El sistema penitenciario de Córdoba está al borde del colapso. El anuncio del gobernador Martín Llaryora sobre la construcción del Centro de Máxima Seguridad (CEMAX) en Bouwer no es más que un intento de maquillar una crisis que requiere una reforma estructural profunda. Este artículo expone la cruda realidad del hacinamiento, la falta de transparencia y las medidas paliativas que no abordan la raíz del problema.
El anuncio del gobernador Martín Llaryora sobre la construcción del Centro de Máxima Seguridad (CEMAX) en Bouwer generó controversia en Córdoba. Promesas de tecnología de punta, control absoluto y el fin de las cárceles como centros de operaciones criminales inundaron los titulares. Sin embargo, tras la cortina de humo de la “seguridad”, se esconde una realidad más preocupante: este proyecto, ¿es una solución real a la crisis carcelaria o simplemente un lavado de cara para una situación que se agrava día a día?
Hacinamiento carcelario: una bomba de tiempo
En las cárceles de Córdoba, miles de presos sobreviven en condiciones inhumanas. Duermen en el suelo, hacinados, sin acceso a higiene ni salubridad. La falta de personal y recursos agrava esta situación, transformando las cárceles en depósitos de personas donde la rehabilitación es una quimera. El anuncio del CEMAX, en este contexto, suena a burla para quienes sufren este infierno.
CEMAX: la promesa incumplida
El CEMAX no es una cárcel nueva, sino un módulo reciclado de un proyecto que nunca se concretó. Aquel proyecto original quedó en el olvido, mientras el hacinamiento se agravaba. Ahora, se presenta el CEMAX como la solución mágica, pero ¿es realmente diferente a su predecesor o es una estrategia de marketing político para ocultar la falta de gestión?
Según fuentes oficiales, el CEMAX será una unidad modelo para internos de “alto perfil de riesgo”. Uniformes obligatorios, visitas restringidas y tecnología de vanguardia son algunas de las medidas anunciadas. Sin embargo, estas medidas, ¿son suficientes para abordar la raíz del problema o simplemente trasladan el hacinamiento a un nuevo edificio, con la promesa de mayor seguridad como excusa?
Números que no cierran: opacidad y desfalco
La construcción del CEMAX demandará una inversión millonaria de 109 mil millones de pesos. Esta cifra despierta interrogantes, sobre todo considerando que se trata de la reformulación de un proyecto ya existente. ¿A dónde fue a parar el dinero destinado a la construcción original? ¿Por qué se tardó tanto en retomar la obra? ¿Quiénes se benefician con este nuevo contrato?
La falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos es una constante en Argentina, y el sistema penitenciario no es la excepción. Contratos oscuros, sobreprecios y desvíos de fondos son moneda corriente, mientras los presos siguen viviendo en condiciones infrahumanas. Es hora de que la Justicia investigue a fondo estas irregularidades y determine quiénes son los responsables de este desfalco.
Medidas paliativas: la ineficacia de los parches
Ante la inminente declaración de emergencia carcelaria, el gobierno provincial anunció medidas paliativas: compra de tobilleras electrónicas, ampliación de la prisión domiciliaria y construcción de nuevas unidades de contención. Pero estas medidas no atacan la raíz del problema: la falta de políticas de inclusión social, la ineficacia del sistema judicial y la ausencia de una estrategia integral para abordar la delincuencia.
Las tobilleras electrónicas son una solución costosa que no siempre garantiza la seguridad. La prisión domiciliaria puede ser una alternativa para ciertos casos, pero requiere un seguimiento exhaustivo para evitar la reincidencia. La construcción de nuevas unidades de contención simplemente traslada el hacinamiento a un nuevo espacio, sin abordar las causas que lo originan.
“Todos los días tenemos amparos y yo llamo a la reflexión a los jueces y a los fiscales. ¿Qué hacemos? Tenemos una equis cantidad de plazas penitenciarias y estamos trabajando en todo el país con más detenciones. Es un problema la cárcel pero más problema es tener a los delincuentes afuera, yo les pido que se pongan de nuestro lado, del lado de los que estamos combatiendo el delito. Yo no tengo dudas: yo los prefiero adentro y no afuera de las cárceles”
Estas declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reflejan una visión punitivista que ignora la complejidad del problema. Meter a más gente en la cárcel no es la solución. Es necesario invertir en educación, salud, trabajo y oportunidades para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Solo así podremos construir una sociedad más justa y segura para todos.
Una reforma integral: la única salida
La crisis carcelaria en Córdoba no es un problema nuevo, pero la falta de soluciones concretas y la opacidad en la gestión de los recursos generan indignación y frustración. Es hora de que el gobierno provincial escuche el clamor de los presos, de sus familiares y de las organizaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos humanos.
Es necesario implementar una reforma integral del sistema penitenciario, que incluya la construcción de nuevas cárceles, la mejora de las condiciones de vida de los presos, la capacitación del personal y la implementación de programas de reinserción social. Pero, sobre todo, es fundamental cambiar la lógica punitivista que alimenta el hacinamiento y la violencia en las cárceles.
El CEMAX puede ser un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Es necesario que este proyecto se complemente con otras medidas que aborden la raíz del problema y garanticen el respeto de los derechos humanos en las cárceles. De lo contrario, estaremos ante un mero maquillaje que no solucionará la crisis carcelaria, sino que simplemente la trasladará a un nuevo edificio.
Desde esta tribuna, instamos a las autoridades a escuchar las voces de aquellos que sufren el encierro y a trabajar en conjunto con la sociedad civil para construir un sistema penitenciario más justo, humano y eficaz. Porque la seguridad no se construye con muros y alambres de púas, sino con políticas públicas que promuevan la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos humanos.
