La empresa estatal Dioxitek, encargada del suministro de dióxido de uranio para las centrales nucleares argentinas, se encuentra en el centro de una controversia por un posible conflicto de intereses que involucra a su vicepresidente, Ernesto Kirchuk. Según una investigación de EconoJournal, Kirchuk habría facturado servicios a la compañía por un monto tres veces superior a su salario, luego de renunciar a su compensación como director. Este hecho ha generado interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión de la empresa.
Facturación millonaria por servicios profesionales
De acuerdo con la información revelada, Kirchuk, quien también es empleado de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), presentó dos facturas a Dioxitek por un total de $7 millones en concepto de “locación de servicios”. Estas facturas corresponden a los meses de octubre y noviembre, y representan el primer registro de actividad económica de Kirchuk como monotributista, lo que sugiere que se dio de alta en AFIP con el único fin de facturarle a Dioxitek.
El servicio prestado por Kirchuk consistió en un análisis sobre la viabilidad de un proyecto de enriquecimiento de uranio por láser. Sin embargo, fuentes del sector nuclear consultadas por EconoJournal expresaron su sorpresa, ya que la CNEA ya realiza este tipo de investigaciones. “La CNEA estudia la separación isotópica por láser. Se podría haber hecho un análisis de esos resultados sin tener que pagar por ello”, remarcó una de las fuentes.
La situación se agrava por el hecho de que Kirchuk, como miembro del directorio de Dioxitek, percibía un salario mensual de $1.1 millones, al cual renunció para luego cobrar $7 millones por servicios profesionales en tan solo dos meses. “Nunca escuché algo igual. No es algo normal. Ahí hay una incompatibilidad manifiesta”, señalaron otras fuentes del sector nuclear.
Justificaciones y omisiones de Dioxitek
Ante las consultas de EconoJournal, Dioxitek respondió que las contrataciones “no se realizan por actos administrativos” al tratarse de una sociedad anónima y que se siguieron los “mecanismos de compra vigentes en la compañía”. Sin embargo, evitaron especificar cuál fue el procedimiento utilizado para la contratación de Kirchuk y quién autorizó el pago de las facturas.
La empresa también argumentó que Kirchuk renunció a su salario como director durante la duración del proyecto, que finalizó el 30 de noviembre. No obstante, esta explicación no aclara por qué se contrató a un empleado de la CNEA, que ya cobra un sueldo del Estado, para realizar una tarea que la propia CNEA ya estaba llevando a cabo, ni justifica el monto exorbitante de la facturación.
Otros casos similares y la designación de Kirchuk
La investigación también reveló que Kirchuk no fue el único empleado de la CNEA en facturar servicios a Dioxitek. Martín Suárez Gazzero y Julieta Laura Sayán también cobraron sumas millonarias por “servicios profesionales” y “honorarios profesionales”, respectivamente. Suárez Gazzero, además, es miembro del directorio de Veng, una empresa subsidiaria de la CONAE.
La designación de Kirchuk como vicepresidente de Dioxitek se produjo en septiembre, junto con la asunción de Alberto Lamagna como presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Ambos nombramientos fueron impulsados por Santiago Caputo, asesor presidencial, quien también designó a jóvenes libertarios sin experiencia en el sector nuclear como directores de NA-SA.
opacidad y posibles irregularidades en Dioxitek
El caso de Ernesto Kirchuk y las facturaciones millonarias en Dioxitek plantean serias dudas sobre la gestión de la empresa estatal y la posible existencia de conflictos de intereses e irregularidades. La falta de transparencia en las contrataciones, la duplicación de funciones con la CNEA y los montos abonados a empleados estatales generan un manto de sospecha que requiere una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Es fundamental garantizar la correcta administración de los recursos públicos y la ética en el funcionamiento de las empresas estatales, especialmente en un sector estratégico como el nuclear.
La opacidad en la información y la falta de respuestas claras por parte de Dioxitek solo contribuyen a alimentar las sospechas. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre el manejo de los fondos públicos y a exigir que se tomen medidas para prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción o incompatibilidad de funciones en las empresas estatales.
