La ciudad de Córdoba, Argentina, se encuentra asediada por una creciente ola de robos violentos dirigidos contra conductores de plataformas de transporte como Uber. La particularidad más alarmante de esta situación es la participación activa de adolescentes, muchos de ellos menores de 16 años, quienes no solo integran las bandas delictivas, sino que en muchos casos, las lideran. Este fenómeno ha generado una profunda preocupación entre las autoridades, los conductores y la sociedad en general, planteando interrogantes sobre la seguridad pública y la responsabilidad social frente a la delincuencia juvenil.
El celular: Herramienta y arma
La familiaridad de los adolescentes con la tecnología, especialmente con los teléfonos celulares, se ha convertido en un factor clave en el auge de estos delitos. Para operar en plataformas como Uber, se requiere un manejo ágil de aplicaciones, creación de perfiles falsos y el conocimiento de ciertos procedimientos de identificación. Los jóvenes, con su dominio innato de las herramientas digitales, han logrado explotar estas vulnerabilidades para perpetrar los robos. Además, utilizan el celular para coordinar los ataques, comunicarse entre ellos y planificar las estrategias para evadir a las autoridades. El teléfono, en este contexto, deja de ser una herramienta de comunicación para convertirse en un arma que facilita la comisión de delitos.
Los investigadores señalan que los menores de edad suelen ser quienes realizan el contacto inicial con el conductor a través de la aplicación, utilizando perfiles falsos o usurpando la identidad de usuarios legítimos. Una vez que el conductor llega al punto de encuentro, generalmente en zonas periféricas o poco iluminadas, es abordado por otros miembros de la banda, a menudo mayores de edad, quienes ejercen la violencia física y se apoderan del vehículo, las pertenencias y el dinero.
La violencia: un componente en ascenso
Si bien los adultos suelen ser quienes ejecutan la violencia física en los asaltos, en los últimos meses se ha registrado un incremento alarmante en la agresividad de los adolescentes involucrados. Los investigadores policiales atribuyen este fenómeno a disputas territoriales entre bandas juveniles y a la intención de los menores de actuar de forma independiente para no tener que compartir el botín. Esta escalada de violencia se manifiesta en un mayor uso de armas, tanto blancas como de fuego, y en la brutalidad con la que se cometen los ataques. Los conductores afirman sentir mayor temor ante los adolescentes armados, quienes actúan con una impulsividad y una falta de consideración por la vida ajena que resulta aterradora.
Las zonas más afectadas por esta ola de robos son barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, como Yapeyú, Maldonado, Müller y Villa Páez. Estos lugares, tradicionalmente considerados peligrosos por los conductores de taxis y remises, ahora se han convertido en un territorio de alto riesgo para los choferes de aplicaciones. Muchos de estos conductores son personas que han encontrado en este trabajo una alternativa laboral ante la falta de oportunidades, y se ven obligados a circular por zonas inseguras para poder generar ingresos, exponiéndose a situaciones de extrema vulnerabilidad.
Inimputabilidad y la búsqueda de soluciones
Un factor que complejiza aún más la situación es la inimputabilidad de muchos de los menores involucrados en estos delitos. La legislación argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados como adultos, lo que genera un vacío legal que dificulta la aplicación de sanciones efectivas. Si bien desde los Juzgados de Menores se están implementando medidas más severas, como la prohibición de acceso a ciertos barrios o el uso de tobilleras electrónicas, la falta de un marco legal que permita abordar la problemática de la delincuencia juvenil de manera integral sigue siendo un obstáculo para la prevención y el control de estos delitos.
Ante esta situación, las autoridades, la empresa Uber y la policía se encuentran trabajando en conjunto para buscar soluciones. Uber ha implementado medidas de seguridad en su plataforma, como la verificación de identidad de los usuarios y la posibilidad de reportar irregularidades. La policía ha intensificado los operativos en las zonas más conflictivas, logrando la detención de algunos sospechosos y la recuperación de vehículos robados. Sin embargo, la magnitud del problema requiere de un abordaje más profundo que involucre a la sociedad en su conjunto. Es necesario implementar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la delincuencia juvenil, como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y la desintegración familiar.
El desafío de la seguridad y la inclusión social
La problemática de los robos a conductores de Uber en Córdoba pone de manifiesto un desafío complejo para la sociedad argentina: cómo garantizar la seguridad pública sin criminalizar la pobreza y la adolescencia. La participación de menores en estos delitos no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva punitiva, sino que requiere de un enfoque integral que combine la prevención, la reinserción social y la generación de oportunidades para los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.
Es fundamental invertir en educación, crear programas de formación laboral, fortalecer las instituciones familiares y comunitarias, y promover la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el Estado, las empresas, las organizaciones sociales y la comunidad será posible revertir esta tendencia y construir un futuro más seguro para todos.
La situación actual exige un debate profundo sobre el rol del Estado en la protección de los ciudadanos, la responsabilidad de las empresas en la seguridad de sus trabajadores, y la necesidad de implementar políticas públicas que aborden la problemática de la delincuencia juvenil de manera integral, priorizando la prevención y la reinserción social por sobre la mera represión.
Mientras tanto, los conductores de Uber en Córdoba continúan trabajando con miedo, expuestos a una violencia que parece no tener límites. Sus historias son un llamado de atención a la sociedad, una invitación a reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad y la urgencia de encontrar soluciones que permitan construir una ciudad más justa y segura para todos.
