La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de tres individuos acusados de formar una organización dedicada a la explotación fraudulenta de juegos de azar y al lavado de activos. Este caso es especialmente relevante por el decomiso de criptoactivos, una medida sin precedentes en Argentina, que presuntamente sirvieron para legitimar ganancias ilícitas.
Los Acusados y la Estructura de la Organización
La organización criminal estaría liderada por el comerciante Fabián Di Julio, con la participación de miembros de su familia y un empleado de la Aduana, Gabriel Beain. La fiscalía sostiene que la organización operaba de manera coordinada y sistemática, generando ganancias considerables.
Las actividades ilícitas incluyen el contrabando de teléfonos de alta gama y otros dispositivos electrónicos, violando el Código Aduanero. A esto se suma la explotación de juegos de azar online sin autorización, delito considerado como precursor del lavado de activos.
Las Decisiones Judiciales
Los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez confirmaron el procesamiento de tres acusados por asociación ilícita. Uno de ellos también fue procesado por administración ilegal de juegos de azar y lavado de activos; otro por intervención en juegos online clandestinos; y el tercero, por lavado de activos.
La confirmación del procesamiento se basa en pruebas que vinculan a los acusados con operaciones financieras significativas en criptoactivos, principalmente a través de Binance, que no se justifican con sus actividades lícitas. Se argumenta que el uso de criptomonedas buscaba precisamente el anonimato y la opacidad de las operaciones financieras, dificultando la trazabilidad del dinero.
Otros Acusados y el Liderazgo Prófugo
Por otro lado, la cámara resolvió la falta de mérito para otros cuatro acusados, originalmente procesados por asociación ilícita. Se ordenó profundizar la investigación en estos casos. Dos fueron liberados, pero un empleado de la Aduana permanece detenido por un cargo adicional de cohecho. El presunto cabecilla de la organización, Di Julio, permaneció prófugo con orden de captura internacional, pero luego se entregó y su situación judicial aún no ha sido revisada por la cámara.
En relación al presunto cabecilla, el juez Inchausti ya había dispuesto el decomiso anticipado de 28.589,26 USDT (dólares estadounidenses en forma de stablecoin) en una cuenta de exchange para asegurar la eventual reparación patrimonial.
La Investigación y la Colaboración Interinstitucional
La investigación comenzó en septiembre de 2023 tras una denuncia anónima que detallaba el contrabando de celulares de alta gama y la actividad de casinos online ilegales. La Fiscalía General, con la colaboración de la PROCELAC y la UFECI, recopiló pruebas que respaldan las acusaciones.
La UFECI fue crucial en el congelamiento de la cuenta de Binance del principal acusado, lo cual demuestra la importancia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra delitos complejos que involucran tecnologías financieras innovadoras. La investigación involucró medidas como intervenciones telefónicas, que las defensas han intentado declarar nulas.
Implicaciones y Preguntas Abiertas
Este caso sienta un precedente en Argentina respecto del uso de criptomonedas en el lavado de activos. Abre la puerta a una necesaria adaptación del sistema judicial para el seguimiento y control de las transacciones en criptomonedas. La confirmación de estos procesamientos destaca la complejidad de las operaciones criminales y la necesidad de la colaboración interinstitucional para desmantelar este tipo de redes.
La situación del líder de la organización, aún pendiente de resolución, junto con las apelaciones de las defensas, mantendrán este caso en la agenda judicial y pública por un tiempo considerable. La eficacia del decomiso de activos en criptomonedas y la efectividad de las medidas legales para combatir el lavado de activos a través de este mecanismo serán factores clave en la resolución final.
La confirmación de los procesamientos por contrabando, casinos online y lavado de activos con criptomonedas en Argentina marca un paso importante en la lucha contra este tipo de delitos. Las investigaciones futuras deberán profundizar en la manera de identificar, rastrear y decomisar activos digitales asociados a actividades ilegales, reforzando la cooperación interagencial y la adaptación de la legislación a las nuevas tecnologías.
