El miércoles pasado, prestadores de servicios para personas con discapacidad realizaron una movilización nacional bajo el lema #DiscapacidadBastadeQuitas, con epicentro en diferentes puntos del país, incluyendo una concentración en la ciudad de Córdoba. La protesta, que reunió a una amplia gama de organizaciones del sector, busca visibilizar la crítica situación que atraviesan y reclamar ajustes urgentes por parte del gobierno.
Concentración en Córdoba y Reclamos Principales
En Córdoba, la protesta se llevó a cabo frente a la sede del Apross (Administración Provincial del Seguro de Salud) desde las 9 de la mañana. Los manifestantes expresaron su profundo malestar por las políticas actuales que, según denuncian, perjudican gravemente a las personas con discapacidad y a quienes les brindan atención.
Uno de los reclamos centrales se centra en la derogación del Decreto 843/24. Según Juan, un transportista de personas con discapacidad que participó en la manifestación y dialogó con Carlos Paz Vivo!, este decreto representa un retroceso significativo en la adjudicación de Pensiones No Contributivas. El cambio en los criterios de evaluación, volviendo a un sistema de Pensión por Invalidez Laboral, deja fuera a un gran número de personas con discapacidad que antes sí recibían el beneficio, generando una situación de mayor vulnerabilidad.
El Impacto del Decreto 843/24 y las Cifras Alarmingantes
Juan alertó sobre las consecuencias del decreto, señalando que muchas personas podrían perder un apoyo fundamental para su vida diaria. Además, denunció que el presupuesto nacional presentado por el gobierno planea, incluso antes de cualquier auditoría, la quita de 177.740 pensiones para el año 2025, una cifra alarmante que evidencia la magnitud del problema.
Los manifestantes también exigieron un aumento significativo en los recursos destinados a las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025. Argumentan que los aranceles actuales para los servicios prestacionales son totalmente insuficientes, cubriendo entre solo el 50% y el 61% de los costos operativos. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios y la calidad de atención que reciben las personas con discapacidad.
Otros reclamos urgentes en la agenda de los manifestantes
- Un aumento de los recursos asignados para las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025.
- Aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y transporte.
- Vigilancia continua sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para garantizar el acceso a pasajes para personas con discapacidad.
- Establecimiento de una Asignación Universal por Discapacidad.
- Cumplimiento efectivo del Cupo Laboral en el Estado para personas con discapacidad.
Situación en Córdoba: Un panorama más crítico
Los prestadores de servicios en la provincia de Córdoba denuncian una situación aún más crítica. A pesar de la existencia de la Ley 8.811, el Apross, según aseguran, agrava la problemática con aranceles que apenas cubren entre el 60% y el 70% de los aranceles nacionales. Esta brecha pone en peligro la viabilidad de los servicios y la capacidad de brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad en la región.
Amplia convocatoria y representantes del sector
La movilización contó con una amplia participación de diversas organizaciones y colegios profesionales, incluyendo al Colegio de Profesionales de Psicología, al Colegio de Psicólogos, a la Asociación Civil de Terapistas Ocupacionales de Córdoba, a la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, al Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, Colegio de Profesionales Kinesiólogos y Fisiatras de Córdoba, Colegio de Fonoaudiólogos, COMUS, las Asociaciones de Transportistas UTCOR, TADIS y ACTDis, la Federación Converger y la Asociación Civil de Profesionales de la Salud. La unidad de estas organizaciones demuestra la magnitud del problema y la necesidad urgente de encontrar soluciones.
El impacto en la vida de las personas con discapacidad
Es fundamental entender que estos recortes y bajos aranceles no solo afectan a los profesionales del sector, sino que, principalmente, repercuten en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Los servicios que reciben, como terapia, transporte y atención especializada, se ven seriamente comprometidos, impactando directamente en su autonomía, desarrollo personal e inclusión social. La falta de recursos genera una cadena de consecuencias negativas, dificultando la plena participación de las personas con discapacidad en la comunidad y limitando sus oportunidades de desarrollo.
La movilización en Córdoba se suma a otras protestas similares en el país, poniendo de manifiesto una problemática acuciante que requiere una atención inmediata por parte de las autoridades. Se espera que las voces unidas de los manifestantes sean escuchadas y se concreten medidas efectivas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y la sustentabilidad del sistema de prestación de servicios.
