La reciente jubilación del juez Juan Carlos Maqueda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras 22 años de servicio, ha dejado al máximo tribunal con solo tres miembros y ha exacerbado las disputas internas que ya existían. La salida de Maqueda, marcada por una emotiva despedida con honores en el Palacio de Tribunales, contrasta con la tensa atmósfera que se respira en el interior de la Corte. La designación anticipada de un secretario de Jurisprudencia, en reemplazo de Federico De Lorenzo, quien aún no ha formalizado su jubilación, ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el juez Ricardo Lorenzetti y la mayoría del tribunal, compuesta por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio Maqueda hasta su retiro.
El origen de la discordia: la designación de Silvina Oubel
La controversia se centra en el nombramiento de Silvina Oubel como secretaria de Jurisprudencia, una decisión tomada por la mayoría de la Corte. Lorenzetti ha cuestionado duramente este nombramiento, argumentando que De Lorenzo aún no se ha jubilado y que designar a su reemplazo de forma anticipada es “inadmisible” y “una situación extraña”. En un voto en disidencia, Lorenzetti calificó la situación como un “triste final” para la gestión de Maqueda, y recordó un episodio del pasado en el que Maqueda impulsó el juicio político del juez Julio Nazareno, quien integraba la “mayoría automática” de la Corte menemista. Lorenzetti acusa a la mayoría de la Corte de incurrir en irregularidades y de actuar de manera opaca.
Fuentes cercanas a la mayoría de la Corte, sin embargo, defienden la designación de Oubel, destacando su extensa trayectoria en el Poder Judicial. Argumentan que Oubel trabaja en la Corte desde 1985 y que cuenta con amplia experiencia en la Secretaría de Jurisprudencia. Además, señalan que De Lorenzo fue secretario letrado de Lorenzetti y que su nombramiento como secretario de Jurisprudencia en 2015 se realizó sin concurso. Estas fuentes también recuerdan un episodio de 2013 en el que Lorenzetti fue acusado de impulsar el despido encubierto del entonces secretario laboral de la Corte, Rolando Gialdino. Con estos argumentos, la mayoría del tribunal intenta deslegitimar las críticas de Lorenzetti, presentándolas como una reacción a la pérdida de poder e influencia dentro de la Corte.
Un conflicto que trasciende lo administrativo
La disputa por la designación de un secretario no es un hecho aislado, sino que refleja la profunda división que existe en la Corte Suprema. Este conflicto se suma a otros enfrentamientos recientes, como el desacuerdo sobre el método de designación de conjueces, que serán necesarios para completar el quorum del tribunal tras la salida de Maqueda. La Corte funcionará con tres miembros hasta que se destrabe la designación de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, quienes aún no han obtenido los dos tercios de los votos necesarios en el Senado para su confirmación.
El contexto político actual, marcado por la polarización y la fragmentación del poder, agrava la situación. El gobierno de Milei ha intentado, sin éxito, designar a sus candidatos a la Corte por decreto, una medida que ha sido rechazada por la oposición. La falta de consenso en el Senado para la designación de nuevos jueces deja a la Corte en una situación de vulnerabilidad institucional, con solo tres miembros y con un futuro incierto. Mientras tanto, las disputas internas entre los jueces actuales dificultan aún más el normal funcionamiento del máximo tribunal.
Lorenzetti, en su voto en disidencia, advirtió sobre la importancia del debate jurídico y la necesidad de transparencia en las decisiones de la Corte. Sus críticas a la mayoría del tribunal no se limitan a la designación del secretario, sino que apuntan a un estilo de gestión que considera autoritario y opaco. La preocupación de Lorenzetti por la “pérdida de estabilidad y calidad en las instituciones” de la democracia, expresada en un discurso reciente, se enmarca en este contexto de tensiones internas y externas que atraviesa la Corte.
El futuro de la Corte Suprema: ¿consenso o parálisis?
La Corte Suprema se enfrenta a un momento crucial en su historia. La jubilación de Maqueda, las disputas internas y la falta de acuerdo político para la designación de nuevos jueces plantean serios desafíos para el futuro del máximo tribunal. La capacidad de la Corte para resolver sus conflictos internos y para actuar como un contrapeso independiente del poder político será fundamental para garantizar la estabilidad institucional del país.
Es necesario que los jueces de la Corte encuentren un camino para el diálogo y el consenso, que les permita superar las diferencias personales y trabajar en conjunto para fortalecer la institución. La transparencia en las decisiones y la rendición de cuentas a la sociedad son cruciales para recuperar la confianza en el Poder Judicial. El futuro de la democracia argentina depende, en gran medida, de la capacidad de la Corte Suprema para actuar como un garante del Estado de Derecho y de la división de poderes.
La sociedad civil, los académicos y los medios de comunicación tienen un rol fundamental en este proceso, al exigir transparencia y rendición de cuentas a los miembros de la Corte. El debate público sobre el funcionamiento del Poder Judicial es esencial para fortalecer la democracia y asegurar que las instituciones respondan a las necesidades de la sociedad.
Finalmente, es importante recordar las palabras de Maqueda en su discurso de despedida, en el que advirtió sobre los peligros de los populismos y la necesidad de defender la división de poderes. Su legado como juez institucionalista debe servir como guía para los miembros actuales y futuros de la Corte Suprema, en un contexto político cada vez más complejo y desafiante.
