La Legislatura de Córdoba aprobó el Presupuesto 2025, generando una fuerte controversia por el nivel de endeudamiento proyectado y las críticas de la oposición. El proyecto, enviado por el gobernador Martín Llaryora, fue sancionado con el apoyo clave de la UCR, junto a legisladores del PRO, mientras que el juecismo se manifestó en contra.
Aprobación con matices: el rol de la UCR y el PRO
El apoyo de la UCR al presupuesto del PJ sorprendió a muchos analistas políticos. Tradicionalmente, ambos partidos se ubican en bandos opuestos, por lo que esta alianza estratégica plantea interrogantes sobre las negociaciones previas y las posibles concesiones mutuas. Algunos interpretan que el apoyo radical busca un mayor espacio de diálogo y consenso en futuras iniciativas gubernamentales. Se especula sobre la posibilidad de que la UCR haya obtenido algunas concesiones específicas a cambio de su apoyo, aunque oficialmente no se han dado a conocer detalles al respecto.
La adhesión de legisladores del PRO, aunque en menor número, completa el escenario de una aprobación legislativa que, aunque no unánime, muestra la habilidad del oficialismo para tejer acuerdos con sectores de la oposición. Esta estrategia contrarresta las críticas de una supuesta falta de diálogo y colaboración.
La deuda, eje central de la polémica
El presupuesto proyecta un incremento significativo en la deuda provincial, un punto que ha generado el rechazo más enérgico de la oposición. El legislador Walter Nostrala, del Frente Cívico, denunció que el gobernador Llaryora pretende contraer una deuda por más de 3.800 millones de dólares, un aumento del 170% con respecto al año en curso. Esta cifra preocupa a muchos, al colocar a la provincia de Córdoba entre las entidades más endeudadas del país.
Nostrala y otros legisladores de la oposición argumentan que esta escalada de deuda pondría en riesgo la estabilidad económica de la provincia a largo plazo, atentando contra la capacidad de inversión en áreas cruciales como salud, educación y seguridad. Señalan que una carga de deuda tan significativa compromete la posibilidad de emprender políticas de inversión estratégica y desarrollo sostenido.
La falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos es otro punto de discrepancia que la oposición ha planteado. El anuncio de que la deuda se utilizaría para fines tales como el desarrollo de infraestructura o para la creación de empleos es interpretado por el juecismo como un intento de tapar la ausencia de políticas públicas claras.
Críticas a la gestión gubernamental
Más allá del tema de la deuda, la oposición ha dirigido críticas a la estructura y al funcionamiento del gobierno de Llaryora. Nostrala denunció la existencia de “14 ministerios, más 10 agencias que son ministerios encubiertos”, cuestionando la eficiencia y la rendición de cuentas de la administración provincial. Además, el juecismo criticó los gastos considerados “indiscriminados en viajes y pautas millonarias”, generando sospechas de falta de rigor en el manejo de fondos públicos.
Nostrala fue contundente al declarar que el presupuesto “no prioriza la salud, la educación ni la seguridad”, calificándolo como un “programa populista y lo más parecido al kirchnerismo que puede haber”. Estas fuertes declaraciones reflejan la intensidad del debate político y las diferencias ideológicas entre el oficialismo y la oposición.
La oposición denuncia una falta de ajuste real en el presupuesto, previendo un aumento de impuestos un 50% superior a la inflación proyectada. Estos datos alimentan las acusaciones de falta de responsabilidad fiscal y preocupan al sector privado, que ve en este panorama un posible freno al desarrollo económico de la provincia.
Perspectivas futuras: desafíos y debates
La aprobación del Presupuesto 2025 en Córdoba marca el inicio de un año con desafíos significativos. El gobierno deberá justificar la estrategia de endeudamiento y demostrar que estos fondos se destinarán efectivamente a la inversión en obras públicas y políticas sociales. Por otro lado, deberá enfrentar los cuestionamientos sobre la eficiencia de la administración pública y la transparencia en el manejo de los fondos.
La oposición, por su parte, tendrá que definir estrategias para contrarrestar el poder del oficialismo y construir consensos para políticas públicas alternativas. La gestión de la deuda y la transparencia del gasto público serán sin dudas los temas que marcarán el debate político durante el próximo año.
El futuro económico de Córdoba dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para gestionar eficientemente los recursos disponibles, demostrar su compromiso con la transparencia y generar un clima de confianza que permita atraer inversiones y estimular el crecimiento.