La Cámara del Crimen de Villa María dictó sentencia condenatoria contra Carlina Leonor Sosa (47) y Wanda Celeste Romero (20), madre e hija respectivamente, por delitos relacionados con la venta de drogas en los barrios Nicolás Avellaneda y San Nicolás de dicha ciudad. El fallo judicial cierra un capítulo en un caso que comenzó en agosto de 2023 con el allanamiento de la vivienda familiar y el posterior desbaratamiento de un punto de venta de estupefacientes.
Las condenas y sus implicancias
Tras un juicio oral y público, Carlina Sosa fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por “comercialización de estupefacientes”. Su hija, Wanda Romero, recibió una pena de tres años y seis meses de prisión domiciliaria por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. La diferencia en las sentencias radica en la imputación de cada una y en la condición de madre de niños pequeños de Romero, lo que le permite cumplir la condena en su domicilio.
Ambas mujeres deberán abonar una multa de 1.102.500 pesos. La jueza Edith Lezama, quien presidió el tribunal, declaró inconstitucional la escala penal prevista en el artículo 5, inciso “c”, de la Ley 23.737, modificando el rango de la pena de cuatro a 15 años de prisión a tres a 10 años.
El operativo que destapó la red familiar
El caso se remonta a agosto de 2023, cuando la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un allanamiento en la vivienda ubicada en calle Intendente Seydell, en barrio Nicolás Avellaneda. Durante el operativo, se incautaron 135 dosis de cocaína, 44 de marihuana, una balanza digital, dinero en efectivo (118.500 pesos y 262.000 guaraníes), un teléfono celular y otros elementos que evidenciaban la actividad de narcomenudeo.
Las evidencias recolectadas durante el allanamiento, incluyendo los envoltorios de nailon con cocaína y marihuana, algunos termosellados, fueron cruciales para la posterior condena de Sosa y Romero. La acusación sostenía que Sosa se dedicaba a la venta de drogas en la vivienda familiar entre el 13 de julio y el 2 de agosto de 2023.
Perfiles de las condenadas
Carlina Sosa, de 47 años, es ama de casa, oriunda de Villa María y sin antecedentes penales previos. No se registra consumo de drogas por parte de la acusada. Por su parte, Wanda Romero, de 20 años, también nacida en Villa María, trabajaba como bachera en un local gastronómico al momento de su detención. Romero admitió ser consumidora de marihuana y tampoco posee antecedentes penales.
El debate sobre la prisión domiciliaria
La prisión domiciliaria otorgada a Wanda Romero, madre de niños pequeños, reabre el debate sobre la pertinencia de esta medida en casos de narcomenudeo. Si bien la ley contempla la posibilidad de la prisión domiciliaria para madres con hijos menores de cinco años, existen diferentes posturas respecto a su aplicación en delitos relacionados con el narcotráfico. Algunos argumentan que esta medida protege el derecho de los niños a estar con su madre, mientras que otros sostienen que podría facilitar la continuidad de la actividad ilícita desde el domicilio.
En este caso particular, la jueza consideró que la prisión domiciliaria era la medida más adecuada para Wanda Romero, teniendo en cuenta su condición de madre y la necesidad de garantizar el cuidado de sus hijos. Sin embargo, la decisión judicial no está exenta de controversia y seguramente generará debate en la opinión pública.
Repercusiones en la comunidad
La condena a madre e hija por narcomenudeo en Villa María ha generado conmoción en la comunidad local. Vecinos de los barrios Nicolás Avellaneda y San Nicolás expresaron su preocupación por la presencia del narcotráfico en la zona y la necesidad de intensificar las medidas de seguridad. El caso ha reavivado el debate sobre la lucha contra el narcotráfico en las ciudades del interior del país y la importancia de abordar este problema desde una perspectiva integral que incluya la prevención, la represión y la rehabilitación.
Organizaciones sociales y comunitarias han manifestado su preocupación por el impacto del narcotráfico en la juventud y la necesidad de implementar políticas públicas que brinden oportunidades de desarrollo y alejen a los jóvenes de las redes de narcomenudeo. Asimismo, se ha destacado la importancia de fortalecer el sistema judicial y las fuerzas de seguridad para combatir este flagelo de manera efectiva.
