos efectivos más. Uno de ellos se encontraba realizando un servicio adicional, mientras que del paradero del jefe de la división no había certezas. Además, se encontraron anomalías en los registros del depósito de armas, lo que dificulta determinar con exactitud qué fue sustraído.
Contradicciones y silencio oficial
El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, desmintió categóricamente la versión del golpe comando, calificándola como un “delito doméstico”. Sin embargo, las contradicciones en la información oficial no hacen más que alimentar las sospechas. Inicialmente, se habló de un disparo en la cabeza de la víctima, pero la autopsia reveló dos impactos de bala en el brazo y uno en el pecho.
El silencio del gobernador Hugo Passalacqua y la falta de una comunicación clara y transparente por parte de las autoridades provinciales contribuyen a la incertidumbre y al malestar social. La intervención de la Dirección de Asuntos Internos en la investigación, aunque necesaria, también genera dudas sobre la capacidad de la policía para investigar a sus propios miembros.
Interrogantes sobre la seguridad en la frontera
El crimen del Cabo Miñarro reabre el debate sobre la seguridad en la frontera con Paraguay. La porosidad de los límites, la presencia de bandas narco y la falta de recursos para controlar el paso ilegal de personas y mercaderías son problemas de larga data que exigen soluciones urgentes.
La posibilidad de que el crimen haya sido cometido por un grupo comando extranjero expone las falencias en la seguridad de los puestos fronterizos y la necesidad de reforzar los controles en zonas sensibles. Si, por el contrario, se confirma la hipótesis del ajuste de cuentas interno, el caso pondría en evidencia la corrupción y la falta de control dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.
¿Un caso aislado o la punta del iceberg?
El asesinato del Cabo Miñarro no puede ser visto como un caso aislado. Se enmarca en un contexto de creciente violencia e inseguridad en la provincia de Misiones, donde el narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales han ganado terreno en los últimos años. La falta de inversión en seguridad, la precariedad laboral de las fuerzas de seguridad y la complicidad de algunos sectores con el crimen organizado son factores que contribuyen a la problemática.
La sociedad misionera exige respuestas. El esclarecimiento del crimen del Cabo Miñarro es fundamental no solo para hacer justicia, sino también para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La transparencia en la investigación, la sanción de los responsables y la implementación de políticas públicas que aborden las causas estructurales de la inseguridad son pasos esenciales para prevenir futuros episodios de violencia. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen con firmeza para proteger a la comunidad.
