Córdoba se vistió de morado el pasado 25 de noviembre, uniéndose a la marcha Ni Una Menos y al reclamo global contra la violencia de género. La manifestación, que partió de la esquina de Colón y Cañada, reunió a diversas organizaciones y activistas con un objetivo común: visibilizar la problemática de la violencia hacia las mujeres y exigir acciones contundentes por parte del Estado y la sociedad.
El recorrido, que culminó en la explanada del Patio Olmos, fue el escenario de un contundente llamado a la acción. Las consignas coreadas por los manifestantes expresaban un profundo malestar por la ineficacia de las políticas públicas y la falta de respuesta ante la alarmante cantidad de casos de violencia, que culminan, en muchos casos, en femicidios.
Cifras que alertan: la urgencia de una respuesta efectiva
Uno de los datos más preocupantes, compartido por el Observatorio Nacional Mumalá, es que durante el último año, solo el 12% de las víctimas de femicidio habían denunciado previamente a sus agresores. Este porcentaje representa la cifra más baja en los últimos cinco años, destacando una tendencia alarmante que exige una profunda reflexión sobre las causas de la subdenuncia y las fallas en los mecanismos de protección.
Betiana Cabrera-Fasolis, titular de Mumalá, en declaraciones a Cadena 3, expresó la preocupación por la persistencia de la violencia de género y la aparición de nuevas aristas en la problemática. La violencia, según explicó, se manifiesta a través de un proceso gradual que se inicia con formas sutiles de maltrato como la violencia verbal, psicológica, simbólica y económica, muchas veces pasando inadvertidas.
El bajo índice de denuncias refleja la profunda desconfianza de las víctimas en las instituciones, tanto por desconocimiento de los recursos existentes como por la percepción de una falta de efectividad por parte del sistema judicial. Cabrera-Fasolis resumió esta problemática señalando que “O las víctimas no conocen que existen dispositivos institucionales, que existe la justicia para recurrir, o visibilizan que directamente la justicia no puede hacer nada”.
En el caso de Córdoba, se registran 11 femicidios durante el 2024, mientras que la cifra a nivel nacional supera con creces los 200 casos. Estas cifras demuestran la magnitud del problema y la necesidad de implementar políticas públicas integrales que aborden la violencia de género desde una perspectiva preventiva y reparadora, incluyendo la necesidad de generar mayor confianza en las instituciones para que las mujeres se sientan seguras al momento de realizar una denuncia.
Más allá de la marcha: un análisis de la problemática
La marcha Ni Una Menos en Córdoba, más allá de ser una manifestación contundente, sirve como un punto de partida para un análisis crítico de la situación. Es necesario preguntarse cuáles son las causas que provocan la desconfianza de las mujeres en las instituciones, por qué un porcentaje tan bajo de las víctimas realiza denuncias previas al femicidio, y cómo se pueden implementar políticas públicas que protejan de manera efectiva a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
La falta de recursos económicos destinados a programas de prevención y atención a víctimas es uno de los aspectos más criticados por los colectivos feministas. Además, la falta de capacitación especializada en el personal policial, judicial y sanitario en materia de violencia de género, es un factor que contribuye a la ineficacia de los mecanismos de protección.
En este contexto, el rol del Estado resulta crucial. No basta con la conformación de mesas de diálogo o la emisión de declaraciones de buenas intenciones. Se necesita la implementación de políticas públicas específicas, la asignación de recursos económicos suficientes, la creación de redes de apoyo sólidas que se extiendan a las víctimas y sus familias, y un verdadero compromiso institucional para luchar contra la violencia de género con medidas efectivas.
Las activistas sostienen que esta problemática trasciende partidos políticos e ideologías, y reclaman acciones concretas de los gobiernos a nivel nacional y provincial, no sólo en el día de la marcha sino de manera continua durante todo el año. Se insta a implementar campañas de concientización y educación en escuelas, comunidades y ámbitos laborales, para abordar la problemática desde su origen y trabajar en la construcción de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres.
Un llamado a la acción colectiva
La lucha contra la violencia de género es una responsabilidad colectiva, que requiere la participación de todos los actores de la sociedad. Además de las acciones por parte del estado, la sociedad civil tiene un rol importante en la construcción de una cultura de respeto hacia los derechos de las mujeres y un compromiso para prevenir y sancionar las violencias de género.
Es necesario promover la formación y educación en género, fomentando el conocimiento y la empatía hacia la problemática. La participación activa en las marchas, como la Ni Una Menos, el apoyo a las organizaciones que trabajan con víctimas, y la denuncia de casos de violencia son algunas de las acciones que pueden realizar los ciudadanos en la lucha contra la problemática. Asimismo, es fundamental la participación activa de los hombres en la transformación cultural necesaria para superar la problemática.
En conclusión, las cifras alarmantes de violencia de género en Córdoba y el país requieren una respuesta inmediata y contundente. La marcha Ni Una Menos es una señal de la persistencia de la lucha social en reclamo de justicia y políticas públicas efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres, exigiendo un compromiso serio por parte de las instituciones y la sociedad civil.
