El Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) han lanzado una medida conjunta que promete sacudir el sistema financiero argentino. A partir del 16 de diciembre, los contribuyentes considerados “no confiables” por ARCA verán restringido su acceso a servicios de pago electrónico, incluyendo tarjetas de débito y crédito, así como transferencias bancarias. Esta medida, según las autoridades, busca combatir la evasión fiscal y las irregularidades tributarias, pero ha generado un fuerte debate sobre sus alcances y posibles consecuencias.
El nudo de la cuestión: ¿Quiénes son los “contribuyentes no confiables”?
La Comunicación “A” 8144/2024 del BCRA establece que las entidades financieras y las empresas procesadoras de pagos deberán consultar, al menos semanalmente, la “Base de Contribuyentes No Confiables” de ARCA. Aquellos contribuyentes que figuren en esta base verán bloqueado su acceso a los servicios de pago mencionados. Según fuentes del BCRA, esta base de datos incluye entre 20.000 y 30.000 empresas o personas con CUIT inhabilitado por “incumplimientos severos”. Sin embargo, la vaguedad de este término genera incertidumbre y preocupación en el sector empresarial.
El organismo que conduce Santiago Bausili ha aclarado que se trata de casos de “CUIT truchos” o “facturas truchas”, asegurando que no se incluirá a cualquier contribuyente por infracciones menores. No obstante, la falta de una definición precisa sobre qué constituye una “infracción severa” abre la puerta a interpretaciones subjetivas y a un posible uso discrecional de la medida.
Voces de alerta desde el ámbito tributario
Expertos en derecho tributario han expresado su preocupación por la nueva normativa. Diego Fraga, por ejemplo, advierte sobre la posibilidad de que la medida se preste a la discrecionalidad: “Si un empleado de ARCA aprieta el botón y te manda a la base [de contribuyentes no confiables], no solo no vas a poder facturar, tampoco te van a dejar cobrar mediante tarjetas”. Esta afirmación pone de manifiesto el temor a que la medida se utilice como una herramienta de presión o incluso de persecución a contribuyentes, sin un debido proceso.
En la misma línea, el contador Mariano Ghirardotti cuestiona el alcance de la medida: “¿Cuál es el alcance de ‘no confiable’? ¿Por no presentar tres declaraciones juradas de un impuesto te castigan anulando tu cobranza bancaria? O es una persona con problemas de domicilio, inspecciones sin contestar, con evasión probada?”. Ghirardotti plantea la necesidad de establecer criterios objetivos y transparentes para determinar qué constituye un “contribuyente no confiable”, evitando así posibles injusticias.
El impacto en la economía real
Más allá del debate legal, la medida del BCRA y ARCA tendrá un impacto significativo en la economía real. La restricción al acceso a medios de pago electrónicos afectará la operatoria diaria de miles de comercios, empresas y profesionales, limitando su capacidad para realizar transacciones y generando dificultades para el normal desarrollo de sus actividades.
En un contexto económico ya de por sí complejo, esta medida podría agravar la situación de muchas empresas, especialmente de las PyMEs, que dependen en gran medida de las tarjetas de crédito y débito para sus ventas. La imposibilidad de cobrar con estos medios podría llevar a una reducción en la facturación, a la acumulación de deudas y, en casos extremos, al cierre de negocios.
Asimismo, la medida podría generar un efecto dominó en toda la cadena de pagos, afectando a proveedores, empleados y consumidores. Si un comercio no puede cobrar con tarjeta, sus proveedores podrían verse obligados a restringir el crédito, lo que a su vez impactaría en la producción y el abastecimiento. Los empleados, por su parte, podrían sufrir demoras en el pago de salarios, y los consumidores podrían verse obligados a recurrir al efectivo, lo que implica mayores riesgos de seguridad e inconvenientes.
Un camino entre la eficiencia y la justicia
La lucha contra la evasión fiscal es un objetivo legítimo del Estado. Sin embargo, las medidas para combatirla deben ser implementadas con criterios claros, transparentes y justos, garantizando el debido proceso y evitando afectar la actividad económica de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. La nueva normativa del BCRA y ARCA, si bien busca un fin loable, genera dudas e incertidumbres que deben ser atendidas para evitar consecuencias negativas.
Es fundamental que las autoridades definan con precisión qué constituye un “contribuyente no confiable”, establezcan mecanismos de apelación para aquellos que consideren injusta su inclusión en la base de datos, y brinden un plazo razonable para que los contribuyentes regularicen su situación antes de aplicar las restricciones. Solo así se podrá garantizar que la medida sea efectiva en su objetivo de combatir la evasión, sin perjudicar a los contribuyentes honestos.
El debate recién comienza, y su resolución marcará un precedente importante en la relación entre el Estado y los contribuyentes. La transparencia, la justicia y el respeto por los derechos de todos los actores involucrados deben ser los pilares de cualquier política fiscal que aspire a ser efectiva y sostenible en el tiempo.
