¡Atenti, argentinos! La guerra está declarada. No, no hablamos de una invasión extraterrestre ni de un enfrentamiento entre superhéroes. Esta vez, el campo de batalla es… ¡la factura de la luz y el agua! Córdoba, la rebelde, se enfrenta a la Nación en una batalla campal por el cobro de tasas en servicios públicos. ¿El resultado? Un verdadero caos para los bolsillos de la gente y la economía del país. Prepare sus billeteras, porque esto se va a poner feo…
La rebelión cordobesa: ¿un desafío al poder central o una defensa de los intereses locales?
El gobierno de Córdoba, con la audacia de un bandido de película del oeste, se niega a acatar las órdenes de la Nación. La Resolución 267/24 del gobierno nacional, que entró en vigor el 11 de octubre, prohíbe los cobros de tasas ajenas a los servicios contratados por empresas de servicios públicos. ¡Pero a Córdoba parece importarle poco! Mientras el país se debate entre una crisis económica que deja a muchos al borde del abismo, Córdoba sigue empecinada en exprimir hasta la última gota de los cordobeses, valiéndose de las tasas de alumbrado y las contribuciones al agua para engrosar sus arcas.
El argumento principal de Córdoba es la vieja cantinela de la “competencia provincial”. Según ellos, la Nación no tiene injerencia en un tema que ya está regulado por una ley provincial. Una ley que, por cierto, ha generado un maremagnum de quejas, acusaciones de falta de transparencia e incluso, la sospecha de un negociado que solo beneficia a algunos bolsillos.
La industria cordobesa en pie de guerra (o, más bien, en pie de queja)
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) y Fedecom, que representa a 75 cámaras empresarias, comerciales y de servicios, se han sumado al coro de protestas. Dicen estar hartos de pagar tasas desproporcionadas y que no reflejan la realidad del servicio prestado. “¡Es un robo a mano armada!”, afirma uno de los voceros de la UIC, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias del gobierno cordobés.
Luis Macario, titular de la UIC, señala que es más fácil “cobrarle a 10 empresas que al conjunto de la población.” Parece olvidarse que las empresas, en última instancia, terminan trasladando los costos a los consumidores, elevando aún más los precios de los productos y servicios. Una cadena de sufrimiento que se extiende de la industria al consumidor final.
Fausto Brandolín, de Fedecom, denuncia la brutalidad del sistema, con tasas que no se condicen con los servicios ofrecidos. “Si no pagamos las tasas, dicen que las calles van a quedar oscuras”, se queja. “¡Pero es que esto no es un juego de luces de Navidad! Es cuestión de supervivencia económica”.
“Hay industrias electrointensivas que pagan un porcentaje de su factura como alumbrado, y no necesariamente van a tener tanto alumbrado público como pagan…”
El testimonio de Agustín Hesar, representante de Fedecom en Río Tercero, desvela la injusticia del sistema. Un claro ejemplo es la disparidad entre los grandes usuarios, como parques industriales, con un alumbrado público menor y los pequeños comercios, que deben pagar una fortuna por el consumo de sus heladeras.
La provincia se defiende (o, mejor dicho, se escuda)
La provincia de Córdoba, con la firmeza de un toro en una plaza de toros, asegura que la Nación no tiene competencia para intervenir. Mario Blanco, del Ersep, alega que la regulación de los servicios públicos es provincial. En el caso del gas, Ecogas aceptó el reclamo de Nación el 7 de octubre y los intendentes dejaron de cobrar las tasas. Pero la luz y el agua son harina de otro costal. Allí, Córdoba se aferra a la ley 10.545, promulgada tras el “vía crucis” de 2018 cuando el descongelamiento de tarifas desató el caos en las boletas.
El argumento principal de Córdoba es la ley 10.545, la ley que en 2018, tras el descongelamiento de las tarifas de energía por parte del gobierno de Mauricio Macri, establecía un cargo de hasta el 10% para alumbrado público en la facturación de Epec y cooperativas, y hasta el 15% en localidades de menos de 50.000 habitantes. Para el agua y el saneamiento, no hay tope.
La Provincia justifica la tasa porcentual alegando que refleja el aumento del costo del alumbrado. ¿Pero este argumento justifica los dispares costos entre familias numerosas y vecinos que viven solos? La disparidad es brutal y deja una sensación amarga en el paladar. ¿Se trata de un simple descuido o un sistema diseñado para castigar a quienes más consumen?
El conflicto no solo perjudica a las empresas sino a los ciudadanos, especialmente familias de bajos ingresos o numerosas que consumen más energía y agua, y terminan pagando elevadas tasas adicionales. ¿Será que Córdoba se ha olvidado de quién representa?
¿un final feliz o una guerra sin fin?
Este conflicto entre Córdoba y Nación por las tasas en servicios públicos es un claro ejemplo del desorden económico y político que atraviesa Argentina. La falta de comunicación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno solo agrava la situación, perjudicando tanto a las empresas como a los ciudadanos. La pregunta sigue en el aire: ¿se llegará a una solución antes de que la factura de la luz y del agua se convierta en una auténtica pesadilla para los argentinos? Mientras tanto, el debate continúa y las tasas siguen subiendo.
Mientras tanto, la gente espera una solución. Pero, por el momento, solo queda una duda, ¿llegará la solución antes de que la luz se apague para todos? El futuro, como siempre, es incierto. Pero de algo podemos estar seguros: las tensiones políticas se traducen en un problema económico que caerá, finalmente, en el bolsillo de los cordobeses.
